Armamentísticas estadounidenses en la mira del gobierno mexicano

Durante los últimos 25 años México ha exigido a Estados Unidos controlar el tráfico ilegal de armas de fuego que, según cálculos, suman aproximadamente 2 millones en los últimos 10 años, sin embargo, nunca se había optado por medidas legales como las ahora tomó el gobierno mexicano al presentar una demanda ante una Corte Federal en Boston, que señala a 11 compañías productoras de armas por “promover prácticas comerciales "negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México".

Al respecto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que las empresas "hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada" y aclaró que se trata de una demanda en contra de las compañías y no del gobierno de Estados Unidos.

"No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas", afirmó el mandatario.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien desde el inicio de la administración federal actual ha asumido la responsabilidad del control de armas, insistió que no se trata de un incidente diplomático ya que no es un litigio en contra del gobierno sino de empresas particulares, además, reconoció que México debe hacer otros esfuerzos sumados a la demanda para controlar el ingreso de armamento y municiones por la frontera norte del país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que encabeza Ebrard, estima que siete de cada diez homicidios en el país son cometidos con armas provenientes de Texas, California y Arizona y que cada hora 22 armas de fuego entran a territorio mexicano de manera ilegal.

Durante el mandato de Donald Trump, Ebrard, utilizó como moneda de cambio por el control de armas la disminución de la llegada de migrantes mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos a través de su frontera, sin embargo, con la salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos el plan no continuó con Joe Biden.

Relación ríspida

Derivado del tráfico ilegal de armas de fuego la relación bilateral México - Estados Unidos ha sido ríspida y en algunas ocasiones de crisis. Uno de los capítulos más controvertidos fue la operación denominada Rápido y Furioso, realizada por la Oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), durante la administración de Barack Obama.

Entre 2006 y 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, Rápido y Furioso permitió la entrada al país de dos mil 800 armas largas que acabaron en manos del crimen organizado, entre ellas, más de dos mil rifles de asalto y 50 rifles, además de miles de municiones, que contrario a los objetivos del programa, no fueron rastreadas para localizar a los criminales.

La operación, reconocida por el gobierno de Estados Unidos, no cumplió su meta y el mismo departamento de Justicia estadounidense concluyó que fue “supervisada de manera irresponsable”.

La controversia por Rápido y Furioso surgió en diciembre de 2010, luego de que dos armas fueron utilizadas en un tiroteo en Arizona donde murió el agente fronterizo Brian Terry.

Felipe Calderón negó estar informado del operativo, pese a acusaciones de organizaciones como Desarma México.

En febrero de 2012, Felipe Calderón hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos para detener la venta y el tráfico de armas hacia México con un letrero colocado en la frontera hecho con tres toneladas de armamento asegurado en el que se leía: “No más armas”.

En su sexenio Enrique Peña Nieto también llamó a detener el tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos, “lo digo con toda claridad el tráfico de armas ilícitas por su gravedad constituye un flagelo que debemos atender urgentemente”, dijo en su oportunidad Peña.

Sin embargo, las armas continuaron ingresando al país. Pistolas, fusiles de asalto y ametralladoras ingresan en cajuelas de autos, escondidas en camiones de carga, en maletas o a través de aduanas corruptas, de acuerdo con el especialista en seguridad, Jaime López Aranda, quien explica que la presión diplomática de los sexenios anteriores y del que encabeza López Obrador, se dirige hacia la vigilancia a posibles vendedores de armas del lado estadounidense, sin embargo, esa estrategia no ha brindado resultados contundentes.

“Lo más efectivo hacia adelante es el fortalecimiento del estado de derecho y de vigilancia tanto en aduanas como en los procesos contra la gente a quienes se les encuentra, portando, usándolas, transportando, aquí en territorio nacional, no creo que los estadounidenses tengan mucho margen ni interés político en este momento”, aseguró.

Violencia y armas hechas a la medida

La exigencia mexicana se enmarca en la violencia que se registra en el país y que ha dejado tan solo entre 2019 y 2020 a más de 34 mil 500 personas asesinadas.

Entre las empresas demandadas se encuentran Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms y Ruger & Co a quienes Marcelo Ebarard acusa de la fabricación de “armas a la medida”, por ejemplo con el desarrollo de modelos Colt calibre .38 con la imagen de Emiliano Zapata, héroe nacional y símbolo de los narcotraficantes.