La contratación pública, motor que impulsa la economía

Entre los datos que ofrece el Mapa de la Contratación de IDS destaca el incremento del volumen de contratación del Ministerio de Defensa durante 2015, que ha alcanzado los 429 millones de euros. Una cifra que a la vista del contenido del documento los expertos analizarán y pondrán en valor.

En la jornada organizada hace unas semanas por Aesmide sobre contratación se plantearon diferentes visiones sobre esta materia. Nos quedamos con algunas ideas. En primer lugar la afirmación de que la contratación pública es un motor que impulsa la economía. Una idea que debiera ser central. No se trata de "gastar" sino de generar riqueza a través de inversiones adecuadas.

En segundo lugar señalamos algo que pudiera parecer una obviedad, pero que, lamentablemente, no lo es tanto. Los contratos hay que cumplirlos. Tanto por parte de la Administración como por parte de los contratistas. Para ello hay que presupuestar los fondos necesarios y así poder pagar.

Estas dos ideas plantean a su vez diferentes aspectos de interés.

En relación con las posibilidades de generación de riqueza, los organismos públicos, especialmente en Defensa, deben conjugar eficiencia con eficacia. Algo realmente complejo en las circunstancias actuales por la diversidad de fuentes financieras y las dificultades que plantean. Por ejemplo, el Ejército del Aire en 2007 recibía 2/3 de los fondos en presupuesto ordinario, y 1/3 en créditos para operaciones de paz. En 2016 se ha invertido ese reparto, lo que complica la gestión y dificulta el establecimiento de contratos plurianuales.

Quizás más importante todavía es que esta disponibilidad de fondos, que normalmente se recibe cuando ya está bien avanzado el ejercicio, impide o al menos dificulta el establecimiento de estrategias de contratación adecuadas. Algo que es realmente imprescindible puesto que, dado lo complejo y prolongado de los procesos de contratación, hay que compaginar el planteamiento de las necesidades con los procesos de contratación para obtener los bienes o servicios correspondientes con oportunidad y coherencia en el tiempo.

No nos cabe duda del esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Defensa para obtener sinergias que permitan mejorar la eficiencia. Diferentes mecanismos como el Plan Anual de Contratación de Defensa, el Plan de Adquisiciones Centralizadas, los acuerdos marco o la centralización de contratos para externalización de determinados servicios son algunos ejemplos. Diferentes mecanismos que contribuyen, como decimos, a mejorar la eficiencia pero sin olvidar la eficacia.

Desde ese punto de vista la ejecución fallida de contratos produce que no se proporcione un servicio o se obtenga un bien. En el caso de Defensa esto puede afectar a la seguridad y sin duda a la operatividad de las unidades. De esta idea deriva la necesidad de que el contratista sea fiable y que esté en disposición de cumplir con su obligación contractual. Si esto no se produce, a menudo la administración está indefensa y no tiene demasiado margen de reacción para reconducir la situación.

La responsabilidad de los contratistas es pues importante. Con no poca frecuencia las adjudicaciones a las ofertas económicamente más ventajosas ocultan la realidad sobre la capacidad del contratista para cumplir con su obligación.

Por otra parte, igualmente con no poca frecuencia, se producen recursos que paralizan las adjudicaciones. En el caso de Defensa los recursos que prosperan son mínimos, casi testimoniales. La contratación realizada es correcta pero los recursos retrasan la obtención de los bienes o la ejecución de los servicios, creando problemas para el contratante y para otras empresas. Nuevamente esos recursos sin fundamento suficiente afectan a la seguridad.

Podemos afirmar que en Defensa se dispone de estructuras de contratación sólidas y profesionalizadas. La pregunta es si las empresas saben contratar con la Administración. Para ello es necesario asesorar a las empresas desde la propia Administración, lo que a la larga ahorraría tiempo y dinero. La formación de especialistas en contratación pública dentro de las empresas iría, por tanto, en beneficio propio y también de la Administración que ofrecería así un mejor servicio público.