Colombia estudia prescindir de la ayuda de EEUU en la lucha contra el narcotráfico

Seis de las principales ciudades colombianas se encuentran dentro de las 50 más violentas a nivel mundial durante 2022, esto según el ranking recientemente publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.

En este sentido, Cali (tercerea ciudad en importancia en esta nación), registro 1.007 homicidios (con una tasa del 42.09%), ubicándose como la 32ª urbe más peligrosa, seguida de Santa Marta -puesto 37- (norte del país) con 280 homicidios (39.28%), Buenaventura -puesto 43- con 111 (35.16%), Cartagena -puesto 47- con 403 (31.28%), Palmira -puesto 48- con 110 (30.66%) y Cúcuta -puesto 49- con 296 (29.47%), destacándose que tres de ellas, son puertos marítimos con importantes índices de incautación de drogas.

A este panorama de por si desalentador, producto en gran medida de la violencia generada por los grupos armados organizados (GAO´s), se suma el hecho de que Colombia sea el segundo país en el mundo con mayor número de este tipo de organizaciones en 2022, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (Gitoc), con una puntuación de 7,66 en una escala de 1 a 10, apenas superado por el Congo.

El impacto del accionar delictivo de estas organizaciones se evidencia en los alcances y la escala de los mercados criminales que monopolizan en el país, gracias a su estructura organizativa y a la eficacia de su influencia tanto en poblaciones pequeñas como en intermedias y capitales, que se hace efectiva a través de escenarios cada vez más frecuentes de gobernanza criminal y de sus intereses en ser actores protagónicos en el próximo proceso electoral regional de octubre.

A lo anterior se suman los hechos de violencia que se efectúan sobre organizaciones sociales, lideresas y líderes sociales, así como en contra de defensoras y defensores de los derechos humanos que se han traducido, solo en lo que va de 2023, en el asesinato de 18 líderes (entre ellos un firmante de paz) y en 18 masacres en contra de la población civil (recordando las 73 de 2022). Estos crímenes afectan de manera notoria la reconstrucción del tejido social de una nación que no puede librarse de consecutivas espirales de violencia.

Principal productor de coca y ninguna hectárea erradicada en 2023

A esto hay que añadirles las cada vez mas preocupantes cifras que se desprenden de las actividades del narcotráfico, que ubican al país ya como el mayor comercializador de cocaína en el mundo, con una calificación de 9.5 sobre 10, según Gitoc.

Este primer puesto, que incomoda al Gobierno colombiano, es ya en parte producto de las decisiones que en materia antinarcóticos han sido tomadas por la nueva administración nacional, a tal punto que en enero y febrero de este año no se ha efectuado la erradicación de una sola hectárea de hoja de coca, situación sobre la que ha llamado la atención la Fiscalía General y que ha comenzado a tensar las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos que, a pesar de manifestar en público su apoyo a las decisiones colombianas, observa con mucha preocupación la excesiva flexibilización de la política antinarcóticos, producto de posiciones ideológicas contrarias a la confrontación y a las aparentes solicitudes en este sentido de países vecinos, amigos del nuevo gobierno y seriamente cuestionados por actividades ligadas al narcotráfico.

En este sentido y según un reciente informe del Ministerio de Defensa el número de hectáreas erradicadas viene bajando desde sus máximos históricos sucedidos en 2020, momento en el cual se erradicaron 130.142, frente a las 103.257 en 2021, 68.893 el pasado año y 0 a febrero de 2023 (2.982 en el mismo periodo en 2022 y 4.500 en 2021). Situación a todas luces inadmisible teniendo en cuenta que Colombia produce 200.000 toneladas de hoja de coca, que generan 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína, cifras que desde 2020 han colocado a este país con una participación del 61% en la elaboración de este alcaloide dentro del total de las 2.000 toneladas producidas, con la participación de Perú, Bolivia y ahora, aunque en menor medida, también Ecuador.

Esta expansión venía combatiéndose gracias a una efectiva estrategia de interdicción, que permitio la incautación de 671 toneladas el pasado año (47.9% de lo producido), dejando unas 584 toneladas para su exportación (en un 90% al mercado estadounidense) y unas 145 -alrededor del 20%- porcentaje que desafortunadamente, desde mediados de la década pasada, vienen siendo colocadas en el mercado interno como una forma de diversificación de ingresos y que representan para estas organizaciones narcotraficantes cerca de 2.000 millones de dólares en ventas solo en Colombia.

También existe una disminución no solo en las acciones de la Fuerza Pública tendientes a decomisar droga (de un -32% frente a 2022) sino además -como es lógico- en el número de toneladas, pasando de 58,7 en 2022 a 40 durante el presente año, cifras aún más bajas en los decomisos de heroína que se han reducido en un 93%, incautándose solo 8,9 kilogramos frente a los 101,4 en 2022  (401.3 en todo ese año).

Frente a esto, la Policía Colombiana se muestra -todavía- optimista, pues ha logrado identificar con precisión la ubicación de 204.000 hectáreas, en 22 diferentes departamentos, esperando solo a que el gobierno tome la decisión de proceder en ese sentido. Sin embargo, la administración presidencial habría resuelto no autorizar ningún tipo de procedimiento erradicatorio sobre cultivos de menos de 10 hectáreas de extensión lo que, de aprobarse de manera definitiva, provocaría un auge de pequeñas plantaciones con el fin de evadir la ya de por si escaza acción del estado.

¿Renunciar a la ayuda Estadounidense?

A pesar de este escenario, el Gobierno colombiano sopesa renunciar a la vital ayuda en la lucha antinarcóticos que por cooperación internacional se le brinda a Colombia, todo esto en el interés de legitimar y liderar una futura propuesta de despenalización y regularización del mercado de la pasta de coca (loable y conducente sin duda), pero a costa de una caída aún mayor en los índices de seguridad y convivencia ciudadana, así como del orden público, pues supone una inoperatividad -ya en ciernes- frente a las acciones delictivas de las organizaciones criminales de este país.

En síntesis, un panorama desolador para esta nación en su futuro cercano (por no hablar a mediano y largo plazo) sobre todo teniendo en cuenta que el narcotráfico es el gran generador de la violencia. A esta actividad ilegal están dedicadas por completo 22 de las 23 principales organizaciones criminales que ejercen a través de acciones intimidatorias gobernanzas criminales en cientos de municipios (AGC en 200, ELN en172 y las disidencias y reincidencias de las FARC en 120) y que se encuentran en procesos de rápida expansión territorial, particularmente, en zonas urbanas, con el fin de consolidar un control territorial que les generen poder político de cara a los próximos diálogos de un nuevo proceso de paz. 

Colombia encara entonces a un gobierno que gobierna para todos pero, sin dudas, de espaldas a las realidades de su propia nación.