El presidente Gabriel Boric promulga la nueva Ley Antiterrorista de Chile

El presidente de la Republica de Chile, Gabriel Boric, firmó el martes 4 de febrero en el Palacio de La Moneda la nueva Ley Antiterrorista que busca responder a la necesidad de una legislación contra el terrorismo moderna, actualizada y aplicable.

Según el Gobierno de Chile, la normativa promulgada, que deroga la anterior legislación contra el terrorismo, que resultaba ineficaz y carente de legitimidad democrática, se nutre de las mejores prácticas internacionales contra el terrorismo y se hace cargo de la experiencia chilena.

La nueva ley moderniza la persecución penal, mejora la definición del delito terrorista para facilitar la aplicación de la ley, crea el delito de asociación terrorista; sanciona casos de terrorismo individual; y crea el delito de favorecimiento de la asociación terrorista para actos como extorsión, tráfico de drogas o armas.

En la ceremonia de promulgación, el presidente Boric aseguró que “esta actualización de la Ley Antiterrorista es parte del esfuerzo mayor que estamos llevando a cabo para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir al crimen organizado, avanzar con más y mejores herramientas para combatir el delito, con nuevas instituciones, con policías mejor equipadas y más protegidas”.

“El terrorismo no sólo es un ataque contra personas inocentes, es una agresión a la libertad, es una agresión a la democracia y a la convivencia pacífica. Por lo tanto, no es tolerado en Chile”, enfatizó el mandatario

Criterios y técnicas de investigación

La mejora en la definición de delito terrorista permitirá facilitar la aplicación de la ley. Un problema de la norma hasta ahora vigente era la dificultad de probar la existencia de un ánimo terrorista.

La nueva ley establece criterios más claros, señalando que habrá delito terrorista si se busca socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático;  imponer o inhibir alguna decisión de una autoridad del Estado democrático y someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.

Además, serán considerados delitos terroristas la colocación o envío de artefactos explosivos o incendiarios capaces de afectar a una cantidad elevada de personas, y los atentados contra autoridades del Estado, con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas. También se crea el delito de asociación terrorista (AT), sancionando el solo hecho de pertenecer a una organización, independientemente de que ésta cometa los delitos para los que se organiza.

Entre las ventajas de la nueva normativa se encuentra la posibilidad de permitir una persecución penal eficaz y anticipada del terrorismo, y habilita técnicas especiales de investigación como registro de equipos informáticos, captación subrepticia de imágenes y sonidos, entregas vigiladas y el despliegue de agentes encubiertos, así como la técnica conocida como IMSI Catcher.

Una vez en funcionamiento, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública tendrá la facultad de querellarse por estos delitos además de la obligación de proponer al presidente de una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, la cual deberá incluir una propuesta de reparación a víctimas.