(Infodefensa.com) N. Fernández, Madrid – El grupo parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a realizar una auditoría rigurosa de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) y a renegociar con la industria una rebaja de la factura.
En dicha Proposición el grupo pide al Gobierno que encargue “con carácter inmediato” una auditoría de los PEAs que se dará a conocer “públicamente en su integridad siguiendo políticas de transparencia y Gobierno abierto”.
UPyD indica que dicha auditoría tendrá que determinar, en un plazo máximo de seis meses, varios aspectos fundamentales, como la “utilidad real” de los 19 programas en relación con las amenazas y los riesgos existentes para la Defensa española, la cantidad total o parcial de los programas recepcionados y los que no lo han sido, la vigencia o denuncia de los distintos contratos con la industria, y el coste y plan de pagos de cada programa.
Asimismo, en la auditoría se tendrá que determinar los calendarios de devolución de los préstamos que el Ministerio de Industria concedió a las empresas fabricantes y los calendarios de entrega de cada programa, así como el calendario de imputación de déficit correspondiente.
El Grupo Parlamentario pide también en la Proposición no de Ley una renegociación con la industria “que rebaje la factura y la haga asumible para el Ministerio sin poner en riesgo la Defensa española, sin mermar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y sin aumentar el déficit público”.
Informe sobre los PEAs
La petición de la auditoría y la renegociación con la industria son dos de las tres medidas que UPyD propone en un informe presentado este martes en el que denuncia la situación de “colapso financiero” a la que ha llegado el Ministerio de Defensa como resultado principalmente del sobrecoste de los Programas Especiales de Armamento.
La tercera medida es la renuncia “con carácter inmediato e irrevocable” a la posibilidad de seguir pagando futuras facturas mediante créditos extraordinarios aprobados por reales decretos ley que el grupo califica de “inconstitucionales”.
“La Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes en caso de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ y en el caso de los PEAs no se dan esos condicionantes, puesto que el Ministerio conoce con antelación la situación presupuestaria y determina el calendario de pagos previsto para los próximos años”, señala a Infodefensa.com Irene Lozano, diputada de UPyD y autora del informe, elaborado con el asesoramiento del analista Bernardo Navazo.
La diputada añade que, actualmente, ni UPyP ni ningún otro grupo minoritario puede presentar un recurso de inconstitucionalidad porque no suman los 50 diputados mínimos necesarios para poder presentarlo. No obstante, indica que “la pérdida de mayoría absoluta prevista para las elecciones del año que viene significa que si 50 diputados del próximo parlamento acordaran recurrir ese decreto al Tribunal Constitucional, éste muy probablemente tiraría por tierra los pagos de estos años y trasladaría una enorme incertidumbre a la industria nacional e internacional”.