Autoritarismo digital

Según la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt), organismo público que ofrece información oficial, los presupuestos generales del Estado de 2019 para I+D+i eran 2.041 millones de euros en datos constantes del año 2000. Un tercio menos que hace 10 años. Un 1,57% sobre el total de presupuestos, con una caída de un punto durante la década. La financiación pública dedicada a Defensa, que era en 2007 el 2,7% del total, solo representa el 1% en 2017, último año para el que se ofrecen datos oficiales. No entraremos en ese análisis.

Las inversiones totales procedentes de empresas estuvieron por debajo de las de la administración pública hasta 2012. Desde entonces se invierte la situación y la actividad empresarial supera en un 4,5% a la pública.

En el sector de biotecnología, siempre según la FECYT, la administración invertía 460 millones de euros en 2007, un 41,19% del total de esa línea de actividad. En 2017 el porcentaje era un 36,18%. En ese periodo las empresas pasaron de aportar 376 millones a casi 680. En términos porcentuales, la aportación de las empresas en biotecnología pasó de un tercio en 2007 a un 40% en 2017. Las actividades de la enseñanza superior se han mantenido estables ligeramente por debajo del 25% del total del sector.

En 2007 invertían en I+D para biotecnología 561 empresas (90% pymes). En 2017 habían pasado a ser 1056 (un 92% pymes), con una aportación al total de innovación tecnológica de un 4%. Por ofrecer datos de contraste, en 2017 en el sector de información y comunicaciones desarrollan actividad en I+D un total de 1642 empresas (93% pymes), que aportan el 14% del gasto total en innovación.

Siempre según datos oficiales, España ocupa el puesto 12 en el ranking mundial de producción científica y el cuarto en la Unión Europea. La tasa de excelencia de las actividades de inmunología y microbiología en España está próxima al 25%, al igual que en bioquímica, neurociencias o ciencias medioambientales. Esa tasa, que mide la influencia de las publicaciones científicas de un país, solo es superada en España por la ingeniería química o la energía. La tasa en actividades de ciencias de decisión o de la computación está entre el 5 y el 10%.

De los datos oficiales, extraemos dos conclusiones que, de momento, son libres aunque subjetivas. La actividad empresarial en I+D en España es superior a la que realiza la administración, con una aportación muy significativa de pymes que son de titularidad privada. La pérdida de peso del sector público no ha afectado a la calidad de la comunidad científica que tiene un alto nivel de excelencia.

Es previsible que la crisis del Covid 19 provoque un mayor esfuerzo en investigación biotecnológica. Otras tecnologías, como la fabricación aditiva, se podrán ver favorecidas porque han demostrado su valor para la industria 4.0. Por su parte, las autoridades se están viendo muy atraídas por las posibilidades de las tecnologías de información y comunicaciones, especialmente con las relacionadas con el manejo de grandes volúmenes de información o con inteligencia artificial.

El desarrollo de esas tecnologías tendrá ventajas. También inconvenientes. Como lo tuvo el desarrollo de la energía nuclear que en manos de dirigentes irresponsables, como el doctor Strangelove de Kubrick, hubiera podido dar lugar a un holocausto. En un 'Mundo Orwell' del que se nos ha alertado con acierto, es importante no confundir tecnología con ideología. Algo que hicieron el Nsdap alemán o la Unión Soviética con los resultados que conocemos.

La tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos. Los poderes públicos son responsables de garantizar la seguridad y los derechos y libertades fundamentales. El mundo del Derecho tendrá mucho que decir para velar que las aplicaciones que se hagan de las nuevas tecnologías se ajusten a ley y así preservar los valores que han hecho libres a los ciudadanos que, por fortuna, vivimos en el mundo occidental.

La responsabilidad política es muy grande. El desarrollo tecnológico no debe interpretarse como un medio para hacer ingeniería social. Pongamos la tecnología al servicio del bienestar de los ciudadanos y tengamos precaución ante el riesgo del autoritarismo digital.