El Gobierno aprueba la orden de ejecución de las fragatas F-110

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la celebración de la orden de ejecución para la construcción de cinco fragatas F-110 en el astillero de Navantia en Ferrol por un valor estimado de 4.317 millones de euros.

La orden de ejecución autorizada proviene del convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y Navantia. El calendario de pagos comenzará este año 2019 y finalizará en el año 2032, con la previsión de entregar la primera unidad para el año 2026 y la última para 2031.

En la actualidad, la Armada española cuenta con dos tipos de fragatas: cinco de la clase Álvaro de Bazán (F-100) y seis de la clase Santa María (FFG o F80). Las fragatas FFG entraron en servicio a partir de 1986, estando en el último tercio de vida. A partir de 2021 empiezan a cumplir los 35 años de servicio por lo que, para mantener las capacidades actuales, será necesario reemplazarlas por las F-110.

El Gobierno explica en la referencia posterior al Consejo de Ministros que con "el programa propuesto se cubre la necesidad de sustitución de las fragatas actuales de la serie F-80, que se encuentran al final de su vida operativa, de forma que se puedan mantener las capacidades actuales de la Armada y cubrir las necesidades futuras que se pudieran derivar de nuevos escenarios operativos, en los que se incluyan nuevas amenazas y nuevas misiones".

Y añade: "Esta adquisición es de gran relevancia económica, industrial y social para la totalidad de la industria nacional, dada la complejidad del diseño, la integración de sus avanzados sistemas y la propia construcción de las plataformas".

El proyecto F-110 establece tres objetivos principales. Por un lado, la construcción de cinco fragatas con sus correspondientes pertrechos (chalecos salvavidas, material de seguridad interior, estachas de amarre, etc.) y repuestos de primera instalación de cada buque, necesarios para garantizar la seguridad de la navegación sin apoyo exterior.

Por otro, la obtención del apoyo logístico integrado para la clase F-110, que conlleva la información logística del buque, la obtención de documentación logística (Plan de Mantenimiento, el Plan de Aprovisionamiento y el Plan de Adiestramiento, manuales técnicos, documentación de mantenimiento, documentación de apoyo al aprovisionamiento), así como los sistemas requeridos para la implementación de la maqueta y gemelo digital.

También está incluido el adiestramiento industrial, de operación y mantenimiento para el personal del Ministerio de Defensa y la Armada española involucrado en la construcción de los buques, así como las dotaciones.

Diseño final en 2020

El cronograma actual recoge que la PDR (Revisión Preliminar de Diseño) se realizaría en el último trimestre de 2019 y, seis meses después, comenzarían los trabajos de construcción de la F-111, continuando con el resto de buques de la serie con un lapso de un año. De acuerdo a estos plazos, la CDR (Revisión de Diseño Crítica) está prevista para finales de 2020 y será única para las cinco fragatas. Defensa ha invertido por el momento 174 millones de euros en los programas tecnológicos del buque.

Las F-110 serán escoltas polivalentes, diseñadas para escenarios de alta intensidad, con una importante capacidad de combate en todas las áreas principales, especialmente en los perfiles de protección de la fuerza y en el de proyección del poder naval, tanto en el ámbito conjunto como el combinado, frente a una amenaza convencional y asimétrica cada vez más compleja.

Las fragatas oceánicas que dispondrán de un mástil integrado con sensores y antenas, diseñado por Indra; el sistema de combate Aegis de la firma estadounidense Lockheed Martin; y el sistema de defensa antiaérea ESSM Block 2 de la empresa Raytheon, entre otros equipos.

7.000 empleos directos

El programa forma parte del plan estratégico de la sociedad pública Navantia y garantiza a medio plazo la viabilidad de los astilleros ferrolanos. La empresa estatal espera generar 7.000 empleos durante nueve años: 1.300 directos en la empresa pública, 2.000 en la industria auxiliar, además de otros 3.500 indirectos.

El proyecto cubrirá además el 40% de la contratación prevista por la compañía durante los próximos cinco años y se estima un aumento del PIB en la economía nacional de unos 600 millones de euros anuales. En paralelo, su efecto sobre la demanda agregada será de unos 1.500 millones de euros cada año.