Mujer, paz y seguridad en el contexto nacional: a 20 años de la Resolución 1325

La seguridad es una condición que se busca alcanzar en favor de la consecución de los objetivos del Estado, los cuales apuntan al bienestar en general. En contextos de crisis, como el que actualmente estamos viviendo a raíz de la pandemia, el Estado no puede dejar de utilizar todos los medios que dispone para hacerle frente, siendo por supuesto la defensa uno de los elementos del poder nacional que contribuye al resguardo de la estabilidad por medio de la articulación de sus medios materiales, morales y sobre todo humanos. Siendo este último el factor clave, pues claramente la dimensión personal es la más relevante desde la óptica de la seguridad.

La Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre “Mujer, Paz y Seguridad”, sienta las bases de la agenda de género en el ámbito de la seguridad internacional, al reconocer la relevancia de la participación de la mujer no solamente como receptor de ayuda en caso de conflicto armado, sino que como protagonista en el proceso de construcción de la paz. Chile fue precursor a nivel regional, al implementar el primer Plan de Acción Nacional en la materia el año 2009, el cual fue actualizado el 2015. Esta segunda versión del Plan de Acción tuvo como consecuencia el establecimiento de Puntos Focales de Género en Haití y en la República Centroafricana, la creación del Observatorio Mujer, Paz y Seguridad en 2018, la conformación de Unidades de Género en la Subsecretaría de Defensa, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en el Estado Mayor Conjunto, entre otras iniciativas.

El Ejército de Chile ha hecho eco de estos lineamientos, primero con el ingreso de oficiales femeninas a la Academia Politécnica Militar el 2002, y la graduación de las primeras dos oficiales en el curso regular de Estado Mayor el 18 de diciembre de 2020, así como el fin de las restricciones de ingreso a mujeres en la totalidad de las especialidades y armas de combate, la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.001 que establece el nuevo escalafón del Servicio de Personal del Ejército, y el nombramiento de la Delegada de Género institucional. Más aún, al año 2017 las mujeres representaban el 14,9% del contingente institucional y se alcanzó un récord histórico de 1772 conscriptas voluntarias en el Servicio Militar.

Sin perjuicio de los valiosos avances en favor de la inclusión de la mujer y a dos décadas de la promulgación de la Resolución 1325, la realidad actual evidencia la necesidad de otorgar espacios al protagonismo femenino tanto en caso de los conflictos armados como en situaciones de crisis vinculadas a otras problemáticas a la seguridad que, debido a su carácter multidimensional, requieren respuestas integrales desarrolladas por y para mujeres, sobre todo en circunstancias en las que deben cumplir las funciones propias de su formación profesional en conjugación con las exigencias de la vida personal.

El proceso de transformación organizacional de incorporación del enfoque de género en la defensa, no solamente es valioso desde una perspectiva interna de concientización de la realidad de las militares chilenas en general y en el contexto de la pandemia en particular, sino que también representa un punto de unión para el fortalecimiento de las relaciones cívico-militares en nuestro país, que adquiere mayor relevancia de cara al proceso constituyente que viviremos en los próximos años y que se distingue por su carácter paritario.

Lo anterior, adquiere un cariz especial al considerar que la pandemia ha tenido un impacto desmedido en la vida de las mujeres. Así, como lo sostiene la Organización de Naciones Unidas, se ha agudizado la brecha de género a nivel mundial y, por supuesto, a nivel nacional. Es decir, las situaciones de crisis afectan de forma diferenciada a las mujeres en relación con los hombres dadas sus circunstancias personales y socioculturales, por lo tanto, es pertinente reflexionar respecto a las implicancias en la defensa nacional.

Cabe mencionar que la incorporación del enfoque de género se inicia con la apertura de espacios para las mujeres, pero también es el primer paso para una visión más amplia de la inclusión que debe ser considerada de cara al futuro. Con todo, es un hecho que las mujeres son las más afectadas en los momentos de crisis, pero también deben ser sujetos de acción y parte de la solución en los procesos de resguardo de la estabilidad, pues la profundización de la agenda de mujer, paz y seguridad a nivel internacional tiene una raíz local que debe hacer hincapié en el establecimiento de espacios inclusivos basados en la representatividad y en la visibilidad desde una perspectiva proactiva.

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