La Policía Nacional de Uruguay recibió oficialmente el 13 de febrero su cuarto helicóptero Robinson, en este caso una unidad del modelo R66, adquirido por 1,2 millones de dólares directamente a la fábrica.
La unidad, que junto con los otros tres helicópteros Robinson R44 (incluyendo uno de ellos del modelo Police) y una aeronave Cessna 182, forman parte de la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional, es el primero con motor turbina y posee un gancho externo para izado de cargas de hasta 300 kilogramos, algo que las otras aeronaves no pueden hacer y además puede ser equipado con instrumentos similares a la versión Police, incluyendo un faro de búsqueda.
La Policía Nacional de Uruguay ha recibido un enorme influjo de fondos para adquirir materiales, incluyendo armamento, vehículos blindados, aeronaves y toda una parafernalia de elementos para ayudar a combatir una ola gigantesca de delitos que esta afectando a todo el país. Sin embargo, los niveles de delincuencia no han disminuido, con aumento de delitos violentos como homicidios y rapiñas, como así también trafico de estupefacientes a gran escala.
A esto se suma un sistema judicial sobrecargado, con leyes extremadamente permisivas y jueces y fiscales que muchas veces buscan una solución rápida a los juicios con penas sustitutivas para los reos, lo que ha generado gran malestar en la población en general. La falta de colaboración entre la policía y la rama judicial también se ve como un escollo para lograr los procesamientos de delincuentes como así también la corta formación policial, como la flexibilización de los criterios de ingreso, ha causado que muchos uniformados no están lo suficientemente capacitados o motivados para cumplir su función.
El nuevo gobierno, que asumirá el 1ero de Marzo, ha prometido una lucha frontal contra el delito, proveyendo de mejores herramientas y más apoyo político a la Policía y la aplicación de la mano dura contra los delincuentes. Si bien desde filas de la futura oposición, hoy gobierno, se han levantado dudas sobre la efectividad de la mano dura y la posibilidad de hechos de ‘gatillo fácil’, buena parte de la población apoya un cambio en la lucha contra los delincuentes incluyendo el reclamo de que fuerzas militares tomaran el control de la seguridad interna de la nación.
En ese sentido, si bien se han aumentado las potestades de los militares, sobre todo para la patrulla de fronteras ampliando sus responsabilidades y área jurisdiccional, esta claro que utilizar fuerzas militares para el combate abierto a la delincuencia no sería la solución ideal, por lo menos en lo inmediato, dejando que el trabajo sea cumplido por la Policía, de la que se espera comiencen a dar vuelta las estadísticas.