​La Policía de Colombia en su laberinto

Hace solo un par de semanas, justo cuando el Gobierno colombiano anunciaba récords en materia de incautación de sustancias alucinógenas durante 2022, la Fiscalía General se mostraba preocupada ante una disminución sustancial en el número de toneladas de droga incautadas y laboratorios destruidos en el primer mes de 2023, reducciones que tasaba (y proyectaba) en aproximadamente un 78% respecto a los consolidados de los años anteriores (671 toneladas solo en 2022).

Esta inquietud de la Fiscalía se suma a la de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INS) estadounidense, instituciones que han manifestado su nerviosismo respecto a la manera en cómo la Policía Colombiana viene realizando estos procesos y procedimientos bajo la dirección del general Henry Sanabria, particularmente, aquellos que son responsabilidad de la Dirección Antinarcóticos (Dirán).

Estas inquietudes comenzaron el pasado año con los bruscos, injustificados y poco coherentes cambios que se hicieron en la cúpula de la fuerza policial, producto de decisiones exclusivas del recién posesionado presidente Gustavo Petro y de su ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Falta de experiencia

Las mismas se fundamentan -en principio- en la falta de experiencia operacional de varios de los nuevos hombres al mando de direcciones que se consideran estratégicas para la seguridad nacional, entre ellas, la antinarcóticos y la de inteligencia, ahora en cabeza de oficiales -que no tendrían ni el conocimiento ni la experticia necesarios para los retos que se desprenden de estas especialidades- escogidos bajo el criterio personal del general Sanabria y de la subdirectora, la general Yackeline Navarro.

Estas decisiones, fundamentadas en razones desconocidas, han provocado los primeros resultados contrarios a la principal política de seguridad colombiana, que no es otra que la antinarcóticos, fundamento y base de las relaciones en seguridad y defensa hemisférica con su principal aliado: Estados Unidos.

Sin embargo, estas preocupaciones se han transformado en relaciones cada vez más tensas, que se ven afectadas por episodios como la reciente captura de un teniente coronel de la dirección de inteligencia (protegido de la subdirección de esta institución) en medio de una operación binacional de la que no tuvo conocimiento previo la Policía Colombiana, lo que habría generado fuertes discusiones entre los titulares de esta fuerza y la Fiscalía.

Pero además se suman hechos como la restricción -ordenada por el general Sanabria- del número de horas de vuelo de aquellos pilotos que no realicen operaciones antinarcóticos, cada vez menos frecuentes por directriz presidencial, lo que a su vez viene perjudicando de manera notable a los pilotos con mayor experiencia operacional.

A esta situación se añaden los preocupantes retrasos en los traslados de personal a nivel nacional, que para surtirse requieren de la constitución de ternas previas de candidatos (para reemplazar las vacantes), exigidas por la subdirectora Navarro, quien de manera personal evalúa las mismas y realiza la selección sin tener en cuenta la opinión de los directores departamentales, en un proceso que viene ocasionando retrasos incluso de hasta tres meses.

Pero además, e injustificadamente, se habrían presentado acciones (traslados, por ejemplo) que afectan a oficiales que se identifican como miembros de la comunidad LGTBIQ+, o cuya situación sentimental no se encuadra dentro de los cánones de un matrimonio católico o cristiano.

Fervor religioso

Esto último es en lo que aparentemente si se ha hecho énfasis: el tema religioso, al punto de tenerse en cuenta el nivel de devoción y compromiso feligrés de los oficiales, para su posible o probable selección para determinados cargos de dirección, manejo o importancia administrativa.

El entonces excesivo fervor religioso que exhibe -y además exige- la dirección de esta institución, ha llegado al punto de recomendarse la realización de retiros espirituales y a que en los actos ceremoniales que se llevan a cabo se cuente siempre con una imagen de la Virgen María, siendo comunes medallas de la Virgen y rosarios en bolsillos, solapas y uniformes de altos oficiales de la fuerza.

Sin embargo, lo que genera mayor preocupación no solo en instituciones del estado o de colaboración internacional sino principalmente en el seno de las Fuerzas Armadas (incluida la Policía), es una cada vez mayor falta de resultados operacionales, producto de una disminución de los también niveles misionales, manifestándose esto -y de manera notoria- en un aumento de las percepciones de inseguridad por parte de los habitantes tanto de grandes como de ciudades intermedias y en crecientes niveles de gobernanza criminal por parte de grupos armados organizados, tanto en regiones apartadas del país como en poblaciones medias, sin que hayan visos de respuestas coherentes por parte del nuevo gobierno para enfrentarlas, mas allá de propuestas populistas que no tienen asidero en la realidad y parecerían favorecer no al ciudadano sino y paradójicamente al delincuente.

Todo este panorama en medio de un proceso global de paz, con 23 organizaciones que se sustenta en una cesación del fuego -y de acciones- por parte de la Fuerza Pública, que deja desprotegida a la población civil ante la acción violenta del terrorismo, lo que a su vez refleja una falta de cuidado y atención en el diseño de procesos de paz (necesarios para la terminación del conflicto) que en su desarrollo efectivo sean los principales garantistas de los derechos de los ciudadanos.