2024, un año de indefiniciones para Colombia

A diferencia de lo ocurrido durante 2022 y parte de 2023, el presente 2024 ha sido para Colombia un periodo en el que no se han tomado las decisiones necesarias para el fortalecimiento operacional de las Fuerzas Militares y de Policía nacionales.

Hace un año recordábamos los programas que esta administración proyectaba a través de la suscripción de diversos contratos, dirigidos todos a la creación de capacidades mínimas disuasivas.

Fue así como se inició el desarrollo de Procyon (Plataforma Estratégica de Superficie  o las nuevas fragatas ligeras, del tipo Damen-Cotecmar PES 10714) de la Armada Nacional; el Sisdan (adquisición de un sistema de defensa antiaérea del tipo Israel Aerospace Industries Barak MX) para la Fuerza Aeroespacial (FAC);  y  el Fortalecimiento de los Fuegos Terrestres del Ejército (compra de un sistema de artillería autopropulsada, del tipo Elbit Systems Atmos 6x6 y vehículos blindados para el transporte de personal del tipo General Dynamics Land Systems 8x8 LAV III), entre varios otros proyectos firmados  que marcaron un derrotero claro en cuanto a la concreción de una política para la defensa nacional. Sin embargo, algunos quedaron pendientes y se esperaba se concretasen en 2024. Pero no sucedió.

Renovación de la flota de cazas de combate

El mejor ejemplo de esto han sido los altibajos que desde diciembre de 2022 ha presentado el proceso para la renovación de la flota de cazas de combate (reemplazo de la flota IAI Kfir C10/12 COA). El gobierno anunció la próxima selección de un modelo pero —por lo menos en los años 2025 y 2026— las capacidades financieras para adelantarlo son mínimas.

Tampoco podrá concretarse el proyecto para la sustitución de la flota de aeronaves Lift´s (reemplazo de los Cessna A-37B). Esto es un asunto de vital importancia, por la necesidad de contar con una plataforma con las capacidades para neutralizar las trazas de vuelos ilegales que han comenzado a presentarse en el país, por la salida de los A-37B y por el uso de aeronaves de mayores y mejores prestaciones por parte de las organizaciones narcotraficantes.

Por otro lado, el Ejército ha suspendido —dentro de su macro programa Proyección de Armamento— la ejecución del proyecto Hades, mediante el cual se pretendía incorporar vehículos del tipo BAE Systems M2 Bradley por considerar que la operación y el mantenimiento de nuevos sistemas de orugas, así como la consecución de partes, piezas y repuestos, supondrían cargas presupuestarias considerables para la institución, en momentos de contracciones presupuestarias.

En el mismo sentido, han surgido problemas para poder iniciar procesos de mantenimiento mayor y adquisición de repuestos (hoy fuertemente cuestionados) para la flota de los 19 helicópteros del tipo Russian Helicopters Mi-17-1V, Mi-17MD, Mi-17-V5, adscritos a la División de Aviación, Asalto Aéreo (Davaa) del Ejército y necesarios para el despliegue operacional de efectivos y medios logísticos a lo largo y ancho del territorio.

Lo que falta

En la misma línea, no hay pasos concretos para la renovación de la flota de aviones de vigilancia y reconocimiento marítimo para la ARC, indispensables para la lucha contra el narcotráfico. Tampoco para la incorporación de un sistema Vshorad móvil para la Infantería de Marina; ni para la compra de un sistema ATGM del tipo Rafael Spike ER para el Ejército y para la Infantería de Marina, o para la adquisición de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MRLS). 

La renovación de la flota de vehículos tácticos del Ejército con camiones Navistar Defense también quedado en el camino; como el desarrollo del proyecto de un nuevo fusil colombiano, diseñado por Indumil; la compra de los sistemas inhibidores de drones fabricados por Codaltec, así como de más uav Coelum, Qimbaya y los nuevos Coelum VTL desarrollados por la CIAC, sistemas todos precisos según los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la cual Colombia es Socio Preferente.

Sin duda se ha hecho bastante para la consecución de medios de carácter disuasivo, pero —a pesar de las crecientes tensiones políticas y presupuestarias— hace falta mucho más para poder proteger los principales activos económicos nacionales en tiempos de tensiones geopolíticas a nivel mundial.