La constructora naval semipública francesa Naval Group no cree que la industria australiana sea capaz de asumir la mitad del valor de los contratos del programa de submarinos SEA 1000, como se previó. La empresa batió en 2016 a sus contrincantes para hacerse con el proyecto de suministro de doce de estos buques por un valor total estimado de los contratos de 80.000 millones de dólares australianos (en torno a 50.000 millones de euros). Las dudas sobre las capacidades de los proveedores locales en el programa, el mayor de índole militar de la historia australiana, que han sido pronunciadas la semana pasada por el director ejecutivo de Naval Group Australia, John Davis, no han gustado en el país. Y ya han tenido respuesta.
La ministra de Defensa, Linda Reynolds, ha advertido a la compañía francesa de que le “hará rendir cuentas por los compromisos que firmó”. Sin embargo, la responsable de la industria de Defensa del país, Melissa Price, reveló anteriormente que no existe un requisito de porcentaje específico del contenido de la industria australiana en el acuerdo. Price detalló en una respuesta parlamentaria en 2016 que la proporción del contenido de estas naves de la que se encargaría Australia “se determinará a medida que se complete el diseño del submarino”.
Al expresar las dudas de la empresa, Davis ha explicado que ésta “no conocía el mercado australiano antes de sumarse al programa”. En cambio “ahora tenemos una visión mucho más detallada y reconocemos que hay mucho más trabajo por hacer de lo que esperábamos”, apuntó la semana pasada al periódico local The Australian. Posteriormente, la ministra Reynolds mostró en un comunicado su decepción por esos comentarios, “ya que no reflejan la fuerte colaboración con Naval Group en este programa”, informa ABC Australia.
“Nuestro gobierno hará que Naval Group rinda cuenta de los compromisos que suscribieron para trabajar con la industria de defensa y construcción naval líder de Australia”, añadió.
Este desencuentro entre cliente y suministrador en este programa llega unas semanas después de que una auditoría oficial revelase que el programa ya acumulaba “nueve meses de retraso en la fase de diseño”, cuando aún no había pasado ni un año desde la formalización del contrato, que tuvo lugar en febrero de 2019. “Como resultado, [el ministerio de] Defensa no puede demostrar que su gasto de 396 millones de dólares [australianos] en el diseño del futuro submarino haya sido completamente efectivo para lograr los dos hitos de diseño más importantes hasta la fecha del programa”, según se recoge en el punto 11 del informe de la Oficina Nacional de Auditoría de Australia (ANAO, por sus siglas en inglés) publicado el pasado enero.
Las informaciones que aparecieron entonces apuntando incluso a un posible riesgo de cancelación de contrato, llevaron al Departamento de Defensa del país a emitir un comunicado incidiendo en que la nación “está totalmente comprometida a trabajar con Francia y Naval Group en la entrega de la flota de submarinos de la clase Attack, que sigue siendo una capacidad estratégicamente vital para nuestra fuerza de defensa en el futuro”. Si Australia llegase a cancelar su acuerdo con Naval Group debería hacer frente a una sanción de más de 400 millones de dólares.
Los submarinos convencionales de la futura clase Attack, que la compañía francesa está desarrollando a partir del modelo francés Barracuda, sustituirán a los actuales buques de la clase Collins, que se prevé que sean retirados del servicio a mediados de la nueva década.
Naval Group fue seleccionada en 2016 como la mejor opción para dotar a Australia de sus futuros submarinos del programa SEA 1000. La oferta de la compañía francesa DCNS (como aún era conocida entonces la actual Naval Group) se impuso de este modo a sus competidores japoneses (Kawasaki Heavy Industries y Mitsubishi Heavy Industries) y alemanes (ThyssenKrupp Marine Systems –TKMS). española Navantia y la sueca Saab también tuvieron opciones hasta meses antes de que Australia anunciase que la elegida era la candidatura francesa.