Sobrecostes, tiempos y transparencias

Es bien conocido que el importe contractual inicial de un contrato de largo plazo para la adquisición de sistemas de armas por parte del Ministerio de Defensa termina pareciéndose poco al que finalmente se paga. Igualmente es sabido que los plazos de entrega no suelen coincidir con los estipulados inicialmente por diversas razones. Cualquier contribuyente con buen criterio se preguntaría acerca de las causas de esta situación, si esto es normal o resulta en importantes anormalidades y si ocurre en otros países o es privativo del caso español. Intentaremos dar alguna respuesta breve a nuestro contribuyente.

En primer lugar, este tipo de contratos tiene una duración de muchos años, en algunos casos de décadas, lo que lleva a que los contratos se dejen abiertos en algunas de sus cláusulas, lo cual es razonable, hasta cierto punto, siempre y cuando ello no suponga el abuso de posición dominante de alguna de las partes. Pongamos un ejemplo. Para el conjunto de los programas especiales de armamento (PEA´s) españoles, se consideró por la Secretaría de Estado de Defensa en 2011 que alrededor de un 45% del incremento de los costes se vinculaban a modificaciones contractuales derivadas de causas sobrevenidas; otro 42% se debía a revisiones de precios y variaciones en los costes de producción y el resto tenía que ver con partidas abiertas o desconocidas en el momento de la firma del contrato, alrededor de un 13%. La cuestión que cabe plantearse por pura decantación sería: y esto, ¿cuánto cuesta? Pues querido contribuyente, esto le costaba en 2010 unos 7.671 mill. de euros, que en 2012 ya eran 9.384 millones, pero que a raíz de la renegociación de los contratos, la reducción del número de unidades que se van a entregar y el aplanamiento (llevar las deudas a un futuro más lejano), se quedan en unos 5.519 millones de euros. Todo ello partiendo de que la suma del coste de todos los PEA´s (19) a la fecha de la firma de los correspondientes contratos era de 23.960 millones.

No se asuste, estimado contribuyente. Ya hemos dicho que tiene cierta lógica. Sin embargo, hay algunas cuestiones que podrían mejorarse recurriendo a cambios en la gestión de estos programas. Por ejemplo, la centralización de los mismos en un Agencia que se dedique a ello, como hacen muchos países de nuestro entorno. Sé que me va a preguntar por qué no se hace si eso reduce el coste. La respuesta tiene que ver con cuestiones políticas y militares, con el control del poder por parte de quién lo ostentaba hasta ahora en la gestión de los distintos programas. Pero eso no es una cuestión de racionalidad económica. Aunque debo decirle que algo se está haciendo en esa dirección, pero ya sabe que “las cosas de palacio van despacio”.

Bueno, y la otra cuestión relativa a si esto ocurre en otros países habría que responderla. Vayamos con un caso paradigmático. Como bien sabe, los EEUU son el principal productor y exportador de armamento del mundo. Posee una amplísima experiencia en la adquisición y gestión de sistemas de armas y unos instrumentos de control y capacidades administrativas que se encuentran a años luz de las nuestras. Pues con este currículum, también incurren en sobrecostes, algunos de ellos tan espectaculares que llevan a cancelar programas que ya estaban siendo financiados desde hace años. Así, en 2011, respecto del momento en el cual se fijaron los costes y tiempos de entrega del total de programas, los primeros habían aumentado en un 40% y los tiempos se elevaron hasta el 32% por encima de lo estipulado.

Entonces ¡¡no lo hacemos tan mal!!, me dirá mi amigo contribuyente. No es esa la perspectiva. No debemos aplicar el famoso refrán de “en el país de los ciegos el tuerto es el rey”. Se puede y se debe hacer mejor. De acuerdo, puedo plantear alguna solución, aunque la principal se encuentra en manos de aquellos que participan directamente en el proceso, esto es, el Ministerio de Defensa y las empresas a quienes se contratan los sistemas. No obstante, se me ocurre que como contribuyente tiene derecho a una mayor y mejor información. La famosa transparencia que hace correr ríos de tinta podría ser muy útil aquí. Vayamos con el último ejemplo. Conseguir información detallada sobre los PEA´s españoles no es tarea sencilla. No se publica de manera que cualquiera pueda acceder a ella. Habitualmente se esgrime que es información sensible y que tiene que ver con la seguridad nacional. Nada más alejado de la realidad. Verá, volviendo al caso de los EEUU, nos encontramos que la GAO[1] (Government Accountability Office) publica un informe amplio (casi 200 páginas) y accesible de manera libre a través de su web, en el cual pasa revista a los principales programas de armamento que tienen en marcha, con información detallada de costes, su origen, tiempos de entrega, problemas que se observan en el devenir de cada programa, etc. Eso es transparencia. Y da un paso más. En la primera página del citado informe un gráfico explica que más del 41% de los incrementos de costes de los programas se deben a ineficiencias y otros costes, durante el año 2011. Estamos hablando de 31,1 miles de millones de dólares.

Voy terminando, amigo contribuyente. No sé a usted, pero a mí me da envidia. En otras cosas no, pero en la rendición de cuentas, en la apertura de información para que el ciudadano evalúe, conozca, critique y tenga criterio sobre lo que se está haciendo con el esfuerzo del conjunto de la sociedad en el ámbito de la defensa, ahí sí me toca la fibra sensible. Además, imagine lo importante que es para la toma de decisiones que haya información suficiente y que ésta pueda ser analizada por un número importante de expertos de distintos ámbitos.

No creo que tengamos secretos mayores que los que guardan los EEUU en sus sistemas de armas y no creo que elevar el nivel de transparencia sea negativo, muy al contrario, pienso que mejoraría la imagen de las empresas y del Ministerio de Defensa. En fin, le recomiendo que se lea el informe que le he referenciado y que busque algo similar para el caso español y, si lo encuentra, por favor, no deje de avisarme.

[1] GAO (2012) “Defence Adquisitions. Assessment of Selected Weapon Programs”