El caso Milicogate, un fraude al fisco relacionado con el uso de recursos de la Ley Reservada del Cobre en Chile, ya cuenta con su primer dictamen tras el arresto y procesamiento de un coronel de Ejército y de dos proveedores del mismo.
Omar Astudillo, magistrado de la Corte de Apelaciones chilena, dictó el procesamiento del coronel Clovis Montero Barra, el cabo primero Juan Carlos Cruz Valverde y Liliana Francisca Villagrán Vásquez en la investigación que guarda relación con los delitos reiterados de fraude al fisco y falsedad documental, ordenando además la prisión preventiva de la mujer.
Valverde y Villagrán están relacionados con dos empresas proveedoras del Ejército, Tecnometal y Frasim, mientras que Montero solo estaría ligado a Frasim.
Segun los antecedentes recopilados por el organo investigador, la empresa Tecnometal presentó a cobro al Ejército de Chile un total de 233 facturas por un monto total de 1.389.608.049 pesos, equivalentes a dos millones de dólares. Los pagos se hacían efectivos luego de la intervención de terceras personas que falseaban las firmas de las jefaturas. Estas facturas eran ingresadas generalmente por mano, es decir, sin oficios de por medio, al Departamento de Planificación Financiera (DPAF), unidad dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde las recibían determinados "dactilógrafos" o "ejecutivos de cuentas" quienes, en la práctica, eran los encargados de definir el dinero asociados a ellas.
Del mismo modo, el coronel Montero "solicitó y obtuvo la entrega de 161 facturas por 981.955.590 pesos provenientes de la empresa Frasim, por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de toda realidad y respaldo". Este hecho fue rebatido por un informe del propio Ejército chileno, que sostiene que la repartición, "nunca efectuó compras o adquisiciones al proveedor".
En total, las facturas de los ilícitos suman más de tres millones de dólares.