La paradoja de las pymes II. España: de las musas al teatro

Viene de 'La paradoja de las pymes (I). De preocuparse a ocuparse'

En España recientemente se ha anunciado la realización de un estudio para valorar el impacto del Covid en la cadena de suministro del Ministerio de Defensa. Igualmente se ha trabajado en el llamado plan Ave Fénix que contempla un conjunto muy amplio de inversiones para revitalizar el mercado interior de defensa. Una demanda interna que había empezado a remontar tímidamente tras una década durmiente.

La Directiva de Defensa Nacional (DDN) 2020[1], aprobada el 11 de junio, contempla la necesidad de “fomentar y proteger una industria de defensa innovadora, capaz de integrarse en proyectos y grupos empresariales multinacionales, especialmente en el ámbito europeo” y añade que es necesario realizar “una adecuada inversión económica, que permita potenciar tres actividades clave: la investigación, desarrollo e innovación; la captación de talento; y la formación”. Incluye una directriz específica para fortalecer la industria de defensa que contiene varias ideas importantes:

Mantener el equipamiento de las Fuerzas Armadas “en vanguardia tecnológica” Coordinar la actuación del Ministerio de Defensa con otros departamentos con responsabilidades en desarrollo tecnológico. Colaborar, en condiciones de competitividad, en el marco europeo. Aprovechar el efecto tractor de las inversiones en defensa en otros sectores. Generar empleo cualificado

Son referencias a la industria de defensa más amplias que las de su predecesora de 2012. Recoge y agrupa ideas básicamente reflejadas en la Directiva de 2008, actualizadas a las condiciones de contorno que tenemos ahora y con una visión mucho más claramente orientada hacia la cooperación europea. El documento pasa de puntillas por el tema de la financiación, más allá de una vaga y ambigua referencia a la “adecuada inversión económica”.

En cualquier caso es significativo destacar las referencias a la industria de defensa. Un sector que, en el caso español, está conformado en su mayor parte por pymes de capital privado que han sabido reaccionar en los momentos difíciles pero ven amenazada su supervivencia.

En un marco general en el que la influencia española en las decisiones de las grandes corporaciones internacionales es relativa, y en el que se observa cierta tendencia a la relocalización, las empresas españolas se pueden ver afectadas. El caso de Nissan puede ser un aviso a navegantes ante un problema que podría llegar al sector de defensa. Para el sector de automoción el gobierno ha anunciado un plan de potenciación dotado con 3.750 millones de euros con cuatro líneas de actuación: reformas normativas, estímulo a la investigación, cambios en fiscalidad y mejora de la formación. Algunas voces han valorado positivamente las medidas a corto plazo que contempla, pero reclaman otras medidas que influyan a medio y largo. Una visión estratégica de la que, con demasiada frecuencia, carecemos en España. La problemática del sector automoción podría ser, en cierta manera, similar a la de defensa. Somos líderes en producción, se genera mucha actividad y empleo cualificado y hay una cadena importante de suministradores. En el otro lado de la balanza está el escaso peso en la toma de decisiones estratégicas de las grandes corporaciones que tienen plantas de producción en España.

La iniciativa de la comisión interministerial, liderada por la DGAM, y creada para incentivar nuestra presencia en el marco del plan de acción europeo de defensa está en línea con la idea de colaboración entre organismos indicada en la DDN y parece una medida que podría extrapolarse para actuar también en el ámbito nacional, puesto que permite aunar voluntades para dotar de equipamiento avanzado a las unidades militares y, al mismo tiempo, potenciar la competitividad de nuestra industria. Esta última idea, también en línea con la DDN, es importante porque nuestras posibilidades de colaboración dependerán de nuestra competitividad, sobre todo en términos de aporte de tecnología de valor.

Las inversiones tienen que ser adecuadas a los objetivos políticos. Pero estos necesitan establecerse con claridad. En ese sentido el estímulo a la demanda interna puede ser la primera medida. Para ello es preciso abrir programas que generen actividad a lo largo de toda la cadena de valor y huir de subvenciones o ayudas sin perspectiva estratégica. La revisión a la baja de los grandes programas, o la ausencia de estos, produce efectos sobre los contratistas principales, pero de forma más evidente en los subcontratistas a diferentes niveles que pueden verse obligados a paralizar o reorientar su actividad con el consiguiente efecto de pérdida de competitividad industrial, reducción de la capacidad operativa y, en último extremo a generar paro, si no se puede sobrevivir. El coste de oportunidad de no invertir desde el ámbito público lleva a tener que realizar gasto por desempleo. Un círculo vicioso no deseable como nos demuestra la experiencia y que implica, además, riesgos de diferente naturaleza, incluidos de seguridad.

El apoyo público al desarrollo empresarial, y en concreto al de las pymes, no pasa solo por la aportación financiera. Hay que actuar también en otros planos como el normativo o en la búsqueda de nuevas fórmulas de relación entre interlocutores más ágiles y abiertas. En ese aspecto la revisión de los procesos de adquisición, con una mayor y mejor coordinación entre usuarios, organizaciones de adquisiciones e industria podría permitir poner en valor la capacidad industrial y tecnológica existente y facilitar las posibilidades de la industria para proporcionar las soluciones que se necesitan, lo que a su vez permite garantizar la viabilidad de las empresas con capacidad tecnológica e industrial demostrable.

En el campo del desarrollo tecnológico, donde las pymes son especialmente activas y juegan un papel protagonista, deben incentivarse las aportaciones desde el sector privado con fórmulas que se han intentado en el pasado con resultado relativo. En esa línea las aportaciones que puedan realizarse desde entidades financieras o desde otras empresas pueden ser fórmulas a estudiar para reforzar la capacidad del sector público, que no debe circunscribirse al Ministerio de Defensa. La limitación de sus capacidades orgánicas está condicionando de alguna manera la aportación española a proyectos en el marco europeo que requieren una reducida aportación pública, pero aportación al fin y al cabo.

Algunas iniciativas que en el pasado fueron novedosas y que cumplieron su papel deberían adaptarse. El programa Coincidente, cuya última convocatoria se ha publicado el pasado 25 de mayo[2], se ha reorientado en los últimos años y ha centrado su objetivo en áreas de interés específicas. Su dotación, estimada en 1,6 millones de euros, es relativamente importante para las disponibilidades del Ministerio de Defensa. Su resultado es, sin embargo, cuestionable ya que obliga a las empresas y organismos que concurren a realizar un importante esfuerzo con un rendimiento relativo.

Otras iniciativas, ya experimentadas para el desarrollo y experimentación de tecnologías y sistemas podrían resultar más eficaces. Los programas Rapaz, Cóndor y Barracuda desarrollados en colaboración con las potenciales unidades usuarias han permitido a la industria disponer de una visión más cercana de las necesidades operativas. La administración y los Ejércitos pueden tener, a su vez, una visión real de lo que pueden esperar de su industria. El papel de las pymes en estos proyectos ha sido muy destacado. El acercamiento entre estas empresas y otras de mayor tamaño para proporcionar soluciones operativas ha quedado patente con recientes adquisiciones de sistemas por parte de las Fuerzas Armadas españolas, como ha sido, por citar solo un caso, el contrato para el suministro de RPAS Seeker de GMV-Aurea Avionics. La última iniciativa en esta línea de actuación es el programa Arrendajo[3] para evaluar sistemas de almacenamiento de energía en instalaciones desplegables, un campo donde la industria española es ciertamente competitiva.

El fomento de la experimentación es una medida para permitir la rápida entrada en servicio de los sistemas con unas condiciones de operatividad suficientes y que permitan poder escalar sus capacidades. Además ayuda a proteger de alguna manera los activos tecnológicos disponibles. Para ello es preciso disponer de criterio para seleccionar y priorizar las actividades y las inversiones. No se trata de subvencionar generando pasivos que no aporten valor. Es cuestión de impulsar el desarrollo de aquellos productos y tecnologías que satisfagan las necesidades internas y sean competitivos a largo plazo facilitando en condiciones adecuadas la participación en proyectos multinacionales.

Lo que planteamos no debe entenderse como un proteccionismo autárquico que es algo propio del pasado y que, a la larga, debilita tanto a las Fuerzas Armadas como a la industria. Se trata de aprovechar lo que tenemos más cerca, mejorar nuestra competitividad, contribuir a la seguridad del suministro y reducir la exposición de activos frente a posibles apetencias exteriores. El aprovechamiento de los activos propios es la mejor manera de protegerlos y de promover la competitividad.

En otro orden de cosas se está hablando de una reestructuración de la cadena de suministro ante la necesidad de disponer de adecuados niveles de abastecimiento y seguridad en el suministro. Nuevamente el papel de las pymes es esencial, puesto que son estas las que pueden estar más próximas a proporcionar con urgencia los elementos necesarios en caso de crisis. La desaparición de tejido industrial puede producir desabastecimientos de suministros críticos cuando estos son más necesarios.

La relación entre compañías de diferente tamaño es importante. Previsiblemente el futuro traerá como consecuencia nuevas fusiones. Esa es una vía de aproximación, pero un mayor tamaño no implica más robustez. Existen fórmulas de relación que pueden permitir compaginar la agilidad de las pymes para desarrollar y proporcionar tecnología con la solidez de las grandes para complementar capacidades. Nuevamente en estas fórmulas, la visión a largo plazo es importante.

En la puesta en común de capacidades entre empresas de diferente tamaño, las asociaciones de empresas tienen mucho que decir, así como las administraciones locales y regionales. En este último caso, las iniciativas de colaboración impulsadas desde la DGAM en el pasado con algunas cámaras de comercio no han sido, en nuestra opinión, suficientemente explotadas. Por otra parte, el establecimiento de clústeres, bien a nivel regional o sectorial, es una fórmula que ha demostrado su utilidad. En ese sentido es importante contar con el impulso de las autoridades autonómicas que tienen mucho que decir en la potenciación del tejido de pymes. Los casos del CID en Cantabria, Hegan en el País Vasco, o Hélice en Andalucía pueden ser ejemplos que podrían extenderse. Estas agrupaciones regionales permiten la mutualización de capacidades de forma transversal. Por su parte, las agrupaciones sectoriales permiten complementar capacidades de forma vertical para proporcionar soluciones completas con la idea del “mosaico” planteada por la Darpa norteamericana[4] y que de alguna manera está detrás del esquema de algunos programas, cuyo ejemplo más claro, pero no único, puede ser el NGWS.

La realidad, hoy más que nunca, obliga a que tengamos que pasar de las musas al teatro y establecer planes de actuación con medidas concretas y con la visión estratégica que reclamamos, para garantizar la viabilidad de nuestra industria de defensa conformada en su mayoría por un buen número de pymes . Es preciso buscar incentivos adecuados para preservar su capacidad y garantizar su sostenibilidad. Decimos adecuados porque como recientemente se ha observado las medidas políticas para luchar contra los efectos de la crisis pueden provocar, a largo plazo, consecuencias más perjudiciales que los producidos por la propia crisis y afectar a la seguridad que es la base del crecimiento económico[5].

Las empresas tendrán que adaptarse al entorno que viene y buscar fórmulas de colaboración más sólidas. Tanto administración como empresas tendrán que cooperar de forma más estrecha para fomentar el desarrollo de capacidades que aporten verdadero valor y que permitan al menos mantener nuestro nivel de competitividad.

Todo ello sin perder de vista que el destinatario final de la actividad de las industrias de defensa son las Fuerzas Armadas, cuya misión principal es la defensa militar de España y de sus intereses en el exterior por medios militares. Ellos tendrán que actuar en entornos de operación muy complejos que requieren agilidad. Para ello el soporte directo e inmediato obliga a disponer de buenos contratistas principales y de una sólida cadena de suministro que no debe ignorarse.

[1] https://www.infodefensa.com/archivo/files/DIRECTIVA%20DEFENSA%20NACIONAL%202020.pdf

[2] https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/detalleiniciativa.aspx?iniciativaID=398

[3] https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/detalleiniciativa.aspx?iniciativaID=401

[4] https://www.darpa.mil/work-with-us/darpa-tiles-together-a-vision-of-mosiac-warfare

[5] Ver la ponencia del profesor Antonio Fonfría del 10 de junio de 2020 en el seminario Seguridad y Defensa en tiempos del COVID 19 organizado por la Escuela Superior de Guerra Naval de Perú.