Helicópteros, botes y desminado: EEUU ratifica medidas de congelamiento de operaciones con Colombia

Tal como lo anticipó Infodefensa.com el lunes pasado, el Gobierno estadounidense ha tomado medidas para congelar no solo el suministro, sino el mantenimiento y la operación de sistemas y servicios de defensa y seguridad para Colombia.

De esta forma, los programas del tipo INL (antinarcóticos) y HCI (seguridad nacional) que se desarrollan en esta nación han sido condicionados, mediante el congelamiento en la ejecución de los contratos de enlace, asistencia y asesoramiento que venían prestando oficiales colombianos retirados (generales, coroneles y capitanes de navío) que a partir de esta semana cesan sus actividades con las Fuerzas Militares y de Policía.

Guardacostas y Sistema Táctico Naval

La directriz estadounidense se amplia también a la Armada Nacional (ARC). Según pudo saber Infodefensa.com se bloquearían recursos por 168.000.000 de dólares, presupuestados para el apoyar al Cuerpo de Guardacostas (acuerdos y recomposición de la relaciones logradas por el actual Comando de esta fuerza —Coarc— fuertemente afectadas en los últimos años).

Junto a esto, se habría suspendido también el proceso para la incorporación del sistema táctico naval de la OTAN, del tipo L3 Harris Link 16 (como reemplazo del  sistema LinkCo), que se encontraba en una fase adelantada.

Black Hawk

En relación a la operación de la flota de helicópteros del tipo LockHeed Martin (Sikorsky) UH-60A/L Black-Hawk de la Aviación Policial y de la División de Aviación, Asalto Aéreo del Ejército, este diario pudo confirmar que desde el pasado domingo 26 se le advirtió al Gobierno colombiano sobre la interrupción de la asistencia financiera para la operación y mantenimiento de la totalidad de aeronaves.

En la misma linea, se detendrían las ayudas para las operaciones de Desminado Humanitario en Colombia por valores aproximados a los 16.000.000 de dólares, así como el suministro de imágenes satelitales a la Fuerza Aeroespacial (FAC) y la posibilidad de iniciar investigaciones sobre el origen de los fondos de cuentas y productos bancarios a nombre de altos funcionarios del Gobierno colombiano (o de sus familiares), tanto en los Estados Unidos como en el exterior.