​Seis guardias civiles, 26 empresas y 180 millones: una presunta macrotrama en contratos al descubierto

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha destapado una presunta macrotrama de lo que denominan “mala praxis” en los planes de adquisición de uniformes que afecta a seis guardias y hasta 26 empresas en un periodo que abarca 20 años de “trampas” en las contrataciones. La investigación se centra en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, y blanqueo de capitales, además de organización criminal. La causa, que se basa en un cententar de expedientes, está ya en su recta final.

Según ha publicado el diario ABC, en su momento El Independiente y que desveló la AUGC en 2020, la investigación ha durado cuatro años bajo las instrucciones del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y deriva de otra en la que se investigaba la compra de uniformes para la Policía Nacional. Según El Independiente, en la investigación se menciona a empresas como El Corte Inglés (que está investigando por su cuenta), Sagres S.L., Fal Calzados de Seguridad S.A., Manufacturas Aura S.A., G-3 Sport 08 y Robusta S.L.

Según se ha publicado, agentes encargados del Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil (Sabas) y empresarios o representantes comerciales en el sector pactaban el reparto de los contratos públicos de vestuario, como botas, chalecos antibalas, cascos o monos de vuelo. En contrapartida, los agentes recibían regalos que iban desde, desde móviles de alta gama y videoconsolas hasta viajes o asientos de palco en el fútbol, pasando por comilonas, monterías o los estudios del hijo de uno de los imputados, según ABC.

Según este diario, las empresas funcionaban como cárteles y se organizaban entre ellas para repartirse lotes y pactar precios.

20 años de trampas

Las trampas comenzaron, según la investigación, con la llegada a la jefatura de la Sección Técnica del Sabas en el año 2000 del teniente coronel Alberto José Martín Altube, alias Altu-Partagas (otros agentes tenían los apodos de Gordo o Amoroso). Todo parece indicar que fue él el que inició un sistema que luego heredaría el coronel Juan Antonio Maroto cuando fue puesto al frente de la unidad. Maroto, al que se le relaciona con un negocio de lavanderías, mantuvo esa “continuidad delictiva” hasta el año 2020. Esa permanencia en el tiempo derivó, según la investigación, en una sensación de impunidad que les llevaba incluso a llevar una contabilidad con apuntes de entregas de dinero, en el caso de Maroto y uno de los comerciales imputados. Este último no solo anotaba la lista de nombres, sino objetivos como “conocer nuevos concursos, conseguir pliegos”. No eran los únicos, un tercero anotaba la lista con nombres de policías, guardias y militares beneficiarios junto a las prebendas que recibían y en otra de las empresas la lista incluía contratos con porcentajes de comisión con fecha de 2020 que iban desde el 3 al 8%.

Los guardias, por su parte, ofrecían las ventajas de distintas formas. Por un lado mediante información privilegiada de los concursos que iban a salir incluso permitiendo a los empresarios que redactaran los pliegos. En este sentido, se han intervenido emails con anotaciones aportadas por las empresas que se convertían en cláusulas. Según ABC, un ejemplo es el de un subordinado de Altube con un empresario donde, además de informarle de las ofertas, pide actuar a la baja sobre el precio. Esto finalmente no lo consiguió, pero recibió igual la adjudicación por la parte técnica con el resultado final de “un importante sobreprecio”.

En el caso de los contratos menores, se fraccionaban o se incorporaban ofertas para simular competencia. ABC pone un ejemplo con Maroto como protagonista. Según el diario, el guardia “apalabró con un empresario la compra de una máquina para empaquetar palets. La máquina ya estaba instalada en la oficina del Sabas cuando convocó el concurso para comprarla e invitó a dos empresas a presentar una oferta”. En otro de los casos publicados, se adjudicó el servicio de limpieza de las mantas del colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro a una empresa que, a su vez, le pasó el trabajo a la lavandería de Maroto. Las mantas, según el diario, estaban en el garaje de la propia casa del guardia cuando Asuntos Internos la registró.

La Agencia Tributaria y un informate anónimo

La investigación comenzó con la Agencia Tirbutaria, según El Independiente, poniendo bajo sospecha a Martín Altube por su capacidad de ahorro y poco gasto. Entre 2009 y 2019 ingresó en efecto vía cajero y de forma periódica 38.190 euros de origen desconocido. Además, en 2011 adquirieron una vivienda en Pozuelo por 524.722 euros sin préstamo alguno. Nada de esto cuadraba con los ingresos de un guardia.

Según ABC, la investigación también contó con una “garganta profunda” que de forma anónima informó a los investigadores.