El Gobierno no tiene previsto por el momento realizar nuevos encargos de buques militares para los astilleros de Navantia en la provincia de Cádiz.
En una respuesta parlamentaria a la senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, el Ejecutivo expone que “en el ámbito del Ministerio de Defensa los posibles contratos con la empresa Navantia está ligados al ámbito de la Armada y limitados a aquellos asociados al ciclo de vida y sostenimiento de las unidades de la Armada”.
Y subraya: “El desarrollo de estos contratos está a la espera de disponibilidad presupuestaria y se ajustará al marco legal establecido en la Ley de Contratos del Sector Público”. La senadora andaluza preguntó en tres escritos diferentes por los contratos y proyectos que el Ministerio de Defensa tiene previsto suscribir con Navantia para los centros de Puerto Real, Cádiz y San Fernando y las posibles fechas de adjudicación, así como el importe de las mismos.
El plan estratégico de Navantia para el periodo 2018-2022 incluye la construcción de dos buques logísticos para el Ejército de Tierra y un Buque de Acción Marítima (BAM) de intervención subacuática para la Armada. El astillero de Puerto Real sería el responsable de ambos proyectos.
El BAM IS es la prioridad número uno para la Armada, después de la firma el año pasado de la orden de ejecución de las F-110. Respecto a los buques logísticos, el Ejército de Tierra dio de baja el buque de transporte ligero El Camino Español y tan solo tiene operativo el veterano Martín Posadillo.
Cabe señalar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió el año pasado en una visita a las instalaciones de Navantia en San Fernando, que acogen el programa de las corbetas para Arabia Saudí, a sacar adelante tanto los nuevos BAM como los buques de transporte logístico.
En otra respuesta parlamentaria, el Gobierno también descartó recientemente la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento en combate, similar al BAC Cantabria, en este caso, en el astillero de Ferrol, para la Armada española. Este es un contrato por el que el comité de empresa y la propia Xunta de Galicia habían apostado para cubrir el descenso de la carga de trabajo hasta el inicio de las F-110.