Felicidades. Se ha conseguido llegar a plantear las capacidades industriales estratégicas que España considera fundamentales y que servirán de base para aplicar el artículo 346 del TFUE. Además, se ha movido ficha de manera clara para dar a conocer explícitamente a las empresas de la industria de la defensa que tienen que realizar un proceso de “consolidación” –como si no fuese evidente desde hace años- o, dicho de manera castiza, de concentración, esto es, fusiones y adquisiciones, básicamente.
No obstante, es necesario subrayar varios aspectos que son de vital importancia para conformar la morfología futura de la industria. El primero de ellos se refiere a las capacidades “seleccionadas”. Cuando se revisan las nueve áreas publicadas por el Ministerio y se piensa acerca de su aplicación industrial, incluso un economista se da cuenta de que está absolutamente todo incluido, es decir, se han planteado de forma tan general que ninguna de las empresas del sector ha de sentirse excluida. Es más, si la orientación, tal y como ha expuesto el propio SEDEF en este mismo medio, es hacia la selección de capacidades, creo que ahí ha acertado plenamente: se han seleccionado todas.
En segundo lugar, con relación a la consolidación, no creo que sea de esperar una ola de fusiones y adquisiciones importante en los próximos meses o incluso par de años. Esto es así por varios motivos. El primero de ellos es la falta de apalancamiento financiero de las empresas del sector. Estos procesos demandan cierto nivel de inversión que no parece que pueda ser afrontado en la actualidad por las empresas más grandes, esto es, los contratistas principales. Si bien es cierto en términos generales, también es posible que asistamos a una cierta integración vertical, de manera que se trate de controlar de forma más intensa ciertas actividades cuyo coste es relativamente bajo pero que permiten tener un papel más activo a las grandes empresas. Así, el control de pymes muy especializadas o de aspectos logísticos puede ser un buen caballo de batalla. Y el segundo motivo tiene que ver con la propia estrategia de las empresas, cuyo objetivo es recuperar la rentabilidad perdida en los últimos años lo antes posible.
Otro de los aspectos a tener en consideración es la defensa del mercado comunitario. Seamos sinceros. Un país como España defiende el mercado comunitario lo justo para no quedarse fuera de él. O al menos así debería hacerlo. La industria española de la defensa posee un tamaño intermedio, unas capacidades intermedias –aunque en algunos sectores de nicho sí es una potencia internacional-, y por lo tanto una posición que la sitúa en el medio de la calle. Esta es la peor de las posiciones. El efecto sándwich está servido. Las empresas españolas no poseen el tamaño necesario como para competir con los grandes grupos europeos, ni las capacidades tecnológicas punteras en algunos importantes segmentos, ni el poder negociador de otros países, ni la política coherente y de largo plazo que sería necesaria para ejercer suficiente presión en defensa de unos intereses nacionales. Pero tampoco es una industria pequeña y sin posibilidades de poder subirse al carro que permite aprovecharse de los grandes países en el ámbito de la defensa. Como reza el dicho popular: ni cabeza de león ni cola de ratón. En este sentido, apostar por un mercado comunitario de la defensa puede ser un arma de doble filo. Es importante apostar por ello, pero más aún apostar por un papel digno en ese mercado.
En cuarto lugar, ahora es el momento de realizar una política industrial de defensa clara, de largo plazo y coherente. Algo en lo que llevamos un importante retraso. ¿Qué sería de esperar de esta política? Básicamente una definición del sector y de los objetivos que se plantea. Conocer si la política va a ser “low cost” o no, por lo que habría que plantearse los resultados esperados de la misma. Para ello hay que partir de reconocer que ninguna política es gratis. Además, es fundamental definir la función o funciones objetivo a optimizar, ya que no es lo mismo la búsqueda del mayor “value for money” para el consumidor, que la búsqueda de ventajas competitivas para la industria y los efectos que genera en términos de empleo o competitividad, que la minimización del coste de adquisición de los sistemas, etc.
En quinto lugar, la elección de las funciones es clave: en algunos casos aparecen contradicciones entre ellas y es necesario establecer un orden de prioridad. Es en este caso en el que resulta más importante una definición inequívoca del orden de prelación asignado a cada función.
En definitiva, se ha planteado un conjunto de frentes cuya convergencia y coherencia requiere de una buena dosis de tiempo y toma de decisión que debería afectar a la política industrial de defensa en el largo plazo. Me gustaría pensar que la miopía de los cuatro años no se va a imponer y que el interés general va a estar por encima de cualquier otra consideración. Como le ocurriera al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, llegamos tarde, pero la cena está servida.