La seguridad pública de Costa Rica, en jaque ante la explosión social

“Pura vida” es una expresión costarricense que denota tranquilidad, paz y bienestar. Sin embargo, esta puede estar quedando en el pasado con las protestas de las últimas semanas en el país centroamericano, que representan los nuevos retos de la seguridad pública para la Policía de Costa Rica.

Las protestas callejeras, consecuencia de la explosión de social por el descontento popular a causa de la crisis del Covid-19, son producto de un deterioro en la calidad de vida de la población, con una tasa de desempleo relevante y preocupante. Esta acumulación de insatisfacciones ha generado un malestar que se ha ido convirtiendo en una bomba de tiempo o una olla de presión, que estalló finalmente después de que se concretara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluía un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de otros tributos.

A pesar de que el presidente del país, Carlos Alvarado, dio marcha atrás en dicho acuerdo, las protestas continuaron y a pesar del llamado al diálogo, el sentimiento de inconformidad en algunos sectores de la sociedad costarricense sigue latente.

Sin embargo, en río revuelto también hay ganancias de pescadores. En medio de las protestas también se detectó que había delincuentes armados amenazando o cobrando peaje para dejar circular a las personas por los bloqueos y sectores populares organizados, como transportistas, campesinos, personas de zonas rurales, trabajadores informales, sindicatos, universitarios.

En Costa Rica no ocurría nada, históricamente, pues se diferenciaba de sus vecinos centroamericanos porque no había grandes convulsiones sociales y porque se vivía, relativamente, bien (aunque con un alto costo de vida en comparación con el resto de Centroamérica). Aquella atmósfera de estabilidad fue la que llevó al estado costarricense a abolir el Ejército, en 1948.

No obstante, dicha decisión no ha supuesto un ahorro en los presupuestos generales, pues las fuerzas policiales tomaron las atribuciones de seguridad pública y defensa nacional, ante las crecientes amenazas del narcotráfico y el crimen organizado de los últimos años en Costa Rica. De igual manera, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), que hace las veces de Fuerza Aérea, y el Servicio de Guardacostas, que actúa como una Fuerza Naval, requieren de equipamiento y refuerzos presupuestarios, en aumento año tras año.

Falta de capacitación

Una de las razones de fondo de ese apoyo a las manifestaciones se puede atribuir a un deterioro notorio de la calidad de vida de la población costarricense, después de 13 años de aplicación del modelo neoliberal contemplado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el resto de Centroamérica y República Dominicana. Este tratado ha ido deteriorando los niveles de vida de una población costarricense acostumbrada a un Estado fuerte en décadas pasadas, a lo que hay que sumarle los efectos económicos de la actual pandemia.

Para la Policía de Costa Rica, conocida localmente como Fuerza Pública, los retos son enormes para preservar el orden público sin exceder el uso de la fuerza y permitir las protestas dentro del margen de la ley y lo pacífico. Sin embargo, las protestas se han vuelto un tanto violentas en las últimas semanas y han provocado bloqueos de calles y carreteras, que inclusive han obstaculizado el transporte de carga y el comercio a nivel centroamericano.

En ese sentido, las fuerzas de seguridad costarricenses requieren de la capacitación necesaria para este tipo de desórdenes callejeros que han sobrepasado el usual desempeño de un cuerpo policial con pocas amenazas, aparte del necesario presupuesto para este tipo de nuevos retos, el cual ha sufrido recortes para 2021.

En conclusión, los efectos colaterales por la pandemia han deteriorado a muchos sectores en Costa Rica, como es el caso de la seguridad pública a raíz de protestas o nuevas formas de criminalidad y narcotráfico, y el estilo de vida costarricense del “Pura vida” pareciera que también será una víctima de la nueva normalidad que está dejando el impacto de la Covid-19.