¿Estamos ante otra "causa justa"

(Especial CEEAG para Infodefensa) El día miércoles 01 de abril 2020 recién pasado y en medio de la invasión de noticias de todo el orbe producto de la pandemia del COVID 19, el mandatario estadounidense Donald Trump, en su tradicional conferencia ante los medios acreditados en la Casa Blanca estaba secundado, no con sus asesores de salud como tradicionalmente lo ha hecho estos últimos días, sino, en una forma casi inesperada, se encontraba junto al secretario de Defensa, Mark Esper, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley (Reuter, 2020).

En efecto, estaba ahí, para dar el anuncio del inicio de una gran operación militar destinada acombatir el narcotráfico desde sus lugares de zarpe en el caribe latinoamericano hacia las costas de Estados Unidos, en momentos que los países se encuentran vulnerables1 y más desprotegidos en materia de seguridad y defensa producto de la situación del coronavirus.

Asimismo, se explicó que medios de inteligencia norteamericanos habían detectado grupos de narcotraficantes que se iban a aprovechar de esta situación de crisis para incrementar sus acciones, sindar mayores detalles (Bloomberg, 2020).

El factor Nicolás Maduro

Sin embargo, esta operación militar, de gran envergadura, no puede ser disociada de la figura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Cabe recordar que el día 26 de marzo de este año, tal como lo menciona el diario “The New York Times” (2020), la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, acusó a Maduro de participar en una organización ligada al tráfico de drogas, más particularmente el “Cartel de los Soles”.

Pero efectivamente de ¿qué se acusa a Maduro? Pues bien, según el Fiscal General de los Estados Unidos William P. Barr, los cargos impuestos son de “ingresar cientos de toneladas de cocaína dentro de los Estados Unidos”.

Según lo consigna la BBC News, esta organización, formada supuestamente por altos mandos militares venezolanos, habría llegado a un entendimiento con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para permitirles operar desde Venezuela y enviar desde allí toneladas de drogas hacia Estados Unidos (BBC, 2020).

Por ello, la misión oficial de esta operación es reducir la entrada de drogas ilegales en EE.UU., pero también, como se publica en noticias sobre América Latina en BBC (2020), según el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, el pasado 03 de abril, es “reducir el soporte financiero para el narcotráfico que provee al régimen corrupto de Maduro en Venezuela y a otros actores perniciosos de los fondos necesarios para realizar sus actividades malignas”.

¿Qué consecuencias puede tener la acusación? Por ahora muy pocas, es muy difícil que Maduro abandone el territorio venezolano y aún mantiene un férreo control de las Fuerzas Armadas por lo cual su seguridad dentro del territorio del país caribeño, está casi garantizada, en efecto, “sus viajes al exterior se han limitado mucho desde que Estados Unidos comenzó a imponer sanciones contra él y su círculo, lo que dificulta que las autoridades estadounidenses puedan capturarle, pese a la cuantiosa recompensa que ofrecen”.

Sin embargo, hay ciertos antecedentes que vale la pena considerar. El primero es que esta acción de Estados Unidos es una clara medida de presión al gobierno (no reconocido por Trump) de Nicolás Maduro. Gobierno, que ya es sabido, presenta altos índices de deslegitimidad y con un país al borde de la bancarrota. Cabe recordar que el día 16 de marzo el Fondo Monetario Internacional había rechazado la solicitud de Maduro de un rescate por cinco mil millones de dólares para paliar la crisis provocada por el Coronavirus, aduciendo que no había claridad en la legitimidad de su gobierno, factor clave para ser reconocido por el Fondo (El País, 2020).

En segundo lugar, según lo consigna la BBC News (2020) “aleja la posibilidad de una solución negociada a la larga crisis política venezolana y de un quiebre de la unidad en torno a Maduro dentro del ejército”.

Y finalmente, en un tercer punto, ya anunciada la millonaria recompensa por parte de la Drug Enforcement Administration (DEA) por Maduro, han comenzado a surgir los primeros “desertores” del régimen venezolano. Es así como el exgeneral venezolano Clíver Alcalá se entregó este viernes a las autoridades colombianas y viajará a Estados Unidos para colaborar con la justicia.

Según las autoridades colombianas, Alcalá se puso a disposición de la justicia norteamericana el viernes 03 de abril pasado. La agencia Reuters reportó que agentes de la DEA viajaron a Colombia para llevarlo a su país. Alcalá era otro de los cercanos a Maduro, por los cuales se ofrecía una recompensa, por su supuesta implicación en el cartel de los Soles.

Pero en este escenario, es necesario ir un poco más atrás para ver la delicada situación que podría presentarse en los días venideros tanto para Venezuela en lo general, como Maduro y su círculo cercano en lo particular.

Así entonces, cabe recordar que el año 2016 el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó la ley de “Tráfico de drogas transnacional”2, que fue presentada en el Senado por la legisladora californiana demócrata Dianne Feinstein con el apoyo del republicano por Iowa Chuck Grassley (EFE, 2020).

Tal como se puede ver en la página web del Congreso de los Estados Unidos, esta ley, en resumen, “prohíbe a cualquier persona producir o distribuir determinadas sustancias o productos químicos clasificados como drogas cuando esa persona tiene la intención, el conocimiento o tiene razón para pensar" que esa sustancia será exportada a EE.UU. de forma ilegal. Además, esta ley no sólo apunta a los que comercializan narcóticos, sino también a aquellos que actúan como proveedores de insumos químicos para la elaboración de drogas y a productores de sustancias consideradas controladas en EE.UU., escenarios nada de convenientes para la cúpula venezolana. Ya que, esta operación, de tener antecedentes fidedignos de la participación de Maduro en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, podría contar con el amparo legal de los Estados Unidos, para accionar contra quienes ya tienen ofrecida una recompensa por su captura.

Asimismo, esta situación del gobierno de Trump, presionando a un gobierno Latinoamericano (reconocido o no) por un caso ligado al narcotráfico, tampoco es algo nuevo en la historia reciente de las relaciones de los países del Caribe con el gigante del norte. En efecto, basta con ir 30 años atrás hasta 1989 – 1990, para recordar la llamada “Operación causa justa” en Panamá.

El derrocamiento de Noriega

El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos, gobernado en ese entonces por el presidente George H. W. Bush, lanzó una operación militar de gran escala, con más de 27.000 hombres apoyados por medios navales y aéreos en contra del Dictador Manuel Noriega, por delitos de extorsión y narcotráfico (DW, 2019).

El general panameño, hasta antes de su derrocamiento había sido un fiel cooperador de los norteamericanos, logrando generar fuertes vínculos con el servicio de inteligencia de Estados Unidos. Lo anterior, ya que cuando fue nombrado Teniente Coronel asumió la dirección de la inteligencia del país caribeño logrando su mayor vínculo con Norteamérica cuando, como lo consigna la enciclopedia “Britannica”, durante la administración de Richard Nixon, ayudó, por ejemplo, a obtener la liberación de dos tripulantes de carga estadounidenses que habían sido detenidos en La Habana, Cuba.

Sin embargo, su escalada al poder estuvo marcada por sus acciones clandestinas las que finalmente lo llevaron a unificar las fuerzas armadas de Panamá y hacerse cargo de ellas. En 1986, surgieron acusaciones sobre la historia de Noriega como narcotraficante, lavado de dinero y empleado de la CIA. Sin embargo, lo más impactante fueron los informes de que Noriega había actuado como agente doble para la agencia de inteligencia de Cuba y los sandinistas. El gobierno de los Estados Unidos repudió a Noriega, y en 1988 fue acusado por grandes jurados federales en Tampa y Miami por cargos de contrabando de drogas y lavado de dinero.

Todo lo anterior condujo a los Estados Unidos a realizar la operación Causa Justa, la que incluyó una invasión a Panamá, el bombardeo de vastas zonas de su capital y de bases militares, lo cual generó la solicitud de asilo de Noriega en la Embajada del Vaticano.

El resto de la historia del General panameño es sabida por todos y ella finalmente concluyó con su deceso en el año 2017.

Por ello y por los antecedentes ya descritos, es probable que nos encontremos en presencia de una compleja operación militar de los Estados Unidos, tal vez, en una que puede cambiar el escenario en Latinoamérica y que quizá no solo se extienda a Venezuela, sino que termine afectando a algunos gobiernos o personeros de otros países ligados al mandatario.

Conclusiones

Como lo señaló el sitio de la BBC News, el 03 de abril 2020, la operación comenzó oficialmente el miércoles, luego de que la Armada estadounidense sumara buques de guerra adicionales procedentes de su Comando Europeo (EUCOM) y de su Comando del Pacífico (PACOM) a naves de la Flota Atlántica con sede en Norfolk (Virginia) que ya se encontraban navegando por el Caribe.

Sin embargo, aún quedan algunas incógnitas del alcance de esta empresa. El primero es dilucidar si efectivamente están esos 22 países que señala Trump que están apoyando esta operación. Al respecto, ¿Quiénes son y qué tipo de apoyo están dando?, ¿hasta dónde llegará la operación militar y si ésta se limitará al control del espacio marítimo de esa área del caribe (donde hay varias soberanías que podrían verse afectadas) o terminará en una acción militar similar a la “Operación Causa Justa”.

Tal como se podría señalar en términos comunicacionales o de prensa , esta situación aún se encuentra “en desarrollo”, pero con una administración ampliamente criticada por las indecisiones y el mal manejo que ha tenido de la crisis del coronavirus, donde en esta última semana se dio a conocer que EEUU perdió 701 mil puestos de trabajo y la tasa de desempleo subió a 4,4%, el mayor salto en 45 años (Infobae, 2020), no sería ilógico pensar que la actual administración y Trump en particular, necesitan de un espaldarazo fuerte en materia de gestión, especialmente a nivel internacional.

Finalmente, aludiendo lo señalado por el New York Times (2020), los más de 29 millones de votantes latinos inscritos en Estados Unidos quienes, por lógica, tienen una opinión contraria a las dictaduras de izquierda de nuestro continente, tendrán una opinión favorable a la intervención de Estados Unidos pudiendo fortalecer al prestigio y la presencia de Estados Unidos, y por qué no un triunfo y un posible segundo mandato de la administración Trump.

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