Consciente de la importancia de las pymes para el conjunto de la base industrial de defensa europea, la Agencia Europea de Defensa aprobó en marzo de 2013 un plan de acción específico para su potenciación en el marco de las condiciones impuestas por el entorno comunitario. Desde entonces la agencia, en cooperación con los estados miembros y la Comisión Europea, ha sido muy activa para facilitar el acceso al mercado de este tipo de empresas.
El apoyo al desarrollo de las pymes en el sector de Defensa desde el punto de vista internacional es importante, pero tiene que ser respaldado por las políticas nacionales.
En España, la Estrategia Industrial de Defensa de 2015 reconoce a las pymes como "colectivo clave en el desarrollo de la innovación" e incluye entre sus líneas de actuación el "impulso a la capacitación y participación de las pymes en la BITD (Base Industrial y Tecnológica de la Defensa)". Entre las actuaciones concretas que contempla esta línea figura la de "agilizar los trámites administrativos para la presentación de ofertas", la de contribuir a la "difusión del conocimiento" de sus capacidades para "diseñar estrategias de contratación" más eficientes, o la promoción del fomento de la subcontratación de los contratistas principales a pymes nacionales. Desde otros puntos de vista se contemplan medidas genéricas de soporte a este sector en cuanto a su convergencia con Europa y el establecimiento de modelos de apoyo exterior.
Sin duda las medidas reflejadas en la EID son necesarias, aunque algunas están pendientes de ofrecer resultados prácticos. Se parte de la premisa de que el apoyo más básico que se puede ofrecer desde la Administración es facilitar la tramitación de diferentes asuntos y favorecer la difusión de sus actividades. Ambas premisas chocan, a menudo, con mentalidades todavía excesivamente burocráticas u opacas. Especialmente las empresas pequeñas se ven con frecuencia enmarañadas en el proceloso y complejo mundo de la administración de defensa.
Más allá de esas medidas, que en el fondo dependen de una cultura de gestión con vocación de servicio, es preciso establecer mecanismos que favorezcan el desarrollo tecnológico y la competitividad. En España, desde 1985 se viene utilizando el mecanismo del programa Coincidente que, con variaciones impuestas por la situación financiera restringida, ha permitido ofrecer un apoyo limitado. Su última convocatoria data de 2014.
La mayor parte de los países europeos plantean en sus estrategias mecanismos de apoyo específicos para pymes. Recientemente, el Ministerio de Defensa francés ha anunciado que algunas pequeñas empresas galas son demasiado atractivas para otras firmas extranjeras y necesitan disponer de apoyos específicos para que no caigan en manos ajenas. Con esa finalidad la DGA ha lanzado una nueva iniciativa, en cooperación con los ministerios de Economía e Industria, para contar a partir del primer trimestre de 2017 con un nuevo fondo específico de apoyo a pymes que presenten un interés estratégico para la soberanía nacional.
Este proyecto complementará de forma sustantiva las iniciativas de la DGA, que invierte más de 700 millones de euros por año en I+D, una cifra nada desdeñable. Con cargo al presupuesto actual se establecen varias líneas específicas de apoyo a pymes. A través de proyectos como Rapid (Régimed´Appui à l´Innovation Duale), Astrid (Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d´InnovationDéfense), OER (Operationsd´Expérmitentation Réactive) o incluso de apoyo a iniciativas específicas de personal de las FAS, se dispone de mecanismos financieros propios de la DGA o en cooperación con Fuerzas Armadas y otras agencias u organismos nacionales para promover proyectos de pymes, con diferente nivel de madurez tecnológica, que favorezcan la innovación. El apoyo a la experimentación y el desarrollo de conceptos operativos en colaboración con los Ejércitos es una de las finalidades prioritarias que se contemplan.
Sin duda el apoyo a las pymes españolas en el ámbito de las instituciones europeas es un elemento esencial. Debe acompañarse por medidas concretas que faciliten la difusión de información, la gestión administrativa y vías de financiación específicas estables que potencien la actuación de las empresas en colaboración con los usuarios finales de las tecnologías. Quizás no sea un problema de disponibilidad financiera sino de reorientar las líneas de inversión y de cambio del modelo de gestión en apoyo a la innovación.