Colombia fortalece su lucha contra las criptomonedas para garantizar la Seguridad Nacional

Colombia fortalece su lucha en contra del uso de criptoactivos en actividades contra la Seguridad Nacional, ya que vienen siendo empleados por crimen organizado, entre otras cosas, para la adquisición de armamento o el lavado de ingresos ilegales. El Gobierno quiere poner freno así al creciente uso del mundo cíber para apoyar la violencia que sufre el país.

Las estimaciones del sector, según expuso en unas jornadas organizadas para hablar de este problema el director regional de Cellebrite para Latinoamérica, Óscar Rojas, en su ponencia sobre la cadena de la evidencia digital, apuntan a que más de 10.000 millones de dólares se lavan anualmente por medio de criptomonedas, principalmente en los más de 40 cajeros para la compra y venta de Bitcoins y otras monedas digitales, algunos de los cuales están ubicados en poblaciones como La Hormiga, Tibú, Tumaco, o ciudades como Buenaventura y Cúcuta, caracterizadas por una fuerte actividad criminal relacionada con el narcotráfico. 

Fuerte presencia gubernamental 

El evento fue organizado por la multinacional Master Card y su filial en el país, Ciphertrace, y versó sobre las herramientas necesarias para el seguimiento al uso de las criptomonedas y activos, el rol de la tecnología en la lucha contra el cibercrimen y la financiación del terrorismo, esto en medio de la cruenta lucha que libra Colombia en contra del narcotráfico y la violencia armada.

La jornada contó con la participación de altos mandos de la Policía Nacional (PNC), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF), así como Pamela Cleg, vicepresidenta de Master Card y jefe del departamento de investigaciones de Ciphertrace y Andrés Vanegas, CEO de la compañía DTM, experta en el manejo de ciberseguridad y procesamiento de la evidencia digital.

A través de una serie de presentaciones realizadas por expertos, se recalcó el desarrollo de nuevos procesos para que las agencias estatales afinen y actualicen sus procesos de investigación y puedan descifrar las transacciones en criptoactivos y su empleo en operaciones de lavados de activos por parte de organizaciones criminales.