Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un proyecto de ley que ha generado revuelo: penas de hasta 60 años de cárcel para regular el uso de los drones con fines ilegales. La movida del mandatario parece ser la respuesta a una acción que han liderado, principalmente, los carteles del narcotráfico: lanzar explosivos desde sistemas que están en el aire. Sobre todo en la zona de Apatzingán, Michoacán.
De todas maneras, es importante mencionar que no es una técnica nueva. De hecho, hay registros aéreos de los ataques que circulan desde hace más de un año. Pero la preocupación de las autoridades mexicanas es que se repiten cada vez más. "Los dronazos están a todo, viejo. No salgan" es parte de lo que registran vídeos grabados por los propios lugareños.
La autoridades pagan con la misma moneda
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) confirmó que durante el último año han decomisado 23 drones. La mayoría son modelos Mavic de la compañía china DJI, con usos comerciales o recreativos, que generalmente se usan para labores agrícolas, como esparcir fertilizantes o fumigar. Sin embargo, el crimen organizado los ha modificado para utilizarlos, según la institución, contra autoridades, población civil y grupos antagónicos.
En respuesta, las fuerzas federales mexicanas ya han desplegado equipos con el fin de inhabilitar los vehículos aéreos no tripulados y desactivar los explosivos en caso de que estén cargados. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, comentó en una rueda de prensa que "el objetivo que se busca con esta iniciativa es establecer una penalidad a ese tipo de acciones y que pueda ser castigado el empleo de estos artefactos explosivos aprovechando el uso de los drones".