El Congreso Nacional de la República de Chile aprobó ayer una octava prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por Grave Alteración al Orden Público para las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.
El lapso anterior tenía vigencia hasta este 9 de febrero. Ahora, con la aprobación en el Senado -con 16 votos a favor, 10 en contra y una abstención-, la medida regirá por 15 días más, hasta el 24 de febrero.
Previo a la votación de la Cámara Alta, la iniciativa presidencial fue despachada por la Cámara de Diputados con 70 votos a favor, 48 en contra y cuatro abstenciones.
La medida, que entrega facultades especiales a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar la labor de las policías en la Macrozona Sur, comenzó a regir el pasado 12 de octubre, tras una seguidilla de actos de violencia. Por lo anterior los efectivos de las Fuerzas Armadas han desplegado sus capacidades logísticas, operativas y polivalentes en apoyo a Carabineros y la Policía de Investigaciones para restituir el orden público.
Justificación gubernamental
El subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Juan Francisco Galli, señaló que: "No es solo mayor seguridad, sino que también una sensación de mayor seguridad donde se vive un gran nivel de violencia. Cuando vemos que en el periodo anterior había, en promedio, 5,5 hechos de violencia diarios en la Macrozona Sur y luego del Estado de Excepción ese promedio bajó a 2,9, es decir, un 48 por ciento menos de hechos de violencia, podemos decirle a los residentes de la zona que, al menos, los esfuerzos que estamos haciendo se traducen en menor violencia en la zona".
Entre los argumentos del proyecto gubernamental se reiteró que la medida obedece al aumento y concentración de actos de violencia, vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
Se remarcó que la situación es un atentado contra la vida e integridad física de civiles y de efectivos policiales, perpetrado por grupos armados. Entre los hechos de violencia se consideró la destrucción de diversos inmuebles como iglesias y escuelas. Asimismo, atentados en contra de instalaciones y bienes del ámbito turístico, agrícola y comercial.
La petitoria recalca que el Estado de Excepción ha sido una medida necesaria para prevenir y lograr reducir la ocurrencia de hechos de esta naturaleza, controlar los grupos armados que amenazan y atentan contra personas y bienes y, con ello, resguardar a la población.
También se destaca el amplio consenso expresado en la Región de La Araucanía a favor del despliegue militar en una consulta pública realizada entre el 5 y el 7 de noviembre del año pasado. En esta línea se detalló que la medida permite la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías, entregando apoyo a través de su personal y medios en fiscalizaciones marítimas, patrullajes mixtos y vigilancia aérea.
La solicitud señaló que, pese a la efectividad de la acción, esta no resulta suficiente por lo que se requiere su mantención. Ello, considerando los cuatro homicidios ocurridos la semana pasada en Angol, Cañete y Carahue.
Por otra parte, se declaró la importancia de proteger a brigadistas que combaten los incendios forestales, quienes deben contar con la seguridad necesaria para realizar su labor.
Finalmente, se reiteró que es deber del Estado cumplir con la tarea de proveer seguridad a las personas, y permitir que vivan en paz y ejercer sus libertades y derechos, sin miedo y sin violencia. Además de velar por el respeto del Estado de Derecho.