Las fabricantes de armas estadounidenses demandadas por México se han desmarcado de la acusación del gobierno de López Obrador y aseguran que la misma "no tiene sentido". El eje de la defensa de las compañías, que en un recurso individual y otro colectivo pidieron al juez que instruye el caso -en un tribunal de Massachussetts- su sobreseimiento al alegar "falta de jurisdicción personal".
"La denuncia no menciona ni a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México", asegura el escrito conjunto, presentado ante la justicia hace unos días. Los fabricantes alegan que el gobierno mexicano está tratando de responsabilizarlos "por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales" en dicho país.
"Habiendo decidido denunciar a compañías estadounidenses en tribunales estadounidenses, con base en su conducta en Estados Unidos, México no puede eludir los principios básicos de la legislación estadounidense que inexorablemente requiere el sobreseimiento de todas las reclamaciones contra los acusados”, sostienen.
Para los acusados, este caso incumbe directamente a la legislación interna que protege a los fabricantes de armas estadounidenses y no es "extraterritorial", independientemente de la fuente de las demandas de los denunciantes.
Respuesta de México
Por su parte, el gobierno de México dijo que los fabricantes de armas de Estados Unidos a los que demandó en agosto del año pasado no tienen inmunidad fuera del territorio estadounidense.
Al actualizar el curso que sigue la demanda, la cancillería mexicana dijo en un comunicado que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) "no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México".
“La demanda civil de México contra empresas estadounidenses de armas sigue adelante”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.
La causa
En ese sentido, el gobierno mexicano presentó el pasado 4 de agosto del año pasado ante un tribunal de Massachusetts una demanda contra los fabricantes de armas, a los que acusa de prácticas "negligentes" que facilitan su contrabando a México, sumido desde hace 15 años en una ola de violencia ligada al narcotráfico.
El pasado 31 de enero, México presentó su respuesta a la réplica de las armerías estadounidenses, que a su vez tenían plazo hasta este pasado 14 de marzo para su contra réplica.
La cancillería de México estima que desde Estados Unidos entran de manera ilegal más de medio millón de armas anualmente.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas, las muertes violentas suman más de 340.000, según cifras oficiales que atribuyen la mayoría de los asesinatos a la criminalidad.
En total, 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda y 14 estados, se han adherido al recurso como amicus curiae (amigos de la corte) para pedir al tribunal que prosiga con el caso, al alegar que las armas que se trafican en México acaban en las calles de Estados Unidos junto con grandes cantidades de drogas ilegales.
Las sociedades demandadas incluyen a algunos de los fabricantes más poderosos: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, entre otros.
En octubre de 2019, durante el operativo fallido en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo deEl Chapo, pudieron verse fusiles como el Barrett calibre .50, capaz de derribar helicópteros y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en manos de miembros del Cartel de Sinaloa.
Dos años antes, la periodista Miroslava Breach fue asesinada tras recibir disparos de una Colt .38 Súper, una edición especial con un grabado inspirado en la imagen de Emiliano Zapata, un símbolo de la Revolución Mexicana.