Procyon y los retos del nuevo comandante de la Armada Colombiana

El pasado 29 de agosto asumía la comandancia de la Armada Colombiana (ARC) el vicealmirante Gabriel Pérez, oficial con una destacada carrera profesional y sobre quien recaerá la responsabilidad de encaminar a la ARC en un recorrido que la lleve ya al siglo XXI.

En términos generales y después del desarrollo del Plan 2030, en el marco del cual se propusieron y se materializaron en parte los Planes Orión (recuperación y repotenciación de flotillas) Puente (sostenimiento de capacidades) y Faro (innovación tecnológica propia), la ARC logró construir unas capacidades operacionales que la llevaron a convertirse en una Armada mediana, particularmente en El Caribe Colombiano, y enfocada en proyectar una disuasión creíble desde el punto de vista convencional y, al mismo tiempo, en combatir el tráfico de drogas desde puertos y costas nacionales.

Además, esta proyección involucró la incorporación de medios navales construidos –y diseñados- por un astillero propio, que adquiriría la capacidad y la experiencia suficiente para convertirse en la base industrial del principal proyecto naval: las Plataformas Estratégicas de Superficie (PES).

Estos planes se veían apoyados en una administración presidencial afín a la institución, a una cuidadosa planeación estratégica y a una circunstancial liquidez de recursos, que le permitieron a la Fuerza –y a su astillero- comenzar a convertirse en referentes regionales, no solo por la modernización, sino también por el crecimiento sostenible de la flota y por una serie de pequeñas, pero a la vez importantes, exportaciones con el sello Made in Colombia.

Cambio de vientos

Sin embargo, los vientos cambiaron y con ellos las prioridades nacionales y los presupuestos disponibles, que comenzaron a retrasar constantemente el cumplimiento del Plan 2030, materializándose ello no solo en la no construcción –a la fecha- de las nuevas OPV-93C, sino en la ausencia de una fecha concreta y real para el inicio de las PES.

Ante este panorama, la ARC reacomodó tiempos, y ajustó también su estrategia de acuerdo a las nuevas realidades geopolíticas, para plantear su Plan de Construcción y Optimización de la Flota (Procyon) a 2042 en el que propone una Armada mediana, pero con la posibilidad operacional de desplegar hasta 100 embarcaciones gracias al trabajo conjunto de 40.000 efectivos, encuadrados en sus flotillas de superficie, submarina y en sus componentes de Infantería de Marina y Aviación Naval.

Procyon entonces es, en la práctica, la hoja de ruta que la Armada piensa seguir de aquí a los próximos 22 años para, con lo conseguido en estas dos décadas, navegar una buena parte de lo que restaría del presente siglo.

Un trabajo de planeación a todas luces loable y admirable que refleja en buena medida el deseo de poder cumplir con las misiones constitucionales de salvaguarda de la defensa, de la soberanía y de la integridad territoriales en consonancia con lo planteado por el Gobierno nacional en su nueva Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, que precisamente en su pilar número uno reconoce como uno de los activos estratégicos de la nación a los recursos naturales, que la Armada protege en los espacios marinos y submarinos.

¿Qué hacer?

La responsabilidad entonces de abocar el desarrollo de lo proyectado recae, sin duda alguna, en el comando de la Armada (Coarc), quien debe liderar los procesos que permitan la materialización de los productos y metas trazadas, requiriéndose para ello de la conducción clara, precisa y responsable del ahora nuevo comandante, el vicealmirante Pérez.

Y es aquí en donde comienzan los primeros interrogantes respecto de qué hacer frente a un panorama que, desde el punto de vista presupuestal y fiscal –por no hablar de la opinión pública-, es completamente desfavorable respecto a inversiones en los temas de defensa.

La ARC, como lo comentamos arriba, no ha conseguido iniciar materialmente el proyecto PES, acumulando por tanto retrasos en su inicio y aumentando de paso el desgaste operacional de sus fragatas ligeras del tipo FS1500 (Clase Almirante Padilla), que deberían salir de servicio al finalizar el presente lustro. De hecho, la Armada había previsto la posibilidad de hacerse con dos fragatas de segunda mano, mientras se surtía el proceso de retiro de las primeras FS1500 y el inicio de la construcción de la primera PES, posibilidad que a día de hoy no cuenta con el apoyo gubernamental.

Ante estos hechos la disyuntiva que se plantea entonces es si prolongar el servicio de las Padilla hasta el 2035, lo que exigiría la inversión de nuevos recursos para su actualización y mantenimiento de cara a diez años más de operaciones a los previstos originalmente, o gestionar de manera decidida la asignación de recursos que le permitan colocar fechas definitivas a la construcción de la primera PES, que serían para el próximo 2028.

Si la decisión es la extensión de la vida útil de las FS1500, eso exigiría un nuevo proceso de mantenimiento quinquenal tanto para la parte mecánica como de propulsión y, en especial, para sus sistemas de electrónicos y de combate.

Pero si se escoge apostar de manera definitiva por la PES, a pesar de la coyuntura actual, se tendría que impulsar de igual manera la construcción de las nuevas OPV-93C, como medios para apoyar el despliegue operacional (a pesar de la diferencia en roles y misiones) de las fragatas, teniendo en cuenta sus ya progresivos desgates, cercano a los 40 años de servicio.

¿Y Cotecmar?

Sumado a lo anterior, hay otro factor que el nuevo Coarc debe considerar: la conveniencia estratégica de continuar o no con un astillero propio, es decir, conservar a Cotecmar como una de las empresas del Gsed.

Esta consideración en principio no tendría por qué plantearse, ya que sobran las razones para estimar más que conveniente contar con una empresa que en el país pueda brindar los servicios de construcción, actualización y mantenimiento, siempre y cuando, claro, su contratación no se traduzca en un desgaste administrativo o financiero para la Armada en cuestión.

En este sentido, la ARC se enfrenta a unos márgenes de utilidad del astillero que considera algo elevados, eso sin entrar en detalles frente a inconvenientes que se han producido de manera reciente respecto a la intermediación de la empresa en procesos de adquisiciones, por no hablar del pasivo pensional de la misma.

Sin embargo, si se apuesta por la PES, justificando la misma en gran medida en el Know How que representa para el país y el abrumador apalancamiento que significaría para la industria no solo naval sino en general, es hora ya de que se tomen, desde el comando de la fuerza, decisiones concretas en relación a Cotecmar, planteando de manera seria su permanencia o no como empresa del sector defensa y, en caso de que se decida por lo primero, comenzar a dirigir la misma con una visión absolutamente empresarial (que implica si o si su gerencia por un civil), para que el astillero se convierta entonces en una razón más que incentive el apoyo estatal y presupuestal para la PES.

No obsta, en este punto, considerar también el incremento de las solicitudes de retiro voluntario del servicio por parte de cerca de 700 oficiales, suboficiales, marinos e infantes que, según la circular 2020-0423-3122-43403, lo han pedido y que podría afectar sensiblemente la Tabla de Organización y Equipos (TOE) de la institución, pero más que ello reflejan algún tipo de inquietud que, no solo dentro de la Armada sino de las Fuerzas Militares en general, se viene gestando y presentando en la actualidad, en momentos en que la defensa y la seguridad nacional deben ser una prioridad.

Creemos entonces que el horizonte –a pesar de todo- es claro, siempre y cuando el nuevo comandante de la Armada Colombiana tome, en estos dos años, las decisiones que le permitan a la fuerza –con buen viento y buena mar- llegar al mejor de los destinos. Ojalá que así sea.