El Senado mexicano ha dado luz verde a la nueva Ley de Seguridad Interior tras una sesión de 15 horas de duración. El dictamen, con diversos cambios, fue avalado el pasado viernes por 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, turnándose a la Cámara de Diputados para su promulgación ante el Ejecutivo y su entrada en vigor.
El nuevo ordenamiento señala que el Consejo de Seguridad Nacional determinará la procedencia de la intervención de la Federación en estados o municipios y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Un debate extenso
Durante un largo y duro debate, los senadores expusieron sus motivos; el senador Javier Lozano (PAN) defendió en tribuna "que los mismos que hoy fustigan y advierten amenazas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, sean los mismos que aplauden la monumental estupidez de otorgarle amnistía, perdón y olvido a los capos de la delincuencia organizada. Ahora, resulta que los buenos son los delincuentes y los malos son nuestras Fuerzas Armadas. Vergüenza les debería de dar”.
Por su parte, el senador Benjamín Robles Montoya (PT) apuntó que se debe obligar a cada orden de gobierno a ejercer sus facultades y a cumplir con sus funciones. Asimismo, a tener cuerpos policiacos bien capacitados, con sueldos dignos, cambiar a los altos mandos de dichas corporaciones y sobre todo, generar políticas públicas verdaderamente efectivas para la prevención del delito y penitenciarias que fortalezcan la reinserción social.
Miguel Angel Chico Herrera (PRI) subrayó que la nueva norma no está hecha para perpetuar a las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad interior. “No se va a militarizar el país, se trata de un instrumento jurídico que regula adecuadamente la actuación del Ejército mexicano”, afirmó.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Fernando Torres Graciano (PAN), señaló que toda ley es perfectible y, "por supuesto", que se tenía que dar un primer paso ante una petición del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), de la necesidad de una ley, un marco jurídico. “Lo responsable era que habría que legislar sobre el tema”, dijo.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México evaluó presentar un recurso legal en contra de una recién aprobada ya que considera que la Ley de Seguridad Interior genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas, afecta el diseño y equilibrio entre instituciones, órganos del Estado y poderes, y posibilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre los mexicanos. El recurso legal llamado "acción de inconstitucionalidad” sería presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Plazos, cambios y preocupaciones
El texto de la Ley establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas. Aunque, la declaratoria podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó.
Además, las Fuerzas Federales y las Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior. Podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.
Sin embargo, críticos creen que la ley provocaría más violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abusos por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de violaciones a los derechos humanos en su lucha contra el crimen.