El Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) del Perú ha iniciado una investigación preliminar contra el actual ministro de Defensa, José Luis Gavidia, por la presunta comisión del delito de peculado de uso, como se denomina en el país andino al mal uso de bienes públicos.
La Fiscalía ha revelado además que el 11 de julio, personal del área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito se ha hecho presente en la sede de la ciudad de Lima del Ministerio de Defensa para llevar a cabo las diligencias correspondientes a la investigación preliminar indicada.
Por su parte, el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, ha comentado en su cuenta de Twitter que el "ministro de Defensa llevó a Huánuco a sus hijas en aeronave del Estado. Uso de bienes públicos para una actividad no oficial, sino particular. ¿Cómo se llama eso? Peculado de uso, y es Delito. Desde la Comisión de Fiscalización abordaremos esta irregularidad.
Al respecto, el ministro Gavidia ha rechazado haber realizado un viaje familiar a Huánuco sino un viaje de trabajo y agregó que sus tres hijas, una de ellas de 31 años, fueron trasladadas junto a él en una aeronave de las Fuerzas Armadas del Perú porque le correspondía su cuidado en base a un régimen de visitas que tiene acordado y agregó que los viáticos fueron cubiertos por él y que se pone a disposición de las autoridades que correspondan para brindar mayor información.
Múltiples investigaciones
Infodefensa reportó hacia fines de mayo pasado que el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima realizó una diligencia en la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) por un presunto acto de corrupción en la compra de una plataforma tecnológica.
Asimismo, la Fiscalía ha realizado múltiples diligencias por presuntos actos de corrupción en la propia sede de Palacio de Gobierno, un hecho inédito en la historia del Perú.
Las diligencias fiscales por presuntas irregularidades y/o actos de corrupción abarcan además a la primera dama y varios integrantes del entorno amical y familiar de Pedro Castillo, y al propio presidente, también un hecho inédito para un jefe de Estado aún en funciones.