Ante el Consejo Europeo

A finales de junio se celebrará una reunión del Consejo Europeo que deberá revisar los avances en materia de política de seguridad tras las directrices emitidas en el Consejo de diciembre de 2013 en los tres ejes de actuación establecidos: capacidad de respuesta operativa, desarrollo de capacidades y potenciación de la base industrial de defensa europea.

El Consejo se celebrará tan solo dos meses después del extraordinario celebrado el pasado mes de abril centrado en la crisis de la inmigración en el Mediterráneo, cuyo resultado ha puesto de manifiesto las discrepancias políticas entre los miembros de la Unión para abordar uno de los principales problemas que afecta a nuestra seguridad. La inmigración y otros factores de inestabilidad (Irak, Siria, Sahel y Ucrania) marcan las condiciones generales de seguridad de la Unión Europea y presentan unos riesgos que han evolucionado de forma dramática en los últimos años, como reconoce el comunicado del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del 18 de mayo.

La actual situación geoestratégica, especialmente compleja, coloca más que nunca a Europa, sobre todo a la Europa del Sur, en primera línea de actuación, en un momento político igualmente complejo. Los miembros de la UE deben asumir mayores responsabilidades de forma individual para afrontar la realidad que plantean los nuevos riesgos, pero también deben establecerse unos intereses, prioridades y objetivos comunes.

Como se está señalando desde las instituciones europeas, es preciso reforzar los mecanismos de respuesta ante unas amenazas de carácter horizontal (terrorismo internacional, crimen organizado, tráfico ilícito de personas, seguridad energética, ciberseguridad) que cada vez son más activas y que han difuminado, si no borrado, la frontera clásica entre defensa y seguridad. Pero sin duda es preciso actuar sobre la concienciación de las opiniones públicas, especialmente en algunos países, para que los ciudadanos se impliquen de forma más activa y continuada en el mantenimiento de la seguridad de nuestro sistema de valores, y evidentemente en su defensa.

Más allá de actuaciones puntuales, influidas por llamativos titulares de prensa, esa toma de conciencia de lo que está en juego implica voluntad política y social para dedicar los recursos necesarios y emplear los medios que tenemos para actuar. El desarrollo de las capacidades militares no será ni más ni menos que el traslado a la realidad operativa de esa voluntad política y social. Unas capacidades militares que requieren el adecuado soporte industrial que puede y debe proporcionar una base industrial y tecnológica más coherente e integrada.

La capacidad de reacción militar europea sobre la base de los EU Battlegroups se concibe como una primera medida para proporcionar capacidad de entrada inicial para desarrollar operaciones mayores. Una herramienta limitada para actuar en zonas verdaderamente calientes y, sobre todo, en aquellas de donde surgen la mayor parte de las amenazas, cuyo empleo obliga a tomar decisiones políticas no exentas de riesgos domésticos para afrontar situaciones que, en algunos casos, en cierta forma se han provocado desde la propia Europa.

Las herramientas militares disponibles permitirían realizar un mayor esfuerzo, aunque se adolece de carencias en algunas capacidades. En ese ámbito el papel de la EDA está siendo especialmente activo en diferentes áreas donde España juega o pretende jugar un papel relevante: reabastecimiento en vuelo (AAR), sistemas RPAS, comunicaciones por satélite y ciberdefensa. En este campo del desarrollo de capacidades hay mucho recorrido, pero nuevamente se depende de la voluntad de las naciones para poner en común sus recursos y carencias. Las limitaciones de la cooperación en el desarrollo de capacidades son evidentes, puesto que sus resultados solo se verán a medio o largo plazo y lo que a menudo se necesita son respuestas inmediatas.

Respuestas que dependen de los medios disponibles, pero también de lo que la base industrial pueda proporcionar de forma oportuna, con calidad razonable y costes asumibles. Previsiblemente el debate sobre el desarrollo industrial planteará la cuestión del incremento de las inversiones en equipamiento y desarrollo tecnológico en los niveles que planteó el Consejo de Ministros de la EDA en 2007: unos mínimos de inversiones en equipamiento del 20% sobre las inversiones totales en defensa, de los que al menos un tercio deberían ser en programas colaborativos, y un mínimo de un 2% del total en I+D. Un objetivo que durante los años de crisis se antojaba inalcanzable pero que ahora podría reconsiderarse, y no solo por cuestiones de mejora de la situación macroeconómica o de fomento industrial, sino también por la especificidad de la situación global que afrontamos. Unos incrementos de esfuerzo que, por otra parte, están en línea de los acuerdos alcanzados en la última cumbre de la OTAN.

Sin embargo, el debate central en materia industrial durante la futura cumbre se producirá previsiblemente sobre la aplicación de las directivas comunitarias 2009/43 y 2009/81 y en la insistencia sobre su aplicación que se hace desde Bruselas para promover el mercado interior de defensa, con un llamamiento al aprovechamiento de los fondos que la propia Unión pone a disposición de los miembros a través de diferentes mecanismos. En cierta manera el llamamiento a una industria europea más cohesionada es coherente con la respuesta que debe darse desde ese ámbito a amenazas que son más comunes. No olvidemos, sin embargo, que la situación de partida y las interpretaciones que se realizan sobre la aplicación del mercado único de defensa son bien diferentes de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país. La voluntad de cooperación es también desigual y está sujeta a buen número de consideraciones particulares que la condicionan.

En esas condiciones generales la respuesta a las amenazas comunes no es tanto un problema de capacidad militar o industrial, sino de voluntad política y social para afrontar los retos que se nos presentan en materia de defensa y seguridad, incluyendo sus componentes industriales. Unos asuntos sobre los que merece la pena establecer un adecuado nivel de debate interno para presentar una postura nacional consolidada ante las instituciones europeas.