Autoridad de diseño vs integrador en la industria de defensa española

Cualquier ingeniero de sistemas sabe que el demonio camina entre los detalles y, especialmente, en los interfaces. Estos últimos son el quebradero de cabeza del integrador, quien debe construir un sistema complejo formado a partir de múltiples subsistemas, conjuntos y elementos que pueden contar, cada uno de ellos, con una autoridad de diseño diferente, es decir, un dueño de la solución tecnológica particular de cada parte incorporada. La cuestión es: parámetros como la calidad, la fiabilidad, la mantenibilidad, el coste del ciclo de vida y la disponibilidad de un sistema militar son proporcionales a la calidad, fiabilidad, etc., del componente de peor comportamiento, lo que afecta a garantías, imagen corporativa del integrador (no del suministrador parcial) y al sistema en su conjunto.

La experiencia de integrar ciertos subsistemas ha demostrado ser un auténtico quebradero de cabeza, desde el armamento principal a equipos de comunicaciones, sistemas de información para el mando y control o simuladores. En los desarrollos, los conflictos e interferencias son el pan nuestro de cada día: dado que muchas plataformas militares constituyen por sí mismas un sistema de sistemas, el dominio de las metodologías de la dirección de proyectos y la ingeniería de sistemas deberían ser exigibles a todos los participantes, tanto en el lado de la administración (órgano de contratación, responsables del ciclo de vida y usuarios), como del proveedor.

En la industria militar la definición de interfaces es la tarea crítica de la ingeniería pues, por ejemplo, una vez se dispone de la masa oscilante de un carro de combate o un mortero embarcado, lo complicado es adaptarlo a la plataforma, sus sensores y sistemas de información y comunicaciones teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones de espacio y ergonómicas (en los sistemas tripulados). Los ingenieros conocemos muy bien la dificultad de tratar las interferencias físicas o lógicas entre las partes de un sistema y transmitirlas a la cadena logística y a los usuarios, que deben hacerse cargo del sistema conociendo su funcionamiento y los límites operativos de todos y cada uno de sus elementos.

Tal vez el concepto dotación de quilla implantado en nuestra gloriosa Armada desde hace siglos sea una excelente aproximación al éxito de las fases de desarrollo, verificación y validación de los sistemas militares. Con ello, los ingenieros de desarrollo e integración cuentan con el usuario desde el minuto cero del diseño y ejecución y pueden reducir el número de inconsistencias y errores de los proyectos. De lo contrario, fabricaremos productos hechos por ingenieros para ingenieros.

En la industria militar española se da la circunstancia de que las series son relativamente pequeñas y, cuando no lo son, como es el caso de VCR 8x8 dragón, el número de versiones hace que se tenga que tratar cada lote de manera diferenciada, como si de proyectos diferentes se tratara. Aunque queramos unificar pequeños lotes a partir de la estandarización, las necesidades operativas obligan a adaptar los productos: así, tenemos en servicio obuses de 105 mm con dos longitudes de tubo, de 155 mm con dos volúmenes de recámara diferentes, armas automáticas de vehículos de combate de 30 mm para los VCI (Mauser o Bushmaster), de 25 mm para los VEC y 27 mm para el Eurofighter, cañones de tiro tenso distintos para los Leopard/Leopardo y Centauro, o de 5” diferenciados entre las F105 y F110. Ni siquiera un diseño modular, tan habitual en otros sectores industriales, nos ayudaría a mejorar la situación.

Otra cuestión son los nuevos desarrollos internacionales: hasta ahora los francotiradores usaban la munición de 7,62x51, 12,7x99 (.50 BMG) o 20 mm —también los calibres rusos 12,7x108 o 14,5x114— y las unidades de combate el mismo 7,62, 12,70 o 5,56 x 45 en sus distintas versiones (trazador, perforante…). Pero hete aquí que el ejército americano está adoptando el calibre 6,8x51 mm y el .338 (8,58 mm) como nueva munición (¿OTAN?) y ya se está trabajando en proyectiles que permitirán alcances eficaces de 3 km para los fusiles de precisión, lo que implica cambios sustanciales en las líneas de producción actuales… y es que el problema de las municiones de pequeño calibre no es su fabricación, sino lograr un coste de producción competitivo, algo que sólo se consigue con cadenas de fabricación muy bien equilibradas y un volumen de pedidos estable que permita rentabilizar las enormes inversiones necesarias, lo que exige pensar en el mercado global; no están el cobre y el latón en sus precios más bajos, precisamente.

Los conflictos de Ucrania, Gaza y Sahel han hecho que sea misión imposible encontrar pólvoras de base nitrocelulósica en el mercado internacional. Los países con capacidad de nitrar celulosa mantienen para sí sus capacidades de producción, mientras que la industria que no dispone de esa capacidad se está viendo obligada a parar sus líneas de fabricación a la espera de tiempos mejores. Lo mismo ocurre con muchos de los componentes que se incorporan a los sistemas de armas en operación, sean electrónicos, mecánicos o explosivos. Hay una escasez palpable de elementos críticos, desde aceros de blindaje o microprocesadores a municiones convencionales, cohete o misil. Europa ha vaciado sus polvorines y reservas y se ha dado cuenta de que, si la situación se prolonga, su capacidad militar puede quedar en evidencia.

Muchos de los componentes que monta la gran industria militar proceden de pequeñas empresas especializadas. A veces la autoridad de diseño es el propio integrador, por lo que el suministrador actúa como subcontratista al producir con las especificaciones del comprador. En otras ocasiones, el suministrador fabrica con sus propias especificaciones, por lo que se convierte en proveedor. Para las pequeña industria, lo ideal es actuar como proveedor y no como subcontratista, pues ello le permitirá mantener como propia la autoridad de diseño y le facilitará evolucionar e innovar sobre los productos de su catálogo. De lo contrario, si trabaja como subcontratista, tendrá vetada la introducción de mejoras en el producto al depender su diseño del cliente integrador.

El Ministerio de Defensa británico marcó en su día el objetivo de que un mínimo del 80 % de los componentes de los sistemas que adquiere fuesen de procedencia nacional. España lo ha fijado en el 70 %. Pero ¿cómo se mide el porcentaje de elementos nacionales? ¿en peso? ¿en cantidad? ¿en valor económico? Si es en peso, con fabricar la barcaza de un carro en España ya tenemos cubierto el objetivo, aunque el acero sea francés o sueco. Si en cantidad, deberíamos fabricar eslabones de cadena, zapatas y tornillos. Si en valor económico, tenemos un problema, pues las comunicaciones y el armamento son lo más caro… y casi ninguno es de fabricación nacional. El objetivo de contenido nacional en los nuevos sistemas militares es muy difícil de alcanzar; tal vez por ello no se verifica antes de aceptar nuevo equipamiento.

¿Quién se lleva los beneficios dado que el 75 % de la industria militar española está en manos extranjeras? En principio, son empresas que pagan sus impuestos en España y sus trabajadores cotizan en territorio nacional; crean y mantienen puestos de trabajo cualificado, estable y bien remunerado y permiten mantener un tejido industrial de proveedores y subcontratistas. Pero el beneficio después de impuestos, ¿viaja fuera de nuestras fronteras o se reinvierte en España? Debemos tener en cuenta que el 85 % del mercado nacional recae en siete grandes empresas y de ellas sólo Indra y Navantia tienen capital español; GDELS-SBS, Airbus, Rheinmetall, FMG y Nammo son harina de otro costal.

Cuando el porcentaje de componentes foráneos es muy elevado, como los misiles, los cañones o el sistema de combate de una fragata, se hace muy difícil alcanzar un nivel de equipamiento local satisfactorio. En el caso de un avión, como el A400M, cuya autoridad de diseño es una multinacional, la cosa se complica enormemente, pues a menudo los clientes externos al consorcio fijan parte de los equipos que deben incorporar sus pedidos para nacionalizarlos. En estos casos, es muy difícil determinar con precisión la participación real de la industria española. Lo mismo ocurre en los satélites artificiales, sean de defensa o no y otros muchos sistemas.

La solución que inició el programa AMX30 permitió adquirir capacidades industriales nuevas en España y facilitó el retorno industrial del esfuerzo inversor. Los offsets o compensaciones industriales de aquel programa fueron capitales para modernizar parte de la industria española a lo que pronto se unieron construcciones navales (Príncipe de Asturias, fragatas…), aeronáuticas (C101, C212…), de fusiles (CETME), cohetes (Teruel, MC25, Instalaza) y de un blindado que hoy sigue en servicio: el BMR/VEC. Otras adquisiciones fueron una decepción, como el caso del Aníbal-Santana que hoy se trata de actualizar con base en un vehículo comercial chino (¡!). En la actualidad se han comprado misiles, aviones de entrenamiento, radios tácticas y otros sistemas sin que apenas se haya notado el retorno de la inversión en la industria nacional.

Según el Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), aunque España tiene cierta capacidad de fabricación en el sector de defensa, tan sólo Navantia figura entra las 100 mayores empresas del mundo. De hecho, desde que se inició la guerra de Ucrania, los países europeos han incrementado al doble sus importaciones de armamento, mientras que los Estados Unidos y Francia han mantenido sus exportaciones; en paralelo, las de la Federación Rusa han caído drásticamente debido al enorme autoconsumo que supone el esfuerzo bélico iniciado en 2022.

Y la pregunta clave es: al vender una empresa española a una extranjera ¿quién pasa a ser la autoridad de diseño de productos y procesos? Y otra más: algunas fábricas importantes trabajan sobre terrenos y propiedades del Ministerio de Defensa, como Murcia, Trubia, Granada o Palencia: ¿qué retorno recibe España por la cesión de esas instalaciones? Y una más: ¿está perfectamente custodiado el patrimonio cultural, artístico y arquitectónico militar depositado en esas instalaciones o tan solo está “inventariado” en Bibliodef y otras bases de datos?

Conclusión: la Estrategia Industrial de Defensa (EID) establece que hay que optimizar las inversiones a realizar en los programas de obtención de defensa. Para ello, la solicitud y seguimiento de planes industriales asociados a cada programa es un requisito incuestionable sobre todo en aquellos que involucran capacidades industriales estratégicas incluyendo el mayor número de empresas con un espíritu colaborativo y corresponsable.

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la EID es una labor de años. Esperemos que integradores y suministradores se vean fortalecidos por el correcto desarrollo de las políticas industriales marcadas por los Ministerios de Defensa e Industria. Disponer de mayores presupuestos o ampararse en la urgencia por recuperar, mejorar o adquirir nuevas capacidades no debe ser la excusa para obviar lo establecido en la EID.

La clave: esmerada atención a las Pymes —que actúan como verdaderos vectores innovadores en cualquier sector industrial—, reducción de las barreras de entrada al sector (relajación de la normativa aplicable), control de la participación nacional en cada programa de obtención y una correcta planificación financiera del ciclo de vida de los sistemas en operación… además del impulso a la exportación como garante de contar con volúmenes de producción que faciliten la competitividad y la inversión privada en I+D+i.

Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza.

Alfred Tennyson (1809-1892) Poeta inglés.