Las políticas públicas en Defensa

Las prioridades políticas anunciadas por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en diversas intervenciones en el Parlamento han planteado dos ejes fundamentales de actuación. El primero mejorar la capacidad de defensa española y la conciencia de defensa de los ciudadanos. El segundo dirigido a reforzar el papel español en el exterior como contribución a la seguridad colectiva y a potenciar la diplomacia de defensa.

En relación con la presencia exterior, el 23 de diciembre de 2016 se aprobaron los límites de efectivos que participarán en operaciones durante 2017 y que superarán los 3.500 efectivos. Un esfuerzo operativo importante. Los créditos para esas operaciones por importe de 704 millones se aprobaron el 28 de abril. Como ya es tradicional las unidades han desplegado sin haberse recibido las dotaciones de crédito correspondientes, lo que según ha indicado el Sedef en sus últimas comparecencias se intentará paliar a partir de 2018 incorporando al presupuesto parte de los créditos necesarios para operaciones. Una medida que, por otra parte, sigue las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

En lo que respecta a la mejora de la capacidad de defensa se ha incidido en la necesidad de avanzar "por la senda de Cardiff" y de "recuperar músculo financiero" que permita iniciar un ciclo inversor para potenciar la operatividad militar y el desarrollo de la industria de defensa. Factores ambos que se encuentran en una encrucijada como han dicho las propias autoridades en alguna de sus intervenciones.

Mientras tanto los acuerdos de Consejo de Ministros reflejan un magro resultado en los últimos seis meses. Apenas tres acuerdos marco para mantenimiento de aviones, buques y sistemas de información que en total suman algo menos de 250 millones de euros para los próximos tres años. Ninguna iniciativa política que permita vislumbrar las intenciones de abrir nuevas inversiones.

La incorporación en presupuesto de las partidas para el pago de los compromisos contractuales de los programas especiales de armamento no es más que el reconocimiento de una obligación que afecta a gobierno y oposición y ratificada por sentencia del Tribunal Constitucional. Si se consolida la tendencia de incluir el pago de los compromisos en presupuestos, lo que no debería haberse abandonado, se aliviará buena parte de la presión que tienen los responsables de Defensa para impulsar otras políticas.

Si se actúa de forma coherente, una nueva Directiva de Defensa Nacional debería incluir la potenciación del sector industrial de defensa y la necesidad de impulsar la modernización de las Fuerzas Armadas a través de nuevas inversiones, en línea con las declaraciones de la ministra Cospedal.

Pero una cosa son las declaraciones políticas y otra son las realidades. Las recientescomparecencias en el Congreso se han centrado en aspectos relacionados con el control del gasto, la eficiencia en la gestión, y en los procedimientos internos de asignación de recursos. Todas ellas cuestiones necesarias pero que en el fondo son de procedimiento.

El Sedef ha presentadun proceso de distribución de créditos, en función del presupuesto disponible, basado en una lista de necesidades supuestamente homogéneas que incluye tanto inversiones como gasto corriente. Según ha declarado el procedimiento permitirá una mayor previsión del gasto plurianual y el control sobre los créditos asignados. Aspectos sin duda esenciales pero que ofrecen una visión excesivamente condicionada por el criterio de control de gasto sin evaluar si la asignación del presupuesto y su ejecución responde a las prioridades políticas.

El presupuesto puede entenderse como el dinero que necesitamos para hacer frente a gastos. Pero también como el necesario para alcanzar un determinado fin. En definitiva es la materialización en dinero de unas prioridades políticas.

La política de Defensa, incluye diversos componentes para cuyo desarrollo es necesario recursos. Las autoridades políticas deben fijar objetivos y plantear necesidades para alcanzarlos. Los recursos que finalmente se reciban condicionaran como se alcanzan esos objetivos. El procedimiento es importante siempre y cuando responda a los objetivos planteados.Las dotaciones deben responder a finalidades específicas sean estas de política militar o industrial. El control de la gestión debe llevar implícita la evaluación de las políticas públicasy no solo del gasto realizado.

Podemos tener un maravilloso proceso para asignar los recursos limitados de forma muy eficiente, pero si perdemos la referencia de cuáles son los objetivos que se pretenden no se estará haciendo política con visión de futuro. Gastaremos dinero pero no invertiremos. La asignación de recursos debe responder a fines políticos y no solo a una lógica de eficiencia y control de gasto.

A no ser que el verdadero objetivo sea, como se ha manifestado desde el propio Ministerio de Defensa, "contribuir a la estabilidad presupuestaria y mantener capacidades", en lugar de garantizar un servicio público como es el de nuestro derecho a la defensa.