No cabe duda que las decisiones de los gobiernos afectan a la industria de defensa. Esto es una obviedad. Quizás no sea tan evidente que determinadas decisiones empresariales afectan a los intereses nacionales, especialmente, las que toman las grandes corporaciones multinacionales.
La facturación anual global del sector británico se sitúa ligeramente por encima de los 20.000 millones de libras. El sector proporciona algo más de 140.000 empleos directos de los que aproximadamente una cuarta parte son empleados de BAE en el Reino Unido. Aproximadamente dos tercios de la actividad de la compañía se centra en el mercado anglosajón y su principal cliente individual es el Ministerio de Defensa británico, del que es el proveedor de referencia tanto en sistemas aeronáuticos como navales y terrestres. La corporación británica es, por otra parte, uno de los principales accionistas de Airbus.
En octubre pasado, BAE anunció una reestructuración de la compañía con una reducción de 2.000 empleos directos en el Reino Unido. Las razones anunciadas por la dirección de la compañía aludieron a cambios en el entorno global, como consecuencia de la nueva situación producida por el Brexit, la disminución de pedidos en el sector aeroespacial, y por la necesidad de afrontar el futuro en condiciones más competitivas. Una decisión con efectos importantes que trascienden al ámbito puramente comercial. Así se ha visto desde el Ejecutivo y el Parlamento británicos.
El Ministerio de Defensa publicó en diciembre pasado una actualización de la política industrial de defensa. Entre las medidas que incluye destacan la necesidad de una mayor colaboración interministerial en la definición de la estrategia industrial; fomentar el diálogo y el intercambio de información entre Ministerio de Defensa y contratistas; incidir en el apoyo a la internacionalización; y, por último, pero no menos importante, la necesidad de revisar los procesos internos y de disminuir la carga burocrática para agilizar la manera de hacer negocio con el Ministerio de Defensa, medidas especialmente dirigidas a las pymes. La visión británica conjuga así el doble papel del ministerio, como cliente de referencia y como regulador, para facilitar la actuación de la industria en los diferentes mercados.
La llamada a la colaboración interministerial se ha traducido en la creación de un grupo de trabajo entre autoridades de defensa, industria, trabajo y educación para analizar la problemática concreta en torno a la reestructuración de BAE. En ese ámbito se analizan, entre otras cosas, medidas de recolocación de los trabajadores afectados u otras relativas a favorecer la formación cualificada de personal técnico para responder a las nuevas exigencias del mercado.
Por otra parte, ante la Comisión de Defensa del Parlamento han comparecido representantes del ministerio y de la propia BAE para analizar el impacto de las decisiones corporativas sobre el conjunto de economía nacional, sin dejar de lado los efectos sobre seguridad. Así la comisión parlamentaria ha llamado la atención ante la posible pérdida de capacidad productiva en el tejido industrial doméstico que se pudiera producir en el futuro y sus efectos sobre el empleo.
El temor a la deslocalización de la actividad industrial está muy presente. Se ha reclamado la elaboración de una estrategia para el sector aeronáutico de forma similar a la promulgada para el sector naval. Unas estrategias parciales que se consideran muy necesarias para abordar con mayor detalle medidas sobre subsectores que presentan peculiaridades específicas.
En definitiva, el enfoque británico aborda con visión estratégica el efecto que las decisiones soberanas de las grandes corporaciones afectan al interés general. Una aproximación que conjuga inversiones, con medidas legislativas y administrativas y que puede orientar la relación entre gobiernos y grandes multinacionales de defensa.