El ministro de Defensa Nacional de Chile, Alberto Espina, junto a los subsecretarios de Defensa, Cristian de la Maza, y para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, asistieron a la Comisión de Defensa del Senado para exponer sobre el uso de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas.
En la sesión estuvieron presentes los senadores Carlos Bianchi, Pedro Araya, Kenneth Pugh y Víctor Pérez, quienes coincidieron con el ministro Espina en que los gastos reservados son necesarios para las labores de inteligencia, aunque recalcaron que es necesario mejorar los sistemas de control para evitar fraudes.
Cabe contextualizar que existe una propuesta parlamentaria para incluir al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en la fiscalización de los gastos reservados, por lo que Espina recalcó que aunque respeta esta iniciativa es “bien difícil poder comprender esa propuesta desde el punto de vista que significaría que el presidente de la Corte Suprema o el presidente del Senado fiscalicen a los servicios de inteligencia. Yo creo que no es el rol del presidente de la República transformarse en un fiscalizador respecto de los servicios de inteligencia, que otras entidades lo hacen. Pero yo entiendo que lo que busca esa propuesta, más allá que pueda cambiarse, es que existan mecanismos de control”.
Agregó que respecto a cualquier acto de corrupción el Ministerio de Defensa y el Gobierno tendrán tolerancia cero. “Y lo digo responsablemente respecto de cualquier acto de corrupción, nosotros no aceptamos que se produzcan actos de corrupción que afecte la República y por cierto que puedan dañar el prestigio de las Fuerzas Armadas, a las que queremos cuidar, y a mí me resulta incomprensible que autoridades cuya misión era proteger, cuidar a las Fuerzas Armadas, puedan estar involucrados en actos irregulares porque han dañado de manera absolutamente condenable a las Fuerzas Armadas”, recalcó.
Rendición y pisos mínimos
A inicios de enero, en el contexto de la Ley de Presupuestos de la Nación, el Gobierno ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que persigue regular la rendición de cuentas de los gastos reservados que presentan ciertas instancias y reparticiones del área pública. La propuesta actualiza las instituciones que gozarán de este beneficio, regula la información sobre el uso de los gastos reservados que deberá proporcionar cada unidad operativa a cargo de su ejecución y deroga los llamados "pisos mínimos" que las leyes orgánicas respectivas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile establecen.
La iniciativa también establece la obligación de los respectivos ministerios y entidades, de forma reservada, las unidades operativas de los ministerios y entidades que requerirán para su operación el uso de los gastos que en él se señalan. Los jefes de dichas unidades deberán informar a los subsecretarios correspondientes, semestralmente y en forma secreta, de la utilización de recursos autorizados para gastos reservados. Además, serán los mismos jefes de las unidades operativas que ejecuten los gastos reservados, quienes rendirán cuentas al Contralor General de la República. Dicha cuenta será anual, genérica y secreta.
El proyecto deroga las normas contempladas en las Leyes Orgánicas Constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, que establecen los montos mínimos que los presupuestos de la nación deben respetar por concepto de gastos reservados para estas instituciones.
La iniciativa establece que la Ley de Presupuestos del Sector Público fijará anualmente las sumas de los gastos reservados de: la Presidencia de la República; el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Dirección de Fronteras y Límites del Estado; el Ministerio de Defensa Nacional; las Fuerzas Armadas; Carabineros de Chile; la Policía de Investigaciones (PDI); y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Como dio a conocer Infodefensa.com, estas medidas de probidad se suman a las presentadas recientemente por el Ministerio de Defensa, entre las que destacan la creación de un registro único de proveedores.