El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó al Congreso establecer el régimen de excepción por un repunte de homicidios, este pasado fin de semana. El Órgano Legislativo, con mayoría del partido de Bukele, aprobó la moción, en la madrugada del domingo, que el mandatario ratificó de inmediato para publicarla como ley en el Diario Oficial de ese mismo día.
Los derechos suspendidos provisionalmente incluyen la libre asociación, el derecho de defensa, la detención administrativa por 72 horas, antes de presentarse a juez, e inviolabilidad de la correspondencia, que en este caso abarcaría la intervención de las comunicaciones sin orden judicial.
Bukele aseguró que "las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuando sea necesario" y agregó que "para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal".
80 homicidios en 48hs
La ola de homicidios, que en 48 horas llegó a casi 80 y solo el sábado superó los 60, se atribuye, sobre todo, a las pandillas criminales por lo que Bukele requirió la suspensión de al menos cuatro garantías constitucionales, para según él facilitar el trabajo de los militares y policías en zonas de mayor incidencia criminal en el territorio salvadoreño.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra interna salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones presidenciales y parece que el Plan Control Territorial también vio frustrado su récord de efectividad que tanto ha venido presumiendo el gabinete de seguridad y defensa de Bukele.