OPV Uruguay: Astilleros Cardama contra Goliat, la lucha por entrar en un mercado dominado por gigantes

La historia bíblica de David contra Goliat, que representa la lucha del más débil contra el más poderoso, ha tenido miles de paralelismos en la historia reciente. Lo vemos a diario con potencias que invaden a países más pequeños, poblaciones desarmadas que se enfrentn a gobiernos totalitarios y un sinfín de ejemplos más. En el caso del mundo corporativo, también se dan situaciones similares, donde pequeñas empresas familiares intentan romper la hegemonía de las grandes corporaciones y colocar sus productos en un mercado dominado por unos pocos. Este es el ejemplo de Astilleros Cardama, luego de que presentara su oferta para la construcción de dos OPV para la Armada de Uruguay y de que el contrato se convirtiese en un drama griego que involucra a varios países, presiones corporativas, políticas y hasta de releaciones exteriores entre Uruguay y otras naciones. 

En esta lucha que ha llevado adelante el astillero gallego se ha encontrado con una seria de obstáculos, desde variados frentes y con múltiples intereses, pero todos con el mismo fin: hacer que la compra caiga. En este artículo de opinión analizaré los aspectos más salientes del proceso y sus actores.

El Gobierno y las garantías adicionales

Cuando el Gobierno uruguayo se decantó por la compra de las dos OPV al astillero Cardama, decisión tomada por el entonces ministro de Defensa, Javier García, comenzó una andanada de ataques desde todos los frentes, con astilleros quejándose por supuestas irregularidades e injusticias en la decisión,  quejas diplomáticas, particularmente desde el gobierno de China, por no haber seleccionado sus unidades. 

El Gobierno, que si bien se mantuvo en su decisión, también decidió ampliar las garantías normalmente requeridas en los contratos del Estado, como forma de salvaguardar los recursos del país, pero excedían ampliamente a lo requerido en el Tocaf. Entre estos requisitos se destaca la duplicación de la cantidad de avales requeridos, lo que acarrea ciertas particularidades. Es bueno recalcar, que en general, los contratos para la construcción de buques requieren un performance bond o aval como método de garantizar el fiel cumplimento de los proveedores. En este caso, el gobierno de Uruguay exigió más de lo que normalmente el estándar de los contratos requiere. 

Paralelamente los OPV para Uruguay, por ser considerados buques de guerra (son destinados a una organización militar y poseen armamento embarcado) y construidos por un astillero privado que además opera financieramente con la banca privada, se enfrenta a ciertas limitaciones impuestas en el sector financiero para su participación en construcción o provisión de insumos belicos. Si bien en caso de astilleros públicos o semi públicos, es viable que la banca estatal de ese país emita un aval, en el caso de astilleros privados operando con banca privada, esto requiere un serie de procedimientos y autorizaciones adicionales para cumplir con las reglamentaciones requeridas por el sistema financiero internacional.

Los astilleros y la oferta que incomoda

Cuando se conocieron los importes de las distintas ofertas, quedó claro que Cardama era, por lejos, la más económica, sin sacrificar prestaciones y presentando un buque diseñado por Cintranaval, que cumplía con todos los requerimientos solicitados por la Armada de Uruguay. Los demás astilleros, que incluían a Gondán de España, Kership de Francia, CSTC de China y Damen de Holanda, ofrecían unidades a costos muy por encima de la oferta Cardama. 

Esto generó un maremoto en el mercado de la construcción de OPV, porque —repentinamente— un astillero ofertaba buques a precios muy por debajo de lo que normalmente los grandes astilleros cotizan. Con esto comenzaron algunos de los primeros ataques a la oferta de Cardama, con sugerencias de que el astillero gallego estaría atravesando problemas financieros, que no tendría las capacidades para construir estos buques y la reacción inmediata de CSTC que ofreció una rebaja sustancial en el precio de sus buques, a los que les serían quitadas algunas capacidades.

Pese a que el Tribunal de Cuentas de Uruguay, máxima autoridad en lo referente a compras estatales del país, se emitió en forma favorable a la compra, los ataques continuaron, particularmente desde operadores que responden a intereses corporativos que, ante la imposibilidad de mejorar la oferta de sus intereses, optaron por atacar a Cardama inyectando falsedades a la oposición política, que las repartió como forma de ataque al gobierno. 

Es así que Cardama, con sus 109 años de existencia, pasó a estar en problemas financieros, en vías de rematar buques de su propiedad y a no tener las capacidades para construir ni siquiera una lancha. Esta campaña duró meses y se extendió por todos los medios, incluyendo el parlamento uruguayo, donde una y otra vez, la oposición política repitió las mismas falsedades que los operadores corporativos se encargaron de distribuir. 

Tan presionados se sentían los astilleros que competían con Cardama, que trascendió extraoficialmente que Kership habría enviado una oferta para la construcción de buques al mismo precio que el astillero gallego, lo que genera profundas dudas sobre por qué no fue presentada esa oferta originalmente. Pero también valida la viabilidad de construir buques a los precios ofertados por Cardama, algo que habia sido cuestionado por algunos operadores.

La prensa

Una de las premisas fundamentales de cualquier periodista debería ser escribir objetivamente, defender la verdad y no responder a intereses personales o corporativos cuando se presenta una noticia. Sin embargo, esta premisa, por más ética que pueda ser, no deja de ser utópica. Durante el tiempo que estuvo el dueño de astilleros Cardama en Uruguay para cerrar el contrato, un diario local de alta rotación, dedicó páginas completas a repetir una y mil veces inexactitudes con respecto a la compra de los OPV. Día por medio salían notas en primera plana cuestionando al gobierno y al astillero, buscando influenciar la decisión del gobierno y de aquellas empresas que osaran ofrecer opciones financieras para cubrir los requisitos del contrato. Adicionalmente, se divulgó públicamente una supuesta copia del contrato, catalogado como secreto por el gobierno, sin que existiesen consecuencias de ningún tipo para el periodista que lo publicó y sin que se pueda confirmar la veracidad del documento. 

Paralelamente, medios especializados de Argentina, que en general no escriben mucho de Uruguay, pasaron a replicar los mismos dichos en primera plana. Todos utilizando la misma dialéctica e información distribuida por canales políticos. Supuestos especialistas europeos vinculados a la industria dedicaron páginas a criticar el proceso de compra, al gobierno de Uruguay y a la elección de Cardama. La campaña de ataques llegó al limite de cuestionar las capacidades de uno de los estudios de abogados más importantes de Uruguay, especializados en contratos públicos.

Cabe acotar que durante el mismo tiempo, el gobierno decidió la compra en forma directa de seis aviones Embraer 314 Super Tucano por más de 100.000.000 de dólares y no generó ninguna atención en los medios que mencionamos antes. Casualmente, esta compra es a un gobierno alineado políticamente con la oposición, la que pese a que queda claro que esto no era lo que estaba buscando la Fuerza Aérea, ha mantenido un silencio sepulcral al respecto.

Ante esto, es válido  preguntarse cuál es el interés de medios de comunicación masiva, o mejor dicho, de algunos de sus periodistas, en hacer que este contrato caiga. Cuánto cuesta dedicar, casi diariamente, páginas enteras en un diario u horas de televisión en un canal abierto uruguayo a destruir una compra que ha sido aprobada por el Tribunal de Cuentas de la Nación, con un contrato escrito por uno de los estudios jurídicos más importantes del país contratado por el gobierno, con buques que serán construidos bajo la mirada de la sociedad clasificadora Lloyds Register y diseñados por una de las compañías más importantes de diseño de buques de Europa. 

Por qué estos medios dedican una cantidad de horas y espacio increíbles a la compra, con el supuesto fin de defender las arcas públicas, pero sin embargo no mencionan casos de dilapidación de fondos comprobados, con proyectos inconclusos realizados durante otras administraciones, que costaron cientos de millones de dólares al país. ¿Se persigue un interés político, corporativo, personal o es simplemente falta de rigidez informativa, utilizando únicamente la información provista por aquellos que tienen los intereses anteriormente mencionados y buscando el rating con prensa amarillista? Tal vez sea una combinación de todos estos factores. 

La oposición política, creando caos para gobernar

La política es así, por lo menos en buena parte del mundo. La oposición castiga al gobierno de turno por todo lo que haga, bien o mal. El trabajo de la oposición siempre será castigar y no construir, mientras que al gobierno de turno le tocará defenderse. Hasta ahí son las reglas del juego. El problema comienza cuando en el proceso de atacar se utilizan falacias y se pone por encima el bien del partido por encima del país. Cuando la actual oposición fue gobierno, tuvo todo para comprar tres OPV con un costo acorde al presupuesto disponible en ese entonces, financiado a los términos solicitados por Uruguay y con las características que en ese momento se requerían. Sin embargo, no lo hicieron y ni siquiera explicaron por qué. 

Posteriormente, el actual gobierno, de la mano del ministro de defensa anterior, Javier García, decidió comenzar un proceso nuevo, con un sinfín de vaivenes, cambios en las características de las naves, llamados a precios a través de embajadas y divulgación de un supuesto presupuesto, todo manejado en forma pública y con una impronta muy característica del anterior ministro. Esto abrió un amplio frente de cuestionamientos para la oposición, que utilizando las idas y vueltas del ministro, aprovecharon para comenzar sus ataques contra el proceso y, luego de que fue informado que Caradama era el elegido, contra el astillero, como blanco colateral de los ataques contra el gobierno. 

Utilizando datos provistos por algunos operadores corporativos, junto al propio manejo mediático de García, la oposición comenzó su trabajo de destrucción, utilizando falsedades y medias verdades, para generar dudas y erosionar el proceso de compra. Si bien desde el gobierno se remitieron a mantener el rumbo, no se combatieron estos ataques ni se desmintieron, permitiendo que las mentiras perdurasen en el tiempo. Como es norma en este tipo de contratos, que incluyen cláusulas de confidencialidad, el astillero contratado esta limitado en su poder de respuesta. Mientras tanto, la oposición continúa y continuará haciendo su trabajo. 

Los militares retirados, algunos en actividad y los supuestos sacrificios personales

Durante este proceso, se abrió un frente adicional para el gobierno y que afectó tanto al poder político como a la verticalidad propia de cualquier institución militar. Un puñado de oficiales superiores de la Armada, algunos en situación de retiro y otros en actividad, manifestaron públicamente su rechazo al proceso de compra, identificándose en algunos casos con nombre y apellido y en otros manteniéndose en las sombras. Estos oficiales presentaron un supuesto informe financiero de Cardama, que en teoría habían mandado a hacer especialmente para la situación, que según ellos, demostraba que el astillero no estaba bien financieramente. 

Esta gran mentira y la adquisición del supuesto informe a la empresa Dun and Bradstreet por apenas unos cientos de dólares, que simplemente recopila alguna información obtenida de fuentes abiertas, debería haber cancelado totalmente cualquier declaración posterior de estas personas. Sin embargo, desde algunos medios de comunicación, se les continuó dando espacio para que operaran en contra de la Armada, del país y del astillero Cardama. Inclusive, el jefe del Estado Mayor de la Armada, estando aún en actividad, realizó declaraciones públicas a un diario local y sin autorización del mando superior, sobre su posición al respecto de la compra de estos buques.  

Es importante destacar que el mismo oficial, en su análisis de Estado Mayor, había seleccionado al astillero  español Gondán, que presentó un producto muy similar al de Cardama, diseñado también por Cintranaval y que, según su posición, debía quitarle puntos a los astilleros franceses, porque el francés no era una lengua que se dominase en las filas de la Armada, algo inconcebible considerando que la Armada Uruguaya fue usuaria de buques de ese origen durante decenas de años. 

La operación de ataque interno ha continuado, tanto en forma pública como soslayada, con algunos oficiales retirados con diferencias con los mandos actuales de la Armada como así también otros operando para intereses corporativos. Con su vendetta privada, no solo han afectado al proceso de adquisición de buques para la Armada y el país que en algún momento juraron defender, sino que también afectaron profundamente el espíritu de cuerpo de la fuerza, desafiando y cuestionado las decisiones del mando superior en actividad de la Armada Nacional. 

Conclusión

El proceso de compra de buques para la Armada Nacional de Uruguay, ya complejo por la naturaleza de la adquisición en un país donde tradicionalmente no se invierte en defensa, se ha visto contaminado por los factores que ennumero más arriba, los que han afectado profundamente al proceso, generando cuestionamientos innecesarios cuando compras similares, como por ejemplo la de los Super Tucano, no solo no fue cuestionada sino tácitamente ignorada. Solo queda esperar que el proceso se complete como debe ser y que tanto el gobierno uruguayo como Astilleros Cardama cumplan con su parte del contrato. Uruguay y su Armada se lo merecen.