​Sánchez entrega a Bolaños los secretos oficiales, hasta ahora en manos de Robles

El Gobierno ha aprobado este lunes en el Consejo de Ministros el nuevo anteproyecto de ley de información clasificada que otorga al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, las competencias sobre secretos oficiales.

Esta es una de las principales novedades. Hasta ahora el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, ejercía como autoridad responsable de la protección de la información clasificada. En concreto, el Centro Nacional de Inteligencia era la Autoridad Nacional de Seguridad encargada de los documentos secretos y de conceder el permiso para acceder a los mismos, además de gestionar la información sensible de los distintos ministerios. Según distintas fuentes, la propia ministra ha dado el visto bueno a la reforma de ley.

De esta forma, Bolaños pasará a controlar la desclasificación de documentos, si finalmente sale adelante el anteproyecto de ley. No obstante, la decisión final sobre la publicación de la información más sensible, con un mayor grado de protección, estará en manos del Consejo de Ministros.

El anteproyecto establece cuatro categorías de protección: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. El plazo fijado para la desclasificación es de hasta 50 años en el caso de los documentos de alto secreto y de cuatro para la información restringida. En este último caso, podrá prorrogarse en determinados casos. Actualmente solo existen dos escalones para el material clasificado, secreto y confidencial, y no hay límite de plazo para la desclasificación de este tipo de información.

Ley franquista

La reforma de la ley de información clasificada forma parte del acuerdo entre el Gobierno y el PNV -el partido que más ha insistido en este asunto en las últimas legislaturas- y busca homologar la estructura legal a la de otros países de la Unión Europea y la OTAN. Hay que recordar que la legislación vigente en la actualidad data de 1968. Fue firmada por el entonces dictador Francisco Franco, si bien, el texto se actualizó en 1978, poco antes de la aprobación de la Constitución.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, la nueva norma llegará al Congreso de los Diputados el próximo otoño para su tramitación parlamentaria. La previsión es que esté en vigor dentro de un año, si no hay contratiempos.