El reto de mantener las capacidades

Neville Chamberlain fue el primer ministro británico que abanderó la política de apaciguamiento. Presentó su dimisión el 10 de mayo de 1940, día en el que los alemanes invadían Francia y que inició esa "extraña derrota" a la que aludió Marc Bloch, y que culminaría "la agonía de Francia" como tituló Chaves Nogales en una obra reeditada hace solo unos años en España. Entre las razones de esa “extraña derrota” que culminó “la agonía” no están ausentes las responsabilidades de los políticos franceses y británicos de la época.

Como aventuró Churchill, tras la conferencia de Munich en 1938 se eligió entre la humillación y la guerra. “Aceptamos la humillación y tendremos la guerra” vino a decir. Las crónicas cuentan que tras la anexión de Checoslovaquia en marzo de 1939 los militares británicos plantearon a Chamberlain que no estaban en condiciones de librar una guerra tras años de política de apaciguamiento que había reducido las inversiones militares hasta niveles ínfimos. La invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 se produjo en un momento en el que el Reino Unido había iniciado un proceso de rearme. Demasiado tarde.

En declaraciones previas al desfile del 12 de octubre el ya ex ministro Morenés afirmó que la situación de un gobierno en funciones no ha afectado a las Fuerzas Armadas en lo sustancial. Añadió que no se ha visto afectada la “financiación de los procesos industriales”.

Hemos planteado reiteradamente la problemática que la falta de financiación para inversiones en material tiene para la industria. No insistiremos en ello, aunque nos preguntamos a qué procesos industriales se refería el ministro a la vista de la situación actual que afecta a la industria de manera directa.

Morenés aseguró que “la seguridad no está en funciones”. Desde luego que no gracias al esfuerzo que realizan los profesionales tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de las Fuerzas Armadas. Esa muletilla no debe esconder sin embargo la realidad en que estos profesionales están desempeñando sus funciones.

Remató su intervención afirmando que “la sociedad no es consciente de los riesgos y hay que poner los medios”. La lectura es por tanto que si no se dedican más medios a nuestra seguridad no es porque los políticos no quieran sino porque la sociedad española no demanda un mayor esfuerzo en esta política de Estado.

Los políticos españoles tienen la habilidad de desviar hacia otros ciertas responsabilidades que son suyas. No hay nada peor que alguien que no cree lo que dice. Más allá del contenido de las declaraciones, se transmitía poca convicción en las afirmaciones. Y es que ni la industria está tranquila porque se está viendo afectada por una década de falta de inversiones o desinversiones, ni la sociedad es culpable de que se le escondan o enmascaren los riesgos que plantea el mundo actual, ni los militares están alejados de la realidad.

Con unas cifras de presupuesto de defensa ciertamente reducidas por consideraciones políticas, durante casi una década las capacidades de nuestra defensa se están viendo afectadas. Desde el punto de vista industrial, los propios sindicatos están levantando la voz de alerta ante la llamativa ambigüedad de la patronal del sector. Desde el punto de vista social, si bien es cierto que los españoles tienen una baja percepción de amenaza directa, no es menos cierto que demandan una mayor actividad en, por ejemplo, lucha contra la inmigración o que respaldan claramente las operaciones militares en el exterior.

Aunque el gran mundo militar sigue callado, ya hay quien indica que esta situación puede afectar al músculo de la fuerza. Los últimos años han visto como se producía, por citar un ejemplo, la baja del portaaeronaves Príncipe de Asturias por problemas de sostenibilidad en servicio. Esta baja unida a la incertidumbre sobre la vida operativa de los Harrier anuncia la pérdida de capacidad aeronaval en la Armada. Una Armada que tiene también problemas en mantener la capacidad submarina. Pero que mantiene desplegados o navegando en actividades de adiestramiento una media de 3500 efectivos diarios.

Por su parte el Ejército ha afrontado la situación con la enésima reorganización en los últimos 30 años, que ha llevado a limitar sus capacidades en unidades de montaña o paracaidistas, y a reducir sus apoyos al combate en unidades de Artillería por ejemplo. La reorganización realizada en ámbitos como la defensa aérea debería venir acompañada por nuevas inversiones para renovar un material que cumple su función pero cada vez con mayores dificultades. A pesar de todo el esfuerzo diario de nuestros soldados permite al Ejército estar presente en una decena de países de cuatro continentes.

Las reducciones financieras impuestas por el poder político han llevado a tener que realizar un esfuerzo adicional en el sostenimiento de sistemas de armas. Los problemas de la carencia de créditos suficientes en este ámbito son evidentes y han sido puestos de manifiesto por la juez instructora del accidente del avión F5 sucedido en noviembre de 2012. Es quizás en los sistemas aéreos donde mayor impacto pueden tener estas carencias. Para que no se vea afectada la seguridad en vuelo nuestros aviadores tienen que hacer un verdadero ejercicio de multiplicación de panes y peces.

Ciertamente se ha producido la entrada en servicio de algunos sistemas nuevos. La gran mayoría procedentes de programas en curso, cuyo éxito se debe a que nuestros gestores (técnicos) han estado a la altura de las circunstancias para ser eficientes en la gestión de los recursos públicos. Conviene destacar los esfuerzos en programas como por ejemplo los helicópteros EC135 o NH90 o los vehículos Pizarro.

Nuestras unidades siguen teniendo un nivel de operatividad alto. Pero el esfuerzo operativo es muy superior al económico y las exigencias sobre las que se está consiguiendo están en el límite de elasticidad. Los grandes mudos, empresariales y militares, deben exponer la situación con claridad y exigir al nivel político responsabilidades y búsqueda de recursos para satisfacer las necesidades. Solo así se evitará que las situaciones derivadas de decisiones políticas no afecten a lo sustancial.