​Iván Duque y un triste legado para la defensa colombiana

"Hoy les podemos decir que con el fortalecimiento de esas capacidades, con la disposición política y con la contundencia de asignación de recursos, le dejamos a Colombia un sistema de defensa nacional que busca de aquí a los próximos 20 años, con 13,1 billones de pesos asignados, fortalecer las capacidades aéreas, terrestres y marítimas para garantizar la soberanía de Colombia", aseguró el ministro de defensa saliente de Colombia, Diego Molano, en días recientes.

Por su parte, Jairo García, viceministro de Defensa (estrategia y planeación) sostuvo: "Este es un legado que le damos al sector defensa, un ejercicio que ha sido trabajado con todos y cada uno de los miembros de la fuerza pública y que va a permitir determinar ese ejercicio de renovación de capacidades, no solamente como una proyección escrita, sino con los recursos necesarios para que se puedan tomar las decisiones para la renovación de esas capacidades".

Estas declaraciones se realizaron justo una semana antes de la terminación del actual periodo presidencial y en el marco de la rendición de cuentas del sector y de la reunión de las comisiones de empalme de la administración del presidente Iván Duque y su sucesor Gustavo Petro.

Sin embargo, algo que ambos funcionarios olvidaron mencionar fue la solicitud expresa del próximo gobierno, de detener cualquier proceso de compra o adquisición de sistemas o equipos de defensa que se estuviera llevando a cabo a la fecha, pues los mismos no son –ni serán- una necesidad para la nueva administración nacional.

Y es que el entrante presidente, así como miembros allegados de su coalición de gobierno, han sido reiterativos en dejar en claro que la compra de equipos para las Fuerzas Militares no son una prioridad –por lo menos a corto plazo- sino que las intenciones estarán más bien dirigidas a adelantar sendos procesos de paz con todas las organizaciones criminales o grupos armados organizados y a dirimir por la vía diplomática, del diálogo y del acercamiento las diferencias con países vecinos, tal y como ya ha sucedido esta semana, luego de la reunión del canciller designado con autoridades venezolanas y que tuvo como objeto la reanudación inmediata, a partir del 7 de agosto, de las relaciones entre ambas naciones.

Esta posición choca de por sí con lo proyectado, planeado y financiado (en el papel) por el gobierno de Duque, que habría planteado la modernización de las Fuerzas Militares, en un proceso -denominado "macro proyecto"- a 20 años valorado en 3.000 millones de dólares, sumas con las cuales, nuevamente en el papel, se esperan modernizar los fuegos aéreos, navales y terrestres a lo largo de las siguientes cinco administraciones presidenciales.

¿Por qué no lo hizo Duque?

Después de las declaraciones de los funcionarios, la pregunta es obvia: ¿Por qué la actual administración presidencial no lo hizo?. La respuesta no implica en lo absoluto haberse avocado a la compra de la totalidad de sistemas requeridos por las FFMM, pero si por lo menos a la firma de los contratos para la adquisición de una serie de sistemas escogidos a través de procesos detallados y sustentados técnica y financieramente por las Fuerzas en su conjunto.

Pero independientemente de cuál sea la respuesta y de las justificaciones para ella, en la práctica poco, por no decir nada, se hizo por parte del actual gobierno para fortalecer el Sistema Integral de Defensa Nacional (Siden).

Y esto es fácilmente demostrable, pues tras tres años y nueve meses, tiempo en el que se le prometía a la cúpula de las Fuerzas Armadas no solo acompañarlas y apoyarlas sino además fortalecerlas a través de la renovación, actualización y modernización de sus sistemas, finalmente nada de ello sucedió o se dio como se planteó originalmente.

Esta administración a la sazón fue en extremo temerosa para la toma de decisiones que, aunque políticamente costosas y poco populares en principio, tuviesen como objetivo el fortalecimiento de las capacidades mínimas disuasivas y la posibilidad de proyectar poder regional, suficiente para desalentar cualquier amenaza regional, trasnacional e incluso global (el ciberterrorismo, por ejemplo) que se cerniera sobre el país tal y como efectivamente sucedió durante el 2021,con las infiltracones en las jornadas del paro nacional por parte de agentes y medios identificados luego como provenientes de países extranjeros, entre ellos uno vecino.

Una oportunidad perdida

De igual manera, a pesar de encontrar adelantados procesos para la compra de material, cuyos sistemas y modelos ya habían sido seleccionados, esta administración dilató los mismos, a tal punto de decidirse a la escogencia nuevamente de modelos, de visitar los países en donde los mismos se fabricasen, de comunicar su decisión y rubricar intenciones, pero sin firmar los contratos de compra apoyándose en ese macro proyecto, que da aparente seguridad jurídica y financiera y que hubiese servido de suficiente sustento para iniciar los procesos de adquisición. Nada se materializó desafortunadamente, dejando la responsabilidad en gobiernos futuros cuando eran estos, y no otros, los momentos para la concreción de todo lo proyectado.

No se pueden entonces dirigir críticas a la entrante administración, ni a las futuras, cuando han dejado suficientemente claras sus intenciones de priorizar la inversión en otros sectores y no así en el de la defensa, más cuando no se tuvo el coraje, pero sobre todo la madurez política para realizarlo.

Y ese temor manifiesto no solo se proyectó en el sector de la defensa sino que además tuvo un impacto en extremo negativo en la seguridad, la convivencia ciudadana y sobre todo en el orden público, dejando luego de cuatro años a unas organizaciones criminales fortalecidas, las tres principales (ELN, disidencias/reincidencias FARC, Clan del Golfo), con cerca de 12.600 integrantes tanto en armas como en redes de apoyo, que producen cerca de 1.100 toneladas de cocaína, comercializando aproximadamente 550 y microtraficando dentro del país unas 100. No se planteó una política de seguridad y convivencia coherente y que fuese más allá de la neutralización o captura de cabecillas, que una vez muertos, simplemente dejaban el espacio para el siguiente que los reemplazase.

En síntesis, un gobierno, el de Duque, en extremo funesto para el sector defensa, desconocedor de sus realidades y lento, pesado y torpe frente a sus necesidades, a tal punto que sus intervenciones en consejos de seguridad regionales o locales, o su presencia en actos que versaron sobre estos temas, solo sirvieron para que algunos funcionarios locales deslumbrados (como sucedió en días pasados en El Salado) le pidieran selfies al saliente presidente. Para nada más.