​Las OPV de Uruguay, ejemplo magistral de cómo no gestionar una compra pública

Más de un año ha pasado desde que se tomó la controvertida decisión de Uruguay de adjudicar la construcción de dos buques OPV a Cardama, un astillero que ya se perfilaba como una elección dudosa desde el primer momento. Sin embargo, la situación ha tomado un giro aún más insólito y preocupante. Al día de hoy, Cardama no ha sido capaz de presentar las garantías financieras, por solamente 4 millones de dólares, necesarias para activar el contrato, sumiendo a la Armada uruguaya en una situación cada vez más comprometida. 

Es alarmante que se eligiera a un astillero bajo el pretexto de su capacidad para entregar los buques rápidamente y, sin embargo, no solo se retrasa la construcción, sino que se perpetúa una incertidumbre financiera que debería haber sido resuelta antes de adjudicar un contrato de tal magnitud. La situación no podría ser más irónica: se prometió rapidez, pero el retraso es inevitable. Es esperpéntico que el astillero, elegido por su supuesta agilidad, no pueda ni siquiera cumplir con los requisitos financieros básicos.

Un fracaso que no se recuperará rápidamente

Este fracaso no solo significa un retraso de al menos otro año en la entrega, sino que, según los términos del contrato, el costo adicional debido a la inflación recae sobre Uruguay. Increíblemente, el cliente, que debería ser protegido, termina siendo el principal perjudicado, pagando más por un buque que llegará mucho más tarde de lo prometido. Esto debería ser motivo de escándalo en cualquier país con un mínimo de exigencia en la gestión de recursos públicos.

El gobierno de Uruguay se avala a sí mismo

Pero la situación va aún más allá del simple retraso. Lo verdaderamente alarmante es que Cardama no ha logrado asegurar las garantías necesarias porque ninguna entidad financiera respetable está dispuesta a respaldarlos. La solución que han propuesto, que raya en lo inaudito, es depositar el dinero en efectivo en una cuenta, lo que en esencia significa que el astillero pedirá un préstamo que se pagará con el mismo dinero que el gobierno uruguayo les proporcione. 

Es decir, el cliente — el Estado uruguayo — se avalará a sí mismo, una maniobra que desafía cualquier lógica financiera y contractual sensata. Este tipo de operaciones, que bordean el absurdo, solo aumentan las sospechas de las sombras que están en el corazón de este “escándalo” en el cual la Armada Uruguaya se ha hundido. Todo esto pinta un cuadro sombrío y difícil de explicar sin pensar algo turbio. ¿Cómo es posible que un astillero sin experiencia en el rubro específico, sin respaldo financiero, y que ya está retrasado un año en un proyecto que ni siquiera ha comenzado, siga siendo el elegido? Es inevitable preguntarse si este proceso no ha sido deliberadamente diseñado para beneficiar a intereses ajenos, más que para servir a los mejores intereses de la defensa nacional uruguaya. Las alarmas sonaban el año pasado y continúan sonando, pero parece que pocos están dispuestos a escucharlas.

Una compra que manifiesta sombras y fuertes opacidades

Como ya escribí hace un año en la serie de artículos en Infodefensa.com (https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4488966/culebron-opvs-acaba-empezar https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4408460/opv-uruguay-sombras-siguen-despejarse https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4382899/profundas-sombras-licitacion-opv-armada-uruguay) el tiempo siempre termina poniendo a cada uno en su sitio, un contrato diseñado de tal manera que protege más al proveedor que al cliente, y un retraso flagrante sin penalización alguna, sólo refuerzan las sospechas de la poca opacidad, si así queremos llamarla. Es un ejemplo de manual de cómo no gestionar una compra pública de esta magnitud.