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Funcionarios brasileños envueltos en la presunta trama de corrupción que implica al grupo Thales
Una megaoperación que movilizó a 65 investigadores y 12 fiscales especializados en delitos financieros cumplimentó órdenes de registro e incautación en las oficinas del fabricante francés de armamento Thales en Francia, Países Bajos y España. La investigación se centra en la corrupción de funcionarios brasileños, aún no identificados, en la adquisición de equipos de Thales.
La investigación se divide en dos fases. La primera, ya conocida, se abrió a finales de 2016, e implica corrupción de un funcionario público extranjero, corrupción privada, formación de bandas y blanqueo de dinero en la venta de submarinos y construcción del astillero y base naval de Itaguaí, en Río de Janeiro.
Durante la visita oficial del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy a Río en 2008, Francia y Brasil firmaron un contrato para la venta de cuatro submarinos de propulsión convencional del tipo Scorpène, por un valor estimado en aquel momento en 5.200 millones de euros. Estos submarinos debían incorporar componentes de Thales. Tres de ellos ya han sido entregados.
La segunda fase de la investigación, que acaba de desvelarse, se abrió en junio de 2023, según fuentes judiciales citadas por el diario francés Le Figaro.
Ya existían denuncias previas sobre el programa brasileño de submarinos conocido como Prosub, cuyas investigaciones ocuparon la actualidad informativa en 2017 y 2018, y las nuevas sospechas recaen sobre el suministro a Brasil de satélites fabricados por Thales en la ciudad de Cannes, Francia.
El presidente Luís Inácio da Silva, durante su segundo mandato (2007/2011) decidió comprar este equipo fabricado por Thales en asociación con la italiana Alenia Space y denominado Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas 1 (SGDC-1).
Entregado oficialmente por Thales Alenia Space a finales de 2016, el satélite fue lanzado con éxito por un cohete francés Ariane en mayo de 2017 y entró oficialmente en funcionamiento en agosto de ese año.
Megaoperación
Los 65 investigadores pertenecen a la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (Oclciff).
Los 12 fiscales son de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), con la colaboración de las autoridades judiciales neerlandesas y españolas y la coordinación de la Agencia de Cooperación Penal de la Unión Europea (Eurojust).
Thales confirmó los registros e incautaciones y afirmó que está cooperando con las autoridades. "Thales cumple estrictamente con la normativa nacional e internacional", dijo la compañía en una nota de respuesta enviada a Infodefensa. "La compañía ha desarrollado e implementado un programa de cumplimiento global que cumple con los más altos estándares de la industria".
