La compra de patrulleros para la Armada de Uruguay navega por aguas turbulentas

Desde que, hace ya casi diez años, el Gobierno de Uruguay decidiese que se iban a adquirir nuevos buques de patrulla oceánica para el país, mucha agua ha pasado debajo del puente y el actual proceso de compra, por más ímpetus de transparencia que se haya intentado darle, es -por lo menos- cuestionable. Durante las primeras instancias para la adquisición, el proceso se había dejado en manos de la Armada, que calificó técnicamente a los distintos proyectos presentados y otorgó su veredicto, para que luego las empresas presentaran sus presupuestos y opciones de financiamiento disponibles. 

Muchas negociaciones entre los proveedores llevaron a que se analizaran opciones de leasing como también financiación bancaria a largo plazo. En ese entonces, se especulaba que las ofertas rondaban entre los 50 y 70 millones de dólares por buque, armados con cañones de 40mm según el rol policial que iban a tener, con una suite electrónica adecuada para esa función y una plataforma para helicópteros, en algunos casos con hangar fijo, otros con hangar rebatible y otros con la plataforma sin hangar. Empresas alemanas, chinas y francesas optaron por la construcción de los buques, que fueron calificados según ciertos requerimientos técnicos establecidos por la Armada en ese momento. 

Este proceso se extendió durante dos gobiernos de izquierda, con el apoyo de todos los partidos de la oposición y fue relativamente transparente en el sentido de que se sabía quienes eran los competidores, cuanto costaban sus buques (lo que fue declarado públicamente en el parlamento uruguayo por los representantes de los astilleros) y qué características tendrían. Las negociaciones se establecieron con las compañías constructoras y a nivel político se mantuvo un diálogo con los países donde se hospedaban para ver opciones crediticias y para analizar alguna posibilidad de offset por la inversión. 

La participación de astilleros uruguayos en la construcción de al menos alguna de las unidades estaba presente como así también la transferencia tecnológica para construir unidades más pequeñas, las cuales también se necesitaban para la Armada. La inversión, como se mencionó antes, rondaba los 200 millones de dólares por tres unidades. Todo el espectro político uruguayo estaba de acuerdo en realizar la compra. Sin embargo, esta nunca se concretó.

Nuevo gobierno, mismas metas, mismos resultados

En 2020 asume un nuevo gobierno, esta vez de centroderecha luego de 15 años de gobierno de izquierdas y la promesa de renovar el equipamiento de las Fuerzas Armadas Uruguayas se encuentra en la plataforma política del nuevo gobierno. El actual ministro de Defensa, Javier García, continuamente promocionó que su principal meta durante este proceso sería recuperar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas, particularmente su Armada y Fuerza Aérea, las cuales se encontraban totalmente diezmadas operativamente. La pandemia, y la presión económico/social generada por ella, sin dudas fue un golpe muy fuerte para buena parte de esos planes, sin embargo algunos otros factores han hecho que el proceso de recambio no se esté dando de la manera que se esperaba. 

Los primeros dos años de gobierno pasaron sin grandes cambios a nivel de adquisiciones, excepto la compra de dos Lockheed Martin KC-130H Hercules a España y la negociación para la transferencia de tres lanchas patrulleras clase Marine Protector desde la Guardia Costera de Estados Unidos. Durante 2021 se recibió de un demorado Bell 212 Twin Huey donado desde el mismo origen que, en vez de aumentar las capacidades de la Fuerza Aérea vino a sustituir la pérdida de una unidad igual ese mismo año. El ministro anunciaba mientras tanto que esto era parte del plan de renovación de la flota aérea, sin mencionar que la referida donación se estableció durante el gobierno anterior. 

La recepción de dos Agusta Bell 412 a principios del nuevo gobierno, que también fueron gestionados durante el proceso anterior, permitió recuperar las capacidades de búsqueda y rescate aéreo de la Armada Uruguaya. En definitiva, el único progreso real gestionado en este gobierno, como balance de mitad de su gestión, son dos KC-130H Hercules y la transferencia de tres lanchas patrulleras desde Estados Unidos.

La noticia oficial y la comunicación con los astilleros

Ante este panorama y sabiendo que los plazos se acaban para cumplir las promesas electorales, a finales de 2021 el Gobierno uruguayo anuncia oficialmente que se comprarán dos OPV -una menos que en el plan inicial- y que se abrirá un proceso competitivo tanto para unidades nuevas como usadas (con un máximo de 10 años de antigüedad). Esta inversión, que sería la mas importante de la Armada en su historia, estaría enmarcada en un proceso de transparencia total y se conformarían varias comisiones tanto técnicas como de seguimiento con la participación de todos los actores políticos del país. La fecha de este anuncio fue el 16 de diciembre de 2021. El ministro, en un comentario llamativo en ese momento, deslizó que la compra se esperaba que rondase en los 100 millones de dólares, una cifra en ese momento parecía razonable pensando en el proceso anterior, pero que sin dudas resultó raro que se le pusiera un precio por adelantado a lo que aún no se sabía si iba a ser igual o distinto a lo que anteriormente se había cotizado.

Dos semanas pasaron desde la fecha que se comunicó esta novedad y hasta entonces el llamado a precios que se esperaba fuese público, por aquello de la transparencia, no aparecía en ningún portal del gobierno. Una compra de este tipo, si bien es indudablemente importante para el país, no se esperaba que revistiese el carácter de secreto que pueden tener algunas compras militares pues el equipamiento a adquirir no tenía características estratégicas ni se esperaba que fuesen a afectar el balance de poder de la región. En definitiva, serian dos buques de patrulla oceánica, sin sistemas misilísticos y con características similares a aquellos que ya operan en la zona y de los cuales se conocen los detalles técnicos al dedillo. Sorpresivamente a principios de enero, un contacto personal me acerca los detalles del llamado a interesados y se me informa que el mismo se les hizo llegar únicamente a las embajadas y que ese sería el mecanismo de distribución. 

Esta decisión, que sin dudas va en contra de la famosa transparencia publicitada, resultó totalmente contraproducente. ¿Cómo se espera que, por ejemplo, la embajada de un pais que tiene dos o más astilleros privados pujando por el proceso procese la recepción de ese llamado? El gobierno receptor del pedido obviamente no puede incidir en dicha competencia y debe obrar con el mayor recaudo posible para no interferir en el proceso so pena de tener un problema interno con los astilleros.  La insistencia del Gobierno uruguayo de adquirir material militar o cuasi militar a través de contactos políticos no es viable en todas las compras y esto no parece quedarle claro al Ministerio de Defensa. Una cosa es la gestión de material de segunda mano o en desuso cuyo propietario es el estado vendedor y otra cosa es la adquisición de material militar construido por empresas privadas que no están bajo la órbita de los gobiernos donde tienen radicados sus astilleros. 

La insistencia en las negociaciones país a país es solo válida cuando los astilleros, en este caso en particular, son propiedad del estado donde se quiere negociar. Cuando se margina a los proveedores privados y se intenta forzarlos a una negociación política, las posibilidades de llegar a buen puerto son escasas. ¿Cómo justificaría el Gobierno alemán, volviendo al ejemplo, un apoyo a Fassmer en vez de Lurssen o al revés en la puja?

El problema del precio y la negociación país a país

Poco tiempo pasó, para que algunos de los astilleros que se habían presentado a la negociación original, admitieran que los números que había deslizado el ministro de Defensa estaban mal o, si eran correctos, el presupuesto otorgado no alcanzaba para cubrir los requisitos planteados por la Armada. Es más, está tan corto que, si se cumple a rajatabla con lo solicitado en el pliego, sólo se puede adquirir un buque, pues el equipamiento solicitado incluyendo la suite electrónica, plan de mantenimiento y apoyo logístico, soporte, sistemas de apoyo para la operación de aeronaves y armamento (con sus sistemas de puntería) requeridos sumaban más de 50 millones de dólares sin incluir el costo de construir el buque, lo que sumaría otros 50 millones adicionales. 

Ante esto, Fassmer ya desistió oficialmente de participar en la puja y Lurssen, que aún no ha manifestado su posición oficialmente, estaría por el mismo camino, mientras que otros importantes astilleros dudan de su participacion en las condiciones actuales. Adicionalmente, se han solicitado extensiones para el plazo de presentar ofertas lo cual está siendo considerado, pero se han denegado opciones de financiamiento mas cortas a las planteadas por el gobierno como así también algunas flexibilidades en las características de los buques. En definitiva, un proceso que se esperaba que fuese totalmente transparente y competitivo se ha convertido en un proceso oscuro, sin claridad tanto para el público en general como para los proveedores y con el riesgo de que los astilleros que tal vez pudiesen presentar los proyectos con mejores características técnicas para el país terminen desistiendo del proceso. 

Seria una pena, que tal vez persiguiendo las mejores intenciones de que la negociación se estableciera de una manera más política que comercial, se haya caído en el error de no comprender cómo funcionan los procesos competitivos entre un estado comprador y una entidad privada vendedora. La gran pregunta sería ¿a quién le hubiese mandado el pliego Uruguay si en su país existiesen astilleros privados con capacidad de construir estos buques?.

Así, una gran decisión política, como la compra de nuevos buques para la Armada de Uruguay, que tanto los necesita, terminó siendo empañada por un intento de majear la compra políticamente sin dejar que el proceso competitivo entre los privados fluyera como debería haber sido. Jamás se deberían haber mencionado cifras pues, al fin y al cabo, por mencionarlas no cambian los costos de construcción de los astilleros. Mucho menos involucrar a las embajadas en el proceso de compra a una entidad privada en la vasta mayoría de los casos. 

A esta altura, la única forma de reencaminar este proceso podría ser que liberara el proceso de presentación de ofertas sin establecer limites financieros para que, cuando los números se presenten, se pueda decidir entre otorgar más fondos y capaz que otras opciones de financiación para poder cumplir con las necesidades de la Armada o ajustar los requerimientos técnicos al presupuesto disponible. Lo cierto es que a como están las cosas, todo indica que esta compra o bien podría quedar desierta o la Armada va a tener que aceptar lo que se le presente, aunque no cumpla con sus requisitos, incluyendo la posibilidad de que sean unidades de segunda mano con características técnicas muy inferiores a las solicitadas y con mucha menos vida útil por delante que los OPV.

La decisión, en este caso, sí es únicamente política.