(Especial Infolatam para Infodefensa) El Estado colombiano ha derrotado a las FARC más allá de que el final del conflicto haya llegado gracias a un acuerdo de paz alcanzado en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla y no mediante la “destrucción” total de la organización insurgente en los campos de batalla. Ese triunfo del Estado no habría sido posible, sin embargo, si no se hubiera mantenido una continuidad en cuanto a la política antisubversiva por parte de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y finalmente por el propio Santos.
Las ironías políticas han provocado que Pastrana y Uribe sean ahora los líderes del voto por el “No” en el plebiscito del 2 de octubre pese a que sin el Plan Colombia puesto en marcha por Pastrana, continuado y profundizado por Uribe y culminado por Santos, la derrota de las FARC (obligarlas a negociar cuando lo que buscaban era acabar con el Estado) habría sido imposible.
Se trata de una derrota para la guerrilla porque desde la VII y en la VIII conferencias celebradas en 1982 y 1993 respectivamente las FARC proclamaron su Plan estratégico para la toma del poder (1982) y reiteraron que su “objetivo fundamental de la toma del poder”, para lo cual se proponían "ganar la conciencia y el corazón de la población" (1993): “En nuestro objetivo fundamental de la toma del poder, debemos ganar la conciencia y el corazón de la población. Por lo tanto todas nuestras acciones militares, políticas, organizativas y de propaganda deben estar dirigidas a que las masas del campo y la ciudad, sientan que luchamos, defendemos y representamos sus intereses, sus necesidades y sus ideales”.
El analista Alfonso Cuéllar en la revista Semana subrayaba que a “Andrés Pastrana y Álvaro Uribe les tocó gobernar ese caos. Que hoy estemos próximos a presenciar la firma de un acuerdo con las FARC, que contemple el desarme de esa organización y su incorporación a la legalidad, demuestra que hicieron algo bien. Sin Plan Colombia y la modernización de las fuerzas armadas -en particular la supremacía aérea-, no hubiera sido posible frenar el avance guerrillero y su eventual derrota militar y estratégica. Sin la negociación de Ralito -con todos sus lunares y errores-, quien sabe cuánto territorio estaría bajo el control de esos señores de la guerra. En Colombia hemos subestimado la hazaña de Luis Carlos Restrepo y el gobierno de Uribe de persuadir a un ejército triunfador de desmontar su inmenso aparato militar y someter a sus comandantes a la ley. Su impacto en vidas humanas fue inmensa, cayeron estrepitosamente los homicidios. Con las AUC matando a diestra y siniestra, no era posible un acuerdo con las FARC”.
Colombia parecía en 1998 más a un Estado cuasifallido que a una potencia emergente como es ahora. En los años 90 las FARC realizaron una profunda transición estratégica que les otorgó una mayor flexibilidad política (pasando del marxismo-leninismo al bolivarianismo), alcanzaron mejor comportamiento bélico y una creciente autonomía logística. Esto le otorgó mayor capacidad de supervivencia e incrementó sus posibilidades de desafiar al gobierno de Bogotá en términos estratégicos.
El apoyo militar y económico de EEUU unido a la continuidad de las políticas de Estado para combatir a la guerrilla llevada a cabo durante las administraciones de Pastrana, Uribe y Santos durante 18 años han dado como resultado la derrota de las FARC.
De Pastrana a Santos
En febrero de 2002, el presidente Pastrana dio por concluidos los diálogos de paz del Caguán y ordenó la ocupación de los cinco municipios desmilitarizados. Para ello, las Fuerzas Militares lanzaron la Operación Tánatos que buscaba asaltar masivamente la región controlada por la guerrilla antes de que abandonasen el área. Sin embargo, este esfuerzo estuvo lejos de rendir los resultados esperados ya que la dirección de las FARC se había adelantado a la ruptura y había ordenado el repliegue de forma gradual antes de la ofensiva.
Andrés Pastrana había puesto la primera piedra para evitar la derrota del Estado colombiano ante las Farc (en 1999 firmó con Bill Clinton el Plan Colombia), pero fue Uribe quien dio el impulso final para obligar a la guerrilla a iniciar un “repliegue estratégico” hacia la selva.
Alvaro Uribe (2002-2010) marcó el inicio de una nueva etapa en la estrategia contrainsurgente del Estado colombiano al lanzar en 2002 la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) como un esfuerzo para restablecer el orden público que combinaba una escalada de la presión militar con una puerta abierta a la desmovilización.
Como apunta el analista en temas de seguridad Román Ortiz, “Uribe tuvo el mérito innegable de integrar en un todo coherente, dar respaldo político y garantizar el financiamiento de una serie de iniciativas y proyectos que habían sido considerados como urgentes durante largo tiempo; pero no habían sido llevados a la práctica hasta entonces o, al menos, no con suficiente vigor. En este sentido, el eje de la campaña descansaba en el tradicional principio de la contrainsurgencia que enfatizaba la necesidad de restaurar el control del Estado sobre el territorio y las comunidades que lo habitaba. La justificación estratégica de este concepto era la premisa de que, una vez asilados de la población, los insurgentes no solo perdían la capacidad para perturbar la vida social y la posibilidad de capturar recursos de todo tipo, sino que además serían mucho más fáciles de identificar y enfrentar por el aparato militar del Estado. De este modo, romper la capacidad de la guerrilla para controlar territorio y población era el paso decisivo para llevarla a su destrucción”.
El Gobierno lanzó una cadena de operaciones ofensivas dirigidas a destruir a las estructuras armadas de la guerrilla y expulsarlas de las zonas estratégicas donde hacían presencia. Por otra parte, se puso en marcha un esfuerzo para desplegar fuerzas de seguridad local en aquellas zonas donde había riesgo de infiltración de la guerrilla y era necesario consolidar la recién recuperada presencia del Estado.
“Con las principales ciudades del país aseguradas, la administración Uribe lanzó una ofensiva que debía asestar un golpe decisivo a la guerrilla y colocarla a las puertas de su derrota. Esta operación fue denominada JM –por las siglas de Jorge Mora, comandante general de las FFMM del momento– y buscaba combinar un volumen de masa, potencial de fuego y movilidad abrumador para envolver y asaltar la región donde las FARC concentraba el grueso de sus efectivos. La zona en cuestión era la región de la Macarena, situada en el triángulo formado por el sur del Meta, el norte de Caquetá y el occidente de Guaviare, que albergaba a la mitad de los miembros de esta guerrilla agrupados en el denominado Bloque Oriental”, señala Ortiz.
La Política de Seguridad Democrática llevó la presencia del Estado a las ciudades y a las vías principales del país, quebrado la capacidad de las FARC para desarrollar operaciones de envergadura y forzado un repliegue de la organización a sus baluartes en zonas remotas y poco pobladas. Para mediados de la pasada década, las FARC ya no representaban un riesgo para la estabilidad del Estado colombiano.
“Estas ganancias significaban un giro prácticamente irreversible en el conflicto colombiano… las FARC trataron de revertir esta tendencia en la primera mitad del año 2005 con una serie de ataques que cosecharon algunas victorias tácticas; pero no cambiaron la posición de debilidad estratégica de la organización. Al mismo tiempo, el Estado se enfrentaba a una serie de barreras claves para intensificar el desgaste de la guerrilla y conducirla a un estado de marginación estratégica. En otras palabras, arrinconadas en sus zonas de refugio, las FARC continuaban manteniendo una notable capacidad para dislocar la vida política y económica del país. Sin embargo, reducir la organización a la irrelevancia obligaba a reformular la estrategia para superar una serie de barreras”, apunta Ortiz.
El repliegue de las FARC
La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) impulsada durante el segundo mandato del Presidente Uribe acabó por debilitar aún más a las Farc. Las nuevas operaciones especiales, los ataques del 2007, se saldaron con la muerte de los líderes guerrilleros JJ y Negro Acacio.
La Operación Alcatraz acabó con Martín Caballero y la destrucción de los Frentes 35 y 37 bajo su mando. En el año 2008, las FFAA acabaron con dos miembros del secretariado de las FARC –Raúl Reyes e Iván Ríos – y liberaron a los secuestrados más importantes en manos de las FARC – incluyendo la ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas militares estadounidenses – como resultado de la famosa Operación Jaque.
Todo ello obligó al líder de las FARC, Alfonso Cano, sucesor en el año 2005 de Manuel Marulanda, a apostar por un comportamiento operacional más irregular, el regreso a la guerra de guerrillas.
Pero los golpes siguieron uno tras otro ya con Juan Manuel Santos como presidente: en los primeros 14 meses de su Gobierno acabó con el líder militar (el Mono Jojoy, en septiembre de 2010) y con Alfonso Cano, el líder político y principal figura de la organización en 2011.
Así pues la paz de 2016 es inexplicable si esos antecedentes: Santos ha cosechado y luego ha sabido encauzar los éxitos del Plan Colombia firmado por Pastrana en 1999 con Estados Unidos el cual modernizó las Fuerzas Armadas.
Además, ha sido heredero de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe (2002) que hizo que el ejército pasara a la ofensiva y recuperara para el Estado amplias zonas del país. Asimismo, terminó con el equilibrio estratégico obligando a la guerrilla a emprender la retirada hacia la selva.
Sin esa labor y esa apuesta previas las Farc jamás habrían aceptado dialogar con el gobierno y sobre todo firmar la paz que pone fin a un conflicto de más de medio siglo. El líder máximo del movimiento, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, ha reconocido implícitamente la derrota de las Farc pues si por un lado aseguró que “con este histórico acuerdo queda definitivamente claro que en esta guerra no existen vencedores ni vencidos” por otro reconoció que ”si nuestros adversarios quieren pregonar que ganaron la guerra, allá ellos. Para las FARC y nuestro pueblo la mayor satisfacción será siempre haber ganado la paz”.
Alfonso Cuéllar, en la revista Semana, concluye que “para garantizar su derrota definitiva sería necesaria la movilización de miles de soldados para ocupar las zonas que dejarán en su retirada los guerrilleros. Es una cuestión de años, no meses. Todo con el fin de desarmar a los siete mil y pico de hombres y mujeres farianos, y desmovilizar a sus otros tantos milicianos. Precisamente, ese es el principal éxito del acuerdo entre las FARC y el gobierno. En pocos meses quedarán sin sus armas y sin sus alias, bajo el control de la fuerza pública que tanto combatieron. Es la victoria a la que aspira todo estratega militar. Como decía Sun Tzu, “el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin pelear”. Y no, como piensan algunos, su aniquilamiento a cualquier costo”.
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