El precio de la paz

En un encuentro en París con asistencia de Manuel Valls e intervenciones del presidente de la comisión de defensa del Senado, el Jemad, el DGA y dirigentes industriales se ha reclamado el incremento del presupuesto de defensa francés hasta el 2% del PIB. Todos juntos: parlamentarios, responsables de la defensa, autoridades militares e industriales.

La ausencia de representantes del Ministerio de Finanzas pone de manifiesto un divorcio entre los intereses de seguridad y de política económica que no son exclusivos de nuestro vecino. Los llamamientos de la señora Mogherini para incrementar el esfuerzo europeo en seguridad contrastan con los objetivos de otras políticas comunitarias.

Europa tiene un problema. Hay que ajustar los datos macroeconómicos limitando los niveles de déficit y deuda pública, pero desde el punto de vista de la seguridad crecen las amenazas y se deben afrontar mayores riesgos. En algunos países la percepción de amenaza y la preocupación por garantizar la seguridad de los ciudadanos ha llevado a aumentar las inversiones en defensa y seguridad.

El Jemad francés ha dicho que es el precio de la paz y la libertad. En Francia las inversiones de defensa suponen el 1,78% del PIB (1,44 sin contar pensiones). El objetivo del 2% supondría pasar de los 32.000 millones de euros actuales hasta unos 41.000 en 2020. Alrededor de cinco veces el presupuesto de defensa español consolidado.

Pero no se trata solo del precio de la paz y la libertad. El presupuesto de defensa representa el 13,7% del presupuesto del Estado francés. Su Ministerio de Defensa participa en el 81% de la inversión pública nacional. Con un presupuesto para inversiones en equipamiento superior a los 10.000 millones de euros anuales, la DGA es el principal inversor público.

Este ejemplo contrasta con el caso español. Con unas perspectivas políticas cada vez más inciertas, la preocupación de nuestros políticos por la seguridad es prácticamente nula. La implicación del Parlamento responde más a cuestiones de demagogia partidista que a una preocupación real por la situación de nuestra defensa. La mezcla de un parlamento sin cultura (de defensa) y de una situación de bloqueo para la constitución de gobierno puede producir, si no lo está haciendo ya, efectos que pueden afectar a largo plazo.

El cierre anticipado del ejercicio 2016, la decisión de no afrontar el pago de los compromisos contractuales y la prórroga del presupuesto para el ejercicio 2017 pueden suponer que a la larga tengamos que pagar un precio demasiado alto.

Algunas fuentes evalúan los efectos del cierre anticipado del ejercicio en una no disponibilidad real del entorno de los 150 millones de euros. Esto afecta al sostenimiento de los sistemas, la modernización del equipamiento, y la instrucción de nuestros soldados y marineros. No son menores los efectos sobre la prestación de determinados servicios (alimentación) o sobre cultura de defensa (cierre temporal del Museo del Ejército).

Para muchas Pymes que desarrollan su actividad a nivel local en contratos de mantenimiento o de prestación de servicios puede suponer la puntilla a su supervivencia.

El anuncio de prorrogar los actuales presupuestos, es ya de por sí una mala noticia que demuestra la incapacidad política a la que se ha llegado. Casi con seguridad esa situación implicará con carácter inmediato tras su confirmación, la no disponibilidad de algunas partidas, lo que hará aún más complicada la situación durante 2017.

Desde el punto de vista de las grandes inversiones el problema es doble. Por un lado, el impago de 2016 y el probable en 2017 nos retrotraen a la situación de 2012. Con un matiz importante. Será difícil realizar una nueva renegociación de los programas puesto que las grandes corporaciones seguramente no concedan credibilidad a unas autoridades españolas que entran en morosidad por segunda vez en menos de una década y con gobiernos de distinto signo político. La influencia nacional en dos de los grandes contratistas, ADS y General Dynamics, es ciertamente limitada, por lo que se está arriesgando su presencia estratégica en España.

De cara al año 2018 habrá que tomar decisiones políticas importantes en varios grandes programas de los que depende la viabilidad de buena parte de nuestra industria de defensa. La materialización del llamado nuevo ciclo inversor está por ver. A no ser que se produzcan cambios drásticos en el futuro inmediato (hablar de próxima legislatura es aventurado) no se podrán abrir nuevos programas. Una situación que nuestra industria difícilmente podrá soportar.

No pensamos que el adelanto del cierre del ejercicio 2016 sea un problema coyuntural. La prórroga del presupuesto, y una tercera ronda electoral con un gobierno en funciones durante el primer trimestre del 2017 es un escenario todavía más difícil. Sus efectos pueden afectar de forma significativa a la viabilidad estratégica de nuestro sector industrial de defensa.

El problema es trascendente: descapitalización de la defensa, cierre de empresas, incremento del desempleo, pérdida de credibilidad internacional, reacciones de las grandes corporaciones, por citar solo algunos de los efectos que pueden ser más evidentes. Sería bueno que militares e industriales abandonen su mutismo y presenten con claridad a los ciudadanos lo que se está arriesgando.

Los franceses están dispuestos a pagar el precio de la paz y de la libertad incrementando su presupuesto de defensa. Para España y los españoles no hacerlo puede ser mucho más costoso.

"Aunque los españoles tienen ingenio, capacidad y medios

para restaurar su país, no lograrán hacerlo;

y aunque enteramente capaces de salvar su Estado,

no lo salvarán porque les falta voluntad de hacerlo".

Sebastiano Foscarini, embajador de Venecia en Madrid de 1682 a 1686. Citado por Brenan, G. en “El Laberinto Español”.