El gobierno salvadoreño prolongó, hasta el 31 de diciembre del próximo año, el uso de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en tareas de seguridad pública desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC), segun decreto ejecutivo aprobado, el 12 de diciembre , y vigente desde e 20 de diciembre anterior.
Se argumenta que hay resultados positivos en el Plan Control Territorial, por lo que es “recomendable y necesaria la continuidad de la participación de la Fuerza Armada en su implementación y sostenibilidad”.
Régimen de excepción
Actualmente, los militares apoyan planes relacionados con el régimen de excepción, vigente desde el pasado 27 de marzo, luego de una matanza provocada supuestamente por las pandillas criminales como presión al gobierno.
El régimen permite la suspensión de tres derechos constitucionales en El Salvador: privacidad de las telecomunicaciones, periodo máximo de detención de 72 horas y derecho a ser informado de derechos y razones de detención, así como garantía de asistencia de defensor.
Las Disposiciones especiales transitorias para la participación de la Fuerza Armada en operaciones de mantenimiento de la paz interna aprobadas desde el 25 de noviembre de 2019 se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2023, según plasma la reforma.
Estas disposiciones permiten a la FAES participar con la Policía en patrullajes conjuntos de prevención, disuasión y detención de miembros de estructuras del crimen organizado y delincuencia común en todo el territorio nacional.
También, les permite resguardar la frontera nacional, reforzar la seguridad perimetral externa de centros penitenciarios, intermedios y de menores, y colaborar en la custodia y seguridad de los mismos; y en el control de ingresos y egresos de estos centros penitenciarios, así como de la protección perimetral de los centros educativos.
El decreto fue firmado por el presidente Nayib Bukele; el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el ministro de Defensa, vicealmirante René Merino.