Argentina despliega las FFAA en Rosario por narcoterrorismo y elabora un proyecto para cambiar la legislación

El Gobierno argentino ha desplegado recursos en un esfuerzo coordinado para combatir el narcotráfico en la ciudad de Rosario. En un movimiento que desdibuja los límites entre los sectores de Defensa y Seguridad, se ha puesto en marcha una operación conjunta para abordar este desafío.

El despliegue incluye una variedad de activos, desde helicópteros hasta embarcaciones y vehículos terrestres, así como la movilización de más de 120 efectivos uniformados. Esta acción ha sido resultado de la coordinación entre el ministro de Defensa, Luis Petri; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El ministro Petri enfatizó que este despliegue se llevó a cabo en respuesta a una solicitud del Comité de Crisis, en el marco de la Ley de Seguridad Interior. Según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 24.059, el Ministerio de Defensa puede movilizar las Fuerzas Armadas para respaldar las operaciones de seguridad interior a solicitud del Comité de Crisis, utilizando recursos que van desde arsenales hasta transporte, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto.

En palabras del ministro Petri, "existe un compromiso inquebrantable para combatir al narcotráfico". Mientras que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Julián Isaac, afirmó: “Pusimos a disposición los medios acordados con el Comité de Crisis. Son medios que van a dar una mayor movilidad a los efectivos que están empeñados aquí, tanto de Gendarmería, Prefectura, otras fuerzas federales y de la Policía local”.

Por su parte, el jefe del Ejército, el general de brigada Carlos Presti, manifestó: “Estamos para apoyar a la sociedad en esta situación particular en la cual requieren de la presencia de las Fuerzas Armadas dando apoyo logístico”.

Cambio normativo y la oposición de la vicepresidenta

El Ministerio de Defensa ha anunciado planes para impulsar cambios legislativos destinados a fortalecer las herramientas disponibles en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el país.

El ministro de Defensa, Luis Petri, en una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló la intención de presentar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior. Esta medida tiene como objetivo "ampliar las capacidades de acción de las Fuerzas Armadas en situaciones que involucren actos de terrorismo dentro del territorio nacional".

Esta propuesta legislativa representa una de las reformas más significativas desde la creación de la Ley de Seguridad Interior en 1991. Se busca otorgar a las Fuerzas Armadas capacitación, recursos y armamento específico para intervenir a nivel federal en situaciones relacionadas con el narcoterrorismo, bajo un marco legal claro y definido. Según lo expresado por Petri, estas modificaciones permitirán que las Fuerzas Armadas actúen a solicitud del Comité de Crisis, siempre con la aprobación correspondiente de los gobernadores.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien pretendía tener un mayor control sobre los ámbitos de Defensa y Seguridad, y que por una decisión política quedo apartada de estas áreas, desde la campaña electoral viene manifestado su oposición al uso de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad interior. 

“La función de las fuerzas armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro. Para el Derecho el narco es un civil. Los militares solamente pueden combatir dentro de nuestro país ante una declaración de Estado de sitio o ante un enemigo estatal del exterior", afirmó la vicepresidenta. 

“Si vamos a modificar la ley, también se tienen que hacer responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. Los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler una acción armada de narcoterrorismo, terrorismo, crimen organizado o cualquiera de las nuevas amenazas, van a tener el respaldo del Estado en las ordenes que se les está impartiendo. Si el Estado da una orden, después tiene que hacerse cargo”, agregó.