Colombia y su nueva Política de Defensa y Seguridad, para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad: menos de lo mismo

En actos celebrados la pasada semana en el Fuerte Militar de Tolemaida, el presidente colombiano, Iván Duque, hizo pública la nueva Política de Defensa y Seguridad, para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad que, en palabras del mandatario, será la hoja de ruta de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía).

Según el Ministerio de la Defensa, la nueva política busca el fortalecimiento y la legitimación de la acción estatal, al mismo tiempo que recuperar el principio del respeto por la autoridad y aumentar la presencia institucional del estado, particularmente en aquellas regiones en donde los grupos armados organizados (GAO), incluidas las reincidencias de las FARC-EP, han afectado de manera notoria la seguridad y el orden público, así como vulnerado los derechos humanos (y el DIH) de poblaciones y comunidades.

Para ello, se han planteado cinco estrategias, denominadas “pilares” que y según el gobierno, tienen como objetivo llevar al sector de la defensa (sin especificar que se enmarca con esa categorización) hacia una transformación (la tercera en 12 años) que le permita a este sector y al conjunto de las Fuerzas Armadas, poder hacerle frente a los fenómenos generadores de inseguridad, identificados como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando, no priorizando inexplicablemente aquellos que amenazan o afectan la integridad de la soberanía nacional.

Los cinco pilares

Para entender que se pretende con esta nueva política, sus objetivos específicos se han identificado como pilares en los cuales la misma se sustenta y que se explican de la siguiente manera:

El primero de ellos, considera y reconoce (por fin) al agua, la biodiversidad y al medio ambiente como activos estratégicos del país, vitales para el desarrollo de la nación y en épocas en que comienza a reconocerse el valor y la escases de los mismos; el segundo teoriza el principio de la seguridad cooperativa, es decir de las acciones conjuntas en seguridad producto del consenso de varios estados u organizaciones y en momentos en que Colombia hace su ingreso a la OTAN como socio global y en el que se debate también una intervención internacional a Venezuela, por la crisis sociopolítica que vive esa nación; el tercero está dirigido a romper el delito, atacando a las estructuras delincuenciales (narcotráfico) y a sus redes de comercialización; el cuarto promueve la recuperación de territorios y espacios a través de la masiva intervención de las diferentes agencias del estado por medio de la creación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) y el quinto procura el apoyo a la innovación tecnológica, que creemos se traduce en un respaldo a los programas de ciencia y tecnología que se desarrollan entre otras a través de las empresas del GSED.

Como es deducible entonces, estos objetivos estratégicos están orientados a poder combatir de manera efectiva e integralmente a los generadores de violencia en esta nación, que ha visto en los últimos años un aumento constante en los niveles de inseguridad producto principalmente del microtráfico (y de las actividades que se desprenden del mismo), generado por el exponencial aumento de los cultivos ilícitos (coca principalmente) que superan las 200.000 hectáreas y que están ad portas de desbordar la capacidad del estado para combatirlo y someterlo.

Políticamente correcto

Sin embargo y como ya se ha vuelto una lamentable costumbre, poco se especifica, se anuncia o detalla, sobre los planes o las también estrategias que y desde el gobierno se planteen para el fortalecimiento operacional de las Fuerzas Militares (FFMM), por medio de la construcción de capacidades disuasivas, traducidas estás en el desarrollo de proyectos o programas de adquisición de sistemas y equipos con los cuales suplir la deficiente y en gran medida obsoleta dotación de las FFMM, sobre todo en momentos en que esta nación logra su ingreso en la OTAN (en calidad de socio global) y ante la pretensión de participar en misiones bajo el estandarte de esta organización o del de las Naciones Unidas (ONU).

Y es que son estas deficiencias en material y sistemas, las que no han permitido que las FFMM colombianas (a pesar de su pie de fuerza y sus más que demostradas capacidades de combate) puedan plantear esquemas defensivos creíbles frente a las constantes pretensiones e intereses positivos que sobre sus territorios (en espacial marítimos) tienen naciones vecinas tales como Venezuela y Nicaragua, la primera de las cuales, ha sido señalada por Colombia de violar de manera constante sus espacios soberanos (más de 20 incursiones aéreas no autorizadas en los últimos 25 años).

Pero lo anterior no es producto de la falta de interés de las FFMM o de su Comando General (Cgfm), que han sido por el contrario muy prolijas en el diseño y gestión de planes y programas que no solo justifican necesidades inmediatas (con base en informes de inteligencia técnica sustentados) tanto para su compra, sino además para su inmediato despliegue en sectores y zonas identificadas como prioritarias para la defensa de activos estratégicos materiales, que en la actualidad se encuentran en riesgo por la imposibilidad física de defenderlos, o porque los recursos existentes no son los suficientes para tal misión (y deber constitucional).

La falta entonces de apoyo político, pero sobre todo presupuestario, explica como proyectos de larga data y presentados en varias ocasiones ante el gobierno no han logrado la asignación de partidas por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), instancia obligatoria para la aprobación de las necesidades planteadas por las FFMM.

Es así que programas tales como la renovación de la flota de cazas de combate de la Fuerza Aérea (FAC), la dotación de un sistema misilistico de mediano alcance para el Sisdan, la renovación de la flota de aviones Lift´s para la FAC, la adquisición de un sistema Vshorad para el Ejército, la compra de un Tanque Principal de Batalla (MBT) para esa misma fuerza, la adquisición de un sistema Vshorad móvil para la Infantería de Marina, la compra e instalación de un sistema de defensa antiaérea de mediano alcance para las Fragatas FS1500 de la Armada (ARC), la aprobación y asignación de las partidas necesarias para el financiamiento del proyecto de Plataformas Estratégicas de Superficie (PES) de la ARC, así como el traslado de su principal base (la ARC Bolívar), el desarrollo del proyecto Mariposa C4i2 para el Comando General, la compra de un Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes (MRLS), así como de artillería autopropulsada para el Ejército y una detallada, justificada y más que necesaria lista de sistemas y equipos con los cuales comenzar a construir capacidades mínimas disuasivas –hoy muy reducidas-, se han venido postergando a lo largo de los últimos años y gobiernos, que no han sabido justificar ante la opinión pública y ante sectores políticos reacios a la inversión en defensa, la necesidad para el país de la adquisición de sistemas vitales para el desarrollo efectivo del pilar número uno, es decir para poder y hacia futuro proteger los activos naturales nacionales (agua, oxigeno, diversidad ambiental y tierras) cuya futura escases el mismo estado colombiano prevé será detonante de próximos conflictos.

Es decir que –y paradójicamente- el estado colombiano plantea futuros y eventuales escenarios (geopolíticos) pero injustificadamente no toma las medidas conducentes para contar con unas FFMM dotadas para la defensa de los recursos naturales que se pretenden preservar, y eso solo se puede explicar en que este gobierno intenta asumir posiciones que sean entendidas (o aprobadas) por la opinión pública como políticamente correctas, pero contrarias sin duda a los intereses nacionales.

Presupuestos y cifras

Y es que las cifras presupuestadas para el 2019, tampoco son un indicativo de que esta tendencia cambie, aún y a pesar del interés de congresistas en conseguir partidas adicionales con las cuales poder financiar parte de por lo menos uno de estos programas (Sisdan o Vshorad).

De hecho y para el presente año se han presupuestado recursos por un total de 33.5 billones de pesos (aproximadamente once mil doscientos millones de dólares), de los cuales 32.2 billones (diez mil setecientos millones de dólares) serán para gastos de funcionamiento y solo 1.4 billones (cuatrocientos sesenta y seis millones de dólares) para gastos de inversión disgregados en 801.000 millones de pesos (267 millones de dólares) solo para el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad y la defensa del territorio nacional, 112.000 millones de pesos para el desarrollo marítimo, fluvial y costero, 212.000 millones de pesos para fortalecer las capacidades de la Policía en seguridad pública, 177.000 millones de pesos para el fortalecimiento de la gestión y la dirección del sector y 62.000 millones de pesos en otros.

Para el Ministerio de la Defensa entonces, con las sumas anteriores se buscaría la consolidación de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, postulado a todas luces completamente ajeno a la realidad, dadas las pírricas sumas proyectadas para la inversión y que se traducirían en la adquisición de nuevos sistemas y equipos.

Obviamente, estas cifras revelan la realidad de las FFMM colombianas, pues con solo cerca de 267 millones de dólares para inversión, son muy pocos los sistemas de defensa que pueden incorporarse y que esta nación requiere con urgencia, no solo para darle cumplimiento al principal pilar de la nueva política de defensa, sino para compensar un balance estratégico regional desfavorable en estos momentos y en un escenario geopolítico en el Caribe cada vez más complicado.

Como se puede apreciar entonces y aún a pesar de la grave e inocultable crisis social y política de Venezuela, de las constantes amenazas y señalamientos que sobre la integridad territorial colombiana emiten autoridades de ese país y ante la posibilidad de intervenciones de índole humanitarias sobre esa misma nación que pueden desembocar en escenarios no previstos, la nueva política de seguridad y defensa para la legalidad el emprendimiento y la equidad, se centra de nuevo –y como sus predecesoras- en proponer soluciones para la seguridad ciudadana, la convivencia y el orden público, no atendiendo (ni priorizando) cabalmente la necesidad de fortalecer sus capacidades de defensa convencional, ante posibles y probables escenarios también de índole convencional, para los cuales las FFMM colombianas no cuentan hoy con los suficientes sistemas y equipos -necesarios e idóneos- para poder afrontarlos íntegramente. Esa, es la inocultable realidad.