Consecuencias de la Ley de Seguridad de Hong Kong

(Especial CEEAG para Infodefensa) China ha definido y enfrenta, para la nueva etapa de Xi Jinping, algunos problemas de seguridad interior como el caso del Tibet, relativamente estabilizado, y las minorías musulmanas Uigur en la región de Xinjiang, en donde se han establecido unos 100 campamentos de trabajo en los que las autoridades del país asiático tienen recluidos a más de un millón de integrantes de esa la comunidad minoritaria (Arte, 2019); y, frente al caso Hong Kong, hay que establecer algunos elementos fundamentales para comprender las medidas que se están adoptando: el compromiso de Margaret Thatcher y Deng Xiao Ping, en 1984, fue que durante los 50 años que duraría el proceso de traspaso de la soberanía, se respetaría un alto grado de autonomía y el estilo de vida occidental. Además de esto, mantendría su propio sistema legal, pero a partir de 2047, Pekín será quien tendrá la última palabra.

Es este compromiso identificado como “un país dos sistemas”, el que se ha visto roto cuando Xi le ha definido como prioridad a las Fuerzas Armadas, el impedir los impulsos separatistas como se identifican a los movimientos uigures y las manifestaciones sociales de Hong Kong. También, y en el mundo simbólico de la política china, es posible encontrar un mensaje a Taiwán bajo el concepto de separatismo.

En esta nueva etapa, que considera la posibilidad que Xi Jinping siga gobernando hasta su muerte, y como escudo a las críticas occidentales, se han tomado medidas legislativas que respaldan las definiciones políticas del gobierno central, como por ejemplo, el intervenir en las protestas y bloquear políticamente al ejecutivo hongkonense a través de la amenaza del uso del Ejército chino para el control de las manifestaciones; presión que deja sin libertad de acción al gobierno de Hong Kong, permitiendo ello, que el 30 de junio de 2020, sin mucha difusión ni discusión, se aprueba e imponga la nueva ley de seguridad nacional que afecta al territorio de Hong Kong y que ha generado mayores manifestaciones a pesar de las amenazas de cadena perpetua que trae consigo la ley. “Para los manifestantes se trata de una batalla por la libertad; para el Gobierno chino es una batalla por el control”, sentencia Willy Lam, catedrático de Historia y Economía en la Universidad China de Hong Kong, en una entrevista con El País (Santirso, 2019).

El régimen chino ha buscado imponer la ley a partir de un efecto ejemplarizador y el primer detenido en el marco de la ley de seguridad es el millonario Jimmy Lai, dueño del diario Pro Democracia Apple Daily y de la revista Next Magazine, que es crítica al régimen de Xi.

Lai fue apresado el 10 de agosto por escribir que “Sin libertad de expresión, libertad de investigación, Hong Kong es solo una ciudad de segunda categoría”, sumado a la sospecha de “colusión con fuerzas extranjeras” y conspiración para cometer fraude.

Coincidentemente, Agnes Chow, activista prodemocrática y Wilson Li, un exactivista que trabaja para la cadena de televisión británica ITV News, también fueron arrestados bajo la nueva ley que prohíbe los actos de secesión, subversión, terrorismo y convivencia con fuerzas extranjeras.

Es una Ley que presenta muchas deficiencias desde la perspectiva occidental de los derechos humanos, pero está acorde con la política china que muestra como antecedente frente a las manifestaciones, los sucesos de Tiananmen; lo distinto de este caso, respecto de aquel, es que está burlando los acuerdos adquiridos durante la entrega del territorio referido al respeto del sistema político de Hong Kong hasta el año 2047.

La estructura de la ley, orientada a actos de secesión y, una vez estabilizada la provincia de Hong Kong, puede proyectarse a los intereses chinos sobre la antigua Formosa, hoy Taiwán, nunca aceptada como independiente y que, cada vez más, el poder blando chino invade con servicios su antigua posesión haciéndola dependiente de ellos.

Frente a estos avances y dentro del tablero del Pacífico Oriental, Estados Unidos envió una delegación de alto nivel a Taiwán, que sumado a las protestas por la detención de Jimmy Lai, a los castigos estadounidenses a empresas chinas, los castigos y limitaciones chinas impuestas a congresistas cercanos al presidente Trump, van escalando una crisis que también tiene una derivada militar en el mar de China, el que se tensiona de acuerdo al ritmo de avance de la última de las modernizaciones programadas por Deng: la Defensa. Es esta capacidad creciente la que entrega el respaldo a la política china para adoptar medidas como las implementadas en Hong Kong, con un mensaje velado a Taiwán, la proyección de sus intereses en la Ruta de la Seda o el Ártico y la disputa, con tensión militar incluida, por el control de las rutas marítimas en el Mar de China.

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