El Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de Costa Rica podrá operar embarcaciones decomisadas del crimen organizado y narcotráfico, con base en una ley especial sancionada por el presidente, Carlos Alvarado, y el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.
La firma de la Ley 9579 tuvo lugar, el pasado 6 de julio, en Casa Presidencial, en San José, en el marco de la instalación oficial del Consejo Nacional de Seguridad, que estará presidido, por primera vez, por el presidente Alvarado.
Al comentar la trascendencia de esta legislación, el ministro Soto explicó que anteriormente existía una serie de limitantes que impedían al SNG hacer uso de esos bienes en sus operativos en alta mar de combate al narcotráfico y a la delincuencia. Pero también, desecharlos o donarlos para otros fines de interés nacional.
“Esto provocó que centenares de esos bienes navales se deterioraran por el desuso hasta dejarlos prácticamente inservibles y que se acumularan en los depósitos del Servicio de Guardacostas”, dijo Soto.
Con esta nueva legislación, las autoridades de guardacostas valorarán si las características propias de los equipos son adecuadas para aprovecharlas en sus operaciones. De lo contrario, podrán venderlas, entregarlas como pago, utilizarlas de repuestos o bien donarlas a instituciones, juntas de educación, comités cantonales de deporte o asociaciones de desarrollo integral.
En caso de que la donación resulte inviable, peligrosa o inconveniente, se autoriza al Servicio de Guardacostas que proceda con la destrucción del bien.
El Consejo Nacional de Seguridad, instalado este viernes, es el ente encargado de definir las estrategias nacionales que se implementarán para combatir la delincuencia en el país.
Estará presidido por el presidente Alvarado, bajo la Secretaría Técnica del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien además tiene la rectoría en Seguridad Ciudadana y Justicia. Los otros integrantes son el Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Gobernación y Policía, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Dirección General de Migración y Extranjería y Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Alvarado expresó que la ruta a seguir para reducir los índices de criminalidad estará centrada en la prevención (como eje prioritario), presencia policial y articulación institucional.
En la primera sesión, la directora de Migración, Raquel Vargas, hizo una exposición sobre la forma cómo el país está preparado para enfrentar una crisis migratoria como consecuencia de la situación que vive Nicaragua.
Mientras que el ministro Soto anunció el fortalecimiento de los exitosos megaoperativos policiales con acciones interinstitucionales, ampliándolos a otras áreas y sectores como la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando, operativos de control de carretera en coordinación con el tránsito o en zonas fronterizas.
“Con Panamá, ya iniciamos operativos conjuntos en la zona limítrofe, con muy buenos resultados”, indicó Soto.
El Consejo Nacional de Seguridad sesionará en Casa Presidencial al menos una vez al mes -o de manera extraordinaria en casos de emergencia- al ser convocados por el presidente Alvarado o por el secretario técnico del Consejo, Michael Soto.