Tendencia del crimen en el Perú: alternativas de solución en base a la experiencia comparada internacional y2

Paralelamente, expertos en seguridad ciudadana y convivencia pacífica, plantearon reforzar la División de Investigación de Secuestros y Antiextorsiones de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, unidad de élite que ha dado los golpes más importantes contra crimen organizado pero que no se da abasto con sólo cien efectivos; por lo tanto, se propuso quintuplicar el número de agentes de esta unidad y constituirla en la cabeza de un subsistema nacional. También, triplicar el número de agentes de inteligencia y de detectives, que hoy no supera los diez mil efectivos en todo el Perú; es decir, menos del 10% de una Policía Nacional con 123 mil integrantes. En esa ruta correcta, el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y el ministro del Interior, acordaron -por primera vez- formar equipos técnicos de trabajo que propondrán soluciones efectivas contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Planes de trabajo

Empero, el Ministerio de Justicia del Perú, brindó una visión preocupante, en su 'Plan de Trabajo 2013-2014', donde alertó de que: “la información estadística disponible sobre la criminalidad, proveniente de los registros administrativos de los sectores involucrados (Ministerio Público, Ministerio del Interior (Mininter), Poder Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario), sufre una serie de deficiencias, que ponen en duda la calidad de la información que permita adoptar políticas de prevención, control y represión de la criminalidad”. Al tanto de esta crítica situación, en septiembre del 2015, el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que preside el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, fijó como un objetivo prioritario materializar un 'Sistema Integrado de Estadísticas de Criminalidad y Seguridad Ciudadana'; en apoyo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc).

En esa vía positiva, el Mininter, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, en septiembre del 2015, declaró que la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) es fundamental para asegurar que la administración de la información estadística oficial en materia de seguridad ciudadana se realice en forma integrada, coordinada, racionalizada, en base a una normatividad técnica común y bajo la rectoría del INEI. Con ese mismo enfoque, se instaló en junio del 2015, el Comité Técnico de Coordinación del Sinasec (Cotecosinasec), encargado de asegurar la calidad de la información estadística en materia de seguridad ciudadana, en cumplimiento de los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Estadística. Adicionalmente, se ha ejecutado la primera fase para implementar el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC), y se tiene proyectado crear Observatorios Regionales, Provinciales y Distritales, articulados al ONSC.

Por lo pronto, un gran paso ya ha sido dado en los últimos años, al poner en funcionamiento unos once Observatorios de la Criminalidad, en diversas instancias regionales y distritales del Perú, aunque todavía con limitados niveles de operatividad y eficacia; cuyo objetivo central es recolectar y analizar con un método científico de análisis, información pertinente para conocer a fondo las características y tendencias del fenómeno delictivo en sus respectivas circunscripciones. En esa ruta, para revertir la mayor intensidad y expansión del crimen organizado y la inseguridad ciudadana, la experiencia comparada internacional sugiere edificar un subsistema de justicia criminal constituido por policías, peritos, fiscales, jueces, procuradores, agentes penitenciarios e integrantes de la UIF; correctamente seleccionados, óptimamente capacitados, con una infraestructura adecuada y logística moderna para cumplir cabalmente sus funciones; además, bien remunerados y con una línea de carrera profesional atractiva y que genere tanto legitimidad como respeto ante la sociedad.

Las policías del mundo

La práctica internacional también enseña a través del FBI, Interpol, Europol, Agencia Contra el Delito Serio y Organizado del Reino Unido, Servicio Canadiense de Inteligencia Criminal, Comisión Australiana contra el Delito, Servicio Nacional de Inteligencia Criminal de Holanda o Países Bajos; tanto como sistemas o agencias similares en Brasil, Colombia, Argentina y Chile; que la creación de una doctrina y un sistema nacional de Inteligencia Criminal (IC) o inteligencia sobre el delito; es un instrumento fundamental para prevenir y/o enfrentar al delito complejo o crímenes de alto impacto, perpetrados por organizaciones del tráfico ilícito de drogas, crimen organizado y terrorismo, entre otros.

Entendiendo a la IC, como la aplicación de la metodología propia de la actividad de inteligencia estratégica (particularmente en materia de análisis y mediante el ciclo de producción de inteligencia), a la investigación y desarticulación de organizaciones criminales, así como de formas delictivas que por su complejidad, gravedad, reiteración y consecuencias, no logran ser prevenidas y neutralizadas por la investigación policial, fiscal o judicial convencionales. Si en el Perú, ya operan varios estamentos para vigorizar la cooperación e interoperabilidad en la lucha contra la criminalidad, como el Conasec; Conapoc; Sinasec; Cotecosinasec; y se implementa un ONSC, interconectado a observatorios regionales, provinciales y distritales; entonces, estas entidades podrán constituirse en proveedoras de información y elementos de juicio para el sistema de IC.

No obstante, es altamente probable que en el Perú, para poder crear un sistema y una doctrina de IC (implica fundar una Dirección Nacional de IC adscrita al Mininter e independiente de la central de inteligencia nacional), antes sea necesario recurrir a una idónea asesoría estatal externa (por ejemplo, de EEUU, Reino Unido, Israel, Colombia, Francia y/o España); para que transfieran su eficaz modelo de seguridad e inteligencia nacional y la adapten a la singular idiosincrasia institucional peruana, buscando robustecer la frágil cultura de seguridad del país. Toda vez que, ha quedado demostrado durante los últimos quince años, que el Estado peruano fue incapaz de reconstruir su central de inteligencia nacional, luego de las tropelías del SIN en la década del noventa y del CNI en el Gobierno de Toledo.

Recursos y política

Lo anterior, así mismo, se sustenta en el hecho de que -con diferente enfoque- tanto el informe de la Comisión Reorganizadora de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en agosto del 2015, y el informe del pleno del Congreso de la República en diciembre del mismo año; confirmaron que la DINI -a pesar de su significativo aumento presupuestal de los últimos años-, no solo desvirtuó sus funciones para dedicarse al seguimiento a políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos comunes; sino que además, en medio de una defectuosa estructura organizacional, legal y administrativa, lo más grave es que está incapacitada para cumplir su principal misión: por carecer de los recursos humanos suficientes para producir inteligencia estratégica que permita reducir la incertidumbre en los tomadores de decisiones al más alto nivel del Estado, sobre riesgos, amenazas y oportunidades en materia de seguridad, defensa y desarrollo nacional.

Finalmente, todo lo mencionado debe materializarse a través de un consistente liderazgo desde el más alto nivel estatal, pero con una política de Estado que trascienda al impulso de una sola administración gubernamental, para que se arraigue dentro del tejido social en su conjunto en el mediano y largo plazo, por medio de una curva de aprendizaje (ensayo-error/tiempo/avance), y un perfeccionamiento paulatino que involucre e integre al resto de los poderes del Estado, ministerios, policía nacional mejorada y fortalecida, sectores e instituciones estatales y privadas junto a la comunidad organizada. En definitiva, todos los implicados en la esfera de la gestión de la seguridad pública, enfatizando estrategias pro-activas de prevención del delito con activa participación de la comunidad (Policía Comunitaria); y un análisis estratégico permanente sobre las tendencias del fenómeno criminal (IC), que oriente a los dirigentes nacionales en la toma de decisiones sobre políticas, estrategias y planes de acción en esta esfera.

Fotos: Infodefensa.com

Ver PDF con el artículo completo